El PP reclama reconocer como agentes de la autoridad al personal de prisiones

El diputado nacional del PP y miembro de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, Félix de las Cuevas, ha reclamado a la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol (PSOE), que deje de "bloquear" la tramitación de la Proposición de Ley del Grupo Popular para reconocer como agentes de la autoridad a los empleados públicos penitenciarios en el ejercicio de sus funciones.

Tras reunirse con el representante de CSIF Prisiones en Cantabria, Pablo Ignacio Crespo, a quien ha trasladado el apoyo del PP a sus reivindicaciones ante el riesgo real al que se enfrentan por conductas violentas por parte de la población reclusa, el diputado cántabro ha explicado que el PP registró hace un año una proposición de ley para que se considere agente de la autoridad a los funcionarios de los cuerpos penitenciarios y que ha extendido con una enmienda al personal laboral y eventual.

De las Cuevas ha denunciado que esta iniciativa del PP permanece en "el congelador de Armengol" mediante la artimaña de ir prorrogando el plazo de la presentación de enmiendas, hasta en nueve ocasiones, en un ejercicio de deslealtad institucional y constitucional sin precedentes y por razones exclusivamente políticas.

"Más de 15 iniciativas de Grupo Popular aprobadas en el Senado, entre ellas la Ley Antiocupas, permanecen bloqueadas mediante esta argucia parlamentaria semana tras semana por la Mesa del Congreso, confirmando la intención de Pedro Sánchez (PSOE) de resistir en el Gobierno incluso de espaldas al Legislativo", ha dicho. 

“Una vez más, asistimos a un episodio en el que la actividad legislativa se ve condicionada por la debilidad del Gobierno de Pedro Sánchez y por los socios de ultraizquierda que lo mantienen” ha dicho.

De las Cuevas advirtió de que si Bildu todavía no ha condenado la violencia terrorista que ETA ejercía, entre otros, sobre los cuerpos penitenciarios, difícilmente autorizará que sean considerados agentes de autoridad, declaró.

Desde el PP recuerdan que el sistema penitenciario español se encuentra en un estado cada vez más deficiente, marcado por el incremento de agresiones a los trabajadores de prisiones, la mala praxis en la clasificación de los internos y una alarmante falta de personal sanitario. Un escenario al que hay que añadir que la ausencia de medios de seguridad modernos, compromete la seguridad de los empleados públicos penitenciarios, evidenciando una insuficiente gestión por parte del Gobierno del PSOE.

Agresiones

En este sentido, ha recordado que las cárceles españolas siguen en cifras récord de agresiones a funcionarios y han aumentado casi un 19 por ciento desde el año 2020, con 504 el último año o, lo que es lo mismo, una agresión cada 17 horas. Y a modo de ejemplo, De las Cuevas, ha recordado el asesinato de una trabajadora penitenciaria en el centro penitenciario de Tarragona.

El objetivo de este reconocimiento de los empleados públicos penitenciarios es reducir estas situaciones y que sirva como instrumento de protección y compensación económica de los perjuicios que pudieran sufrir en el desempeño de sus funciones o como consecuencia de las mismas. Y ha recordado que, "la autoridad no solo es una cuestión de justicia, sino también de seguridad jurídica".

Ante esta situación, el PSOE no puede excluir de la consideración de agentes de la autoridad a ningún trabajador de prisiones: una situación que en Cantabria afectaría a 220 funcionarios y 28 efectivos de personal laboral, tanto en El Dueso como en el Centro de Inserción Social de Candina.

Por su parte, Pablo Ignacio Crespo ha lamentado que "este tema lleve aparcado más de un año en un cajón", y ha asegurado no entender que todavía el personal de prisiones no haya sido reconocido como agentes de la autoridad cuando lo son otros profesionales como los médicos, maestros o conductores de autobús.

Y ha puesto como ejemplo que si tiene una agresión un médico, el agresor puede enfrentarse a consecuencia penales, mientras que si la tiene un funcionario de vigilancia, el agresor se enfrentará a consecuencias administrativas.