Desarrollo Rural garantiza a los ayuntamientos y profesionales agrarios el cumplimiento del Plan de Gestión del Lobo

El consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo Blanco (PRC), ha garantizado a los ayuntamientos y a los profesionales agrarios el cumplimiento del Plan de Gestión del Lobo. Así lo ha anunciado mantenido durante el encuentro mantenido con más de medio centenar de alcaldes de municipios situados en zonas en las que conviven con poblaciones de lobo, así como con representantes de las organizaciones profesionales agrarias de la región.

El objetivo de la reunión fue informarles de los cambios que supondrá para la gestión de esta especie en Cantabria su inclusión en el Listado de Especies de Protección Especial (Lespre).

Tras explicarles el proceso que ha llevado a dotar al lobo de una especial protección por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miterd) y los distintos recursos judiciales que el Gobierno de Cantabria ha presentado para “anular” esta decisión ministerial, el consejero ha asegurado que su departamento va a seguir aplicando la norma vigente bajo la premisa de cumplir la integridad del Plan de Gestión del Lobo en Cantabria en todas sus medidas, estando obligados a cumplir las condiciones a las que obliga la Orden del Ministerio en cuanto a la realización de controles de ejemplares.

En este sentido, ha subrayado la importancia de que el Gobierno de Cantabria y las entidades locales mantengan y refuercen la unidad de acción, para lo cual “es muy importante” que los procedimientos para autorizar los controles de ejemplares se inicien a petición de los propios ayuntamientos, como ya venía ocurriendo hasta ahora, pero teniendo en cuenta las nuevas exigencias que recoge la orden aprobada por el Ministerio porque, ha subrayado Blanco, “estamos obligados a cumplirla mientras esté en vigor”.

Blanco les ha recordado que la nueva orden ministerial indica que las autorizaciones de control deben justificarse por la existencia de perjuicios importantes para el ganado en las explotaciones afectadas, atendiendo a posibles daños recurrentes o significativos.

Por ello, ha considerado “clave” la colaboración de los ayuntamientos a la hora de hacer llegar a la Consejería de Medio Ambiente las solicitudes para realizar controles, de forma que incorporen con el mayor detalle posible la información que requiere la orden, de forma que se refuercen documentalmente las resoluciones de autorización.

Así, la reunión ha servido para informar a los representantes municipales del contenido mínimo que han tener dichas solicitudes y el consejero les ha instado a presentar sus instancias en cuanto se produzcan daños, teniendo en cuenta las condiciones de perjuicios importantes y daños recurrentes o significativos que el MITERD ha impuesto.

De igual manera, ha pedido a los representantes municipales que trasladen a los ganaderos afectados de sus municipios que proporcionen datos relacionados con los daños del lobo a su respectivo ayuntamiento, además de seguir avisando a la guardería de la Consejería de Medio Ambiente para que se tramite el correspondiente expediente para el pago de los daños.

Blanco ha insistido que la petición de controles por parte de los ayuntamientos es complementaria del trabajo del personal de la Consejería, y que los ganaderos afectados por daños “tienen que seguir avisando a los Agentes del Medio Natural para tramitar las solicitudes de indemnización”, y que los técnicos de la Consejería se encargarán de completar los expedientes de autorización, incorporando las peticiones de los ayuntamientos y el resto de informes que se recaben en cada caso.

Tal y como ha explicado, “es fundamental que las autorizaciones vayan respaldadas con datos sólidos y ajustados al máximo a las condiciones de la orden, a sabiendas que van a ser recurridas ante los tribunales por las mismas asociaciones que iniciaron el proceso de inclusión del lobo en el Lespre que ha culminado con la decisión del Ministerio”.

 Aplicando el Plan

“Vamos a seguir aplicando todas las medidas contempladas en el Plan de Gestión del Lobo en Cantabria”, ha insistido Blanco, quien ha asegurado que la Consejería va a cumplir de manera íntegra el Plan de Gestión del Lobo en Cantabria, vigente desde 2019, adecuando el protocolo de control de ejemplares al que ha impuesto el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico mientras la Orden Ministerial que lo recoge siga vigente.

“El objetivo del Plan de Gestión del Lobo en Cantabria es asegurar la coexistencia con la ganadería extensiva y que el control de ejemplares es solo una de las herramientas para lograr ese objetivo”, ha subrayado Blanco, quien ha recordado que el Plan contempla otras herramientas fundamentales, como el pago de los daños producidos en toda la región, las ayudas para adopción de medidas preventivas, el pago por servicios ambientales en las zonas con presencia permanente del lobo y el seguimiento de la especie.

El Gobierno de Cantabria, conjuntamente con los de Asturias, Galicia y Castilla y León, "continuará su trabajo ante los tribunales para conseguir la derogación de la orden ministerial, pero mientras esté vigente desarrollará los controles de ejemplares que sean precisos ajustándose al protocolo impuesto por el Ministerio, sin dejarse amedrentar por las advertencias de esas mismas asociaciones de recurrir judicialmente cualquier autorización de control que se apruebe".

En la reunión también han estado presentes, entre otros, el director General de Biodiversidad, Medioambiente y Cambio Climático, Antonio Lucio, y representantes de la Federación de Municipios de Cantabria, y de las organizaciones profesionales agrarias (UGAM-COAG, UPA, Asaja y Aigas), que han coincidido en agradecer a Blanco que haya tenido en cuenta, tanto a los municipios como a los profesionales agrarios, porque “somos los que sufrimos este problema en primera persona”.

Todos ellos consideran que los controles de ejemplares, si se efectúan de forma rápida y eficaz, representan un instrumento fundamental para mitigar el conflicto social y económico, como había demostrado la aplicación del Plan de Gestión de Cantabria, y han reiterado su oposición a la Orden aprobada por el Ministerio.