El Parlamento apoya adaptar los procesos selectivos de la función pública para las personas con dislexia u otras dificultades de aprendizaje (DEA)

El Parlamento de Cantabria apoya adaptar los procesos selectivos de la función pública para las personas con dislexia u otras dificultades específicas de aprendizaje (DEA).

De esta manera, con los votos del PP, PRC, PSOE y Vox salió adelante la proposición No de Ley del Grupo regionalista para conceder un 50 por ciento de tiempo extra a los opositores, hojas en blanco, auriculares para atender las preguntas, explicaciones claras que huyan de tecnicismos o una letra de mayor tamaño, entre otras.

En su opinión no se deben marcar plazos, pero se debe cumplir la Ley y recordó que el PP presentó una iniciativa en el Congreso de los Diputados en este mismo sentido y la Plataforma Dislexia viene reivindicando avances para lograr la igualdad.

Desde Vox, Leticia Díaz, considera que si hay una ley y se ha incumplido se deben exigir responsabilidades, mientras que por otro lado señaló que se debe contar con un informe profesional para poner en práctica estas medidas.

Para los socialistas, por medio de Ana Belén Álvarez, indicó que la dislexia afecta a un 15 por ciento de la población y que se debe incluir adecuar el lenguaje, mientras que los populares, por medio de Rafael Gándara, quien admitió haber sufrido desde niño la dislexia, remarcó que propuesta regionalista ha copiado la del PP. “Espero que el PSOE de Cantabria dé un impulso a la tramitación del PP en Madrid”, declaró.

En la sesión plenaria también se aprobó, por consenso, realizar un estudio junto a los ayuntamientos sobre la regulación del Juego en Cantabria.

La iniciativa del PSOE conlleva instar al Gobierno regional una campaña de formación contra la ludopatía y los juegos de apuestas, regular las distancias entre los locales y un plan estratégico de sensibilización ante lo que considero la inacción del Gobierno regional ante los acuerdos tomados en la Cámara.

Los populares presentaron una enmienda y su diputado regional, Cándido Manuel Cobo, indicó que este Gobierno sólo ha concedido tres licencias en Camargo, El Astillero y Santander, “mientras que el PRC-PSOE otorgó 21 y sin desarrollar ningún plan ni regular las distancias”.

A su juicio el Ejecutivo regional está activo en el cumplimiento de la legalidad, los protocolos para evitar el acceso a los menores a los locales, la prevención en el ámbito escolar y el desarrollo de campañas publicitarias, entre otras medidas.

El diputado de Vox, Armando Blanco, coincide en la falta de cumplimiento de los acuerdos del Parlamento y puso como ejemplo las becas a los estudiantes de Bachillerato de familias vulnerables, mientras consideró que la regulación de la distancia debe basarse en un estudio.

Para finalizar, los regionalistas recordaron que el PP votó en contra del régimen sancionador de La Ley y destacó un incremento de las mujeres jóvenes en las apuestas.

En otro punto en el orden del día, Vox se ha quedado solo con su PNL en la que pidió al Gobierno de Cantabria impulsar un Plan Nacional del Lobo, con medidas como un censo nacional de la especie o la regulación del sistema estatal de compensaciones, y promover la exclusión del lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) también al sur del Duero, en todo el territorio nacional.

Error

El resto de grupos (PP, PRC y PSOE) han evidenciado el "error" de plantear la iniciativa en clave nacional lo que implica que la resolución de la PNL no se puede desarrollar desde Cantabria porque las medidas no son de competencia autonómica.

El Parlamento de Cantabria, por unanimidad, ha aprobado una moción de Vox para que el Gobierno regional realice un estudio de necesidades sobre la situación de la atención a la dependencia hasta 2040 y a presentar en la Cámara un borrador para un Plan Estratégico Marco de Dependencia 2025-2040.

Tanto el PP, Grupo que sustenta al Gobierno en minoría de María José Sáenz de Buruaga, como el PRC y el PSOE han apoyado la iniciativa de Vox que, en el caso del plan estratégico, establece que sea presentado para su análisis, estudio, debate y aprobación por parte de los grupos parlamentarios antes de finalizar este año.

Desde Vox, el diputado Armando Blanco ha defendido esta moción para "estudiar las necesidades de las próximas décadas" y después impulsar una estrategia de "consenso" y que "perviva más allá" de cambios políticos en el Gobierno regional.

