domingo. 24.11.2024
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CCOO denuncia la degradación laboral de las prisiones cántabras y demanda una unidad psiquiátrica penitenciaria

El sindicato señala que hay 74 puestos de trabajo sin cubrir en el penal El Dueso y el centro de inserción social José Hierro

Los representantes sindicales durante la rueda de prensa en Santander.
Los representantes sindicales durante la rueda de prensa en Santander.
CCOO denuncia la degradación laboral de las prisiones cántabras y demanda una unidad psiquiátrica penitenciaria

El sindicato Comisiones Obreras denuncia la degradación laboral de las prisiones cántabras y demanda una unidad psiquiátrica penitenciaria en la Comunidad Autónoma. Así lo anunciaron la secretaria General de CCOO, Silvia Fernández, y el responsable de Salud Laboral de CCOO en Instituciones Penitenciaria Chema López durante la rueda de prensa ofrecida en la sede del sindicato.

El Ministerio del Interior reconoce que tiene 74 puestos de trabajo presupuestados sin cubrir entre la prisión El Dueso y el centro de inserción social José Hierro, y ha amortizado en los últimos meses cuatro plazas más, lo que equivale a un déficit estructural del 20 por ciento, recordaron.

A pesar de los esfuerzos que ha hecho el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, por aprobar ofertas de empleo público anuales, lo cierto es que no se cubren las bajas vegetativas que se producen en prisiones ni reduce el déficit estructural que se arrastra por los años en los que no hubo oferta de empleo público, incidieron los sindicalistas.

A esta situación se le suma el grave problema del envejecimiento de la plantilla. La edad media del personal penitenciario en Cantabria está en los 55 años, lo que acelera la pérdida de efectivos cada año sin que se recupere con una tasa de reposición de empleo público. Próximamente,, avanza CCOO, 35 efectivos más podrán jubilarse, lo que sin duda llevará al colapso del servicio público penitenciario en Cantabria, ya que uno de cada cuatro puestos de trabajo estaría vacante.

El grave problema de las agresiones que sufre el personal penitenciario, el absentismo laboral, el elevado índice de suicidios en prisión o los incidentes regimentales protagonizados por la población reclusa están directamente relacionados con la falta de personal.

Para el sindicato, mejorar las estadísticas de estos problemas solo se puede hacer cubriendo todas las vacantes que hay, eliminando la tasa de reposición de efectivos y convocando una oferta de empleo público extraordinario.

El Ministerio del Interior intenta frenar la descapitalización de los recursos humanos en las prisiones con una política penitenciaria generalista y de propaganda de terceros grados para acelerar el descenso de la población reclusa a nivel nacional, señalaron Silvia Fernández y Chema López.

A su juicio “solo así puede entenderse que estén sin cubrir el 30 por ciento de los puestos de trabajo en el centro de inserción social José Hierro, que es dónde cumplen los terceros grados y que en Cantabria cerca del centenar de presos tengan que cumplir su condena en su domicilio mediante el control telemático de una pulsera”.

Desde el punto de vista de estos sindicalistas, al grave problema de la falta de personal se suma el incremento de las patologías mentales y es que las prisiones se han convertido en los manicomios del siglo XXI. “Un estudio realizado en España por el Ministerio del Interior, Sobre la salud mental en el medio penitenciario, basado en una revisión de diagnósticos psiquiátricos recogidos en las historias clínicas de los internos, indica que la prevalencia de padecer trastorno mental en la población reclusa era del 45,9 por ciento”, señalaron.

Al mismo tiempo, remarcan que sin embargo, el Ministerio del Interior no tiene una política de salud mental y no invierte en recursos sanitarios ni asistenciales.

El Ministerio del Interior está empeñado en abordar el aumento de las patologías psiquiátricas invirtiendo en más ladrillo, reutilizando un macro proyecto de prisión en Siete Aguas, en Valencia, del año 2010 y convertirlo en un macro psiquiátrico penitenciario para concentrar los servicios de psiquiatría de las prisiones españolas.

Para CCOO la solución pasa por integrar la salud mental en los servicios sanitarios de las Comunidades Autónomas.

Además, CCOO, al igual que los Jueces de Vigilancia Penitenciara, exige la urgente creación de unidades psiquiátricas penitenciarias en cada comunidad autónoma, para evitar el desarraigo social, y dotadas con los medios necesarios y personal especializado.

El sindicato rechaza la política contraria a los criterios científicos del tratamiento de la enfermedad mental que promueve el Ministerio, con la creación de un macro psiquiátrico en Valencia gastando 150 millones de euros en empeorar la salud mental de la población reclusa, y que dejará sin recursos de salud mental y sin unidad psiquiátrica a la población reclusa de Cantabria.

CCOO manifiesta que este dinero público debe destinarse a transferir la sanidad penitenciaria a las Comunidades Autónomas, que es más económico, 131,3 millones de euros y que solucionaría la mayoría de los problemas, garantizando que el derecho a la salud de la población reclusa se preste en igualdad de condiciones que la del resto de la población, y equiparando las condiciones labores del personal sanitario de prisiones.

Por último, CCOO denuncia la marginación de las prisiones cántabras, ya que teniendo las mismas cargas de trabajo y riesgos laborales que el resto de centros tipo, su personal cobra hasta 500 euros mensuales menos dentro del mismo Ministerio del Interior.

CCOO reitera que es necesario cumplir los compromisos anunciados en sede parlamentaria dentro de esta legislatura y solucionar el conflicto laboral de prisiones. “El presupuesto de Instituciones Penitenciarias para este año es el más elevado de su historia con un incremento del cinco por ciento, 1,2 millones de euros, y tenemos casi un 30 por ciento menos de población reclusa, lo que genera sobrantes de dinero público, que defendemos se inviertan en el capital humano que sustenta las prisiones, en mejorar sus condiciones laborales y retributivas”, manifestaron.

 

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