El objetivo último de esta iniciativa es atender a quienes nacieron en la época del 'baby boom' y muchos de los cuales empiezan ya a jubilarse. "Un problema lento pero inexorable", ha indicado el parlamentario de Vox, que ha detallado que ahora el cuatro por ciento de la población cántabra tiene algún grado de dependencia con necesidad de atención (21.575 personas) pero las estimaciones para 2040 apuntan a 32.000 personas, a lo que habrá que sumar que el 31 por ciento de los cántabros tendrá más de 65 años.

"Un incremento del 50 por ciento sobre las cifras actuales ante lo que hay que adoptar medidas consensuadas", ha pedido.

Desde el PP, el diputado Alejandro Liz ha cuestionado que Vox haya presentado esta iniciativa después de las explicaciones de la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río (PP), que el pasado lunes ya anunció de que se estaba preparando un plan con horizonte 2030 tras un estudio de la Universidad de Cantabria (UC).

Liz ha recordado que la titular de Inclusión, de la que dependen las políticas de atención a la dependencia, detalló las fases de ese plan, con una primera ya realizada que es ese estudio de la UC que supone una "foto fija de qué necesidades y qué recursos tenemos" y en base al cual se realizará la planificación estratégica "sin horizonte temporal porque tiene vocación de permanencia". "Ustedes hablan del año 2040, pues perfectamente se ajusta a lo que está haciendo el Gobierno", ha replicado el 'popular'.

Por ello, ha considerado que no era necesaria la moción para pedir al Gobierno lo que "está desarrollando ya", aunque ha indicado que puede que los "tiempos" requeridos en la moción varíen.

Así, ha reiterado que "está todo listo para licitarse esos pliegos y para adjudicar la consultoría de asesoramiento y apoyo técnico para el diseño y elaboración del segundo Plan para la Inclusión Social en Cantabria".

Una vez adjudicado, ha avanzado que la empresa dispondrá de un año para completar las tres fases: una primera de diagnóstico, una segunda para presentar un borrador inicial, seis meses, y la tercera para trasladar el documento final, tres meses.

"En total, un año, doce meses las tres fases. Con lo cual, no es difícil deducir que los tiempos que ustedes pretenden son imposibles. A mí me hubiera gustado negociar con usted vía enmienda el tema de los plazos, pero desgraciadamente no ha sido posible", ha señalado Liz.

Desde el PRC, la diputada Rosa Díaz ha considerado necesario implementar ese plan de actuación con un horizonte de 15 años, algo que reclama el propio sector de la dependencia, ámbito en el que el Gobierno autonómico "no ha hecho ningún esfuerzo" en 2024.

Al hilo, ha citado el 25 dictamen del Observatorio de la Dependencia, que apunta que "Cantabria es una de las regiones que no ha hecho ningún esfuerzo por recuperar las plazas de atención residencial y de centros de día que perdimos durante la pandemia" y que incluso "se han perdido plazas respecto a 2023, en concreto 403".

Los regionalistas también ha lamentado que Cantabria ha reducido plazas en el servicio de atención domiciliaria, concretamente 22, aunque ha señalado que "también fue una de las ocho comunidades autónomas que ha recibido menos financiación del Estado pero precisamente por haber recortado su propio presupuesto".

Mientras que la parlamentaria del PSOE, Norák Cru, ha considerado que ese estudio y el plan estratégico es "muy deseable" ante el horizonte demográfico de Cantabria, con una población que envejecerá en los próximos años y, por tanto, un "previsible aumento" de las necesidades de atención a la dependencia.

En este sentido, ha destacado que Cantabria recibe del Estado el "32,56 por ciento" del gasto certificado en su sistema de dependencia, cuyo último dato es de 169,4 millones de euros. "Cantabria ha prácticamente duplicado la cantidad recibida por el Gobierno central en cinco años", ha dicho.

Frente a ello, el diputado del PP, que ha intervenido con posterioridad a la socialista, ha asegurado que en 2024 "no ha llegado al 25 por ciento la financiación del Gobierno central" y ha recordado que, por ley, el Estado debe aportar el 50 por ciento. Al respecto, ha exigido al PSOE cántabro que reclame al Gobierno nacional que cumpla con la Ley.

En otro punto en el orden del día, Vox se ha quedado solo con su PNL en la que pidió al Gobierno de Cantabria impulsar un Plan Nacional del Lobo, con medidas como un censo nacional de la especie o la regulación del sistema estatal de compensaciones, y promover la exclusión del lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) también al sur del Duero, en todo el territorio nacional.

El resto de Grupos, PP, PRC y PSOE, han evidenciado el "error" de plantear la iniciativa en clave nacional lo que implica que la resolución de la PNL no se puede desarrollar desde Cantabria porque las medidas no son de competencia autonómica.