Los Grupos parlamentarios del PP y Vox aprobaron hoy la Ley de Simplificación Administrativa de Cantabria

Los Grupos parlamentarios del PP y Vox aprobaron hoy la Ley de Simplificación Administrativa de Cantabria que establece por primera vez el deber general de simplificar, de eliminar burocracia y trámites innecesarios para poner fin a los procedimientos eternos. El objetivo es hacer la vida más fácil a ciudadanos y las empresas, así como facilitar el desarrollo socioeconómico.

“Esta Ley es el revulsivo que nuestra comunidad autónoma no solo necesita, sino que estaba clamando”, ha señalado la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia (PP) en su intervención en la Cámara.

Según ha asegurado la consejera, Cantabria ha sido de las últimas Comunidades en tener una norma propia en este ámbito, si bien ahora “contamos con la mejor Ley” del país y en “un tiempo récord”.

“Más inversión, más proyectos, más empleo, más agilidad, más rapidez, más eficiencia, más crecimiento, más desarrollo”, ha detallado Urrutia sobre los avances que supondrá.

Entre ellos, la nueva norma establece el deber general de simplificación, lo que lleva aparejado la reducción de trámites y cargas, la reducción de los plazos de resolución y la eliminación de la exigencia de aportación de documentación.

Además, se generaliza el silencio positivo, excepto si una Ley nacional o de derecho europeo lo determina desestimatorio, y se establece la obligación en todos los procedimientos de la utilización de las declaraciones responsables o comunicaciones, siendo solo residual la licencia o autorización cuando lo diga otra norma de rango superior.

La nueva Ley reduce los plazos de los procedimientos: como regla general, resolverá en tres meses, y se establece la gestión coordinada de los mismos, a través de un marco de trabajo instrumental, organizativo y temporal para el ejercicio de las competencias.

Además, el plazo de emisión de informes y dictámenes es de 10 días y, en el caso de no ser vinculante, se podrá seguir con la tramitación del procedimiento, incluida su resolución. El Gobierno cántabro también eliminará la duplicidad de los controles innecesarios y la solicitud conjunta de los informes, no condicionando uno a otro, y habrá modelos normalizados de utilización obligatoria y se elaborarán guías y protocolos de cada procedimiento.

Proyectos estratégicos

La nueva Ley regula la unidad de mercado, como libre acceso a la actividad económica en las mismas condiciones que en todo el territorio nacional, y crea un marco de tramitación preferente para fomentar la actividad productiva y el empleo mediante la declaración de inversiones empresariales de carácter estratégico, tanto respecto a proyectos de promoción pública como privada.

Con ello, se reducirán plazos y se accederá de forma preferente a incentivos a la inversión o líneas de financiación, entre otros beneficios, en atención a su contribución a la reactivación económica. La unidad aceleradora de proyectos, adscrita a la Presidencia del Gobierno, llevará la gestión de estas iniciativas.

En este punto, la consejera ha destacado que la Administración regional tendrá ahora un papel “facilitador” de proyectos, de desarrollo económico y de inversión en nuestra tierra, y ha detallado que un ciudadano, empresario o inversor podrá iniciar su actividad “al día siguiente” de presentar la declaración responsable con la que “tiene que cumplir con todos los requisitos”.

Con el fin de ofrecer las oportunas garantías, la Ley regula las entidades colaboradoras de certificación, acreditación y registro para agilizar los trámites que se deben presentar ante la administración pública, y establece un régimen sancionador para dotar de mayor seguridad jurídica a las declaraciones responsables y comunicaciones.

Por otro lado, se introducen mejoras normativas para eliminar trámites innecesarios y agilizar los tiempos de respuesta relacionados, por ejemplo, con los procedimientos de los planes de autoprotección de protección civil, en materia de autorizaciones de aguas, cotos de caza o en salud, para el reconocimiento de la condición de autoridad del personal sanitario.

Igualmente, se eliminan trámites en la organización campamentos y actividades para jóvenes, para la obtención del carné joven o en el proceso de reconocimiento de la condición de familia monoparental.

En materia de servicios sociales, se reducen los tiempos de espera con el reconocimiento de la discapacidad, otorgando de forma automática por grado de dependencia un grado de discapacidad: en grado I, un 33 por ciento; grado II, un 66 por ciento de discapacidad, y en grado III, el 80 por ciento de discapacidad, eliminando el doble trámite.

En especial, Urrutia ha destacado el impulso a la construcción de vivienda libre y protegida para hacer frente al “grave” problema que existe en el país. Así, se introduce la posibilidad de favorecer por medio de Proyectos Singulares de Interés Regional (PSIR) la construcción de grandes equipamientos que lleven aparejados la construcción de más vivienda libre y protegida o incluso un gran equipamiento público de interés regional, como un instituto o un hospital.

“Se trata de abrir la puerta a la colaboración público-privada para poner más vivienda en el mercado, más barata y multiplicar la inversión regional, ¿dónde está el problema?”, se ha preguntado la consejera, tras lo que ha asegurado que este cambio normativo es “puro interés público” y “lo vamos a seguir defendiendo”.

La norma recoge la aprobación de un Plan de Simplificación en seis meses, la revisión de los silencios y los plazos de resolución, la creación de un grupo de trabajo en la materia, la emisión de informes anuales de evaluación de los cumplimientos, junto a reconocimientos específicos para las entidades y departamentos que más simplifiquen. “Es un gran reto, un gran trabajo al que nos enfrentamos”, ha concluido.

La norma será de aplicación a la Administración autonómica como a su sector público institucional y también en la administración local de Cantabria.

En contraposición, desde el PRC y el PSOE sostienen que se trata de una "mala" Ley, que, a su juicio es "de desregulación, no de simplificación", y abre la puerta a la "especulación urbanística".

Vox

El Grupo parlamentario Vox ha introducido cuarenta enmiendas clave a la Ley de Simplificación, logrando que la norma incluya medidas aplicables, plazos de cumplimiento, control de su ejecución y auditoría de resultados, mientras el PRC se ha comportado como "el perro del hortelano: ni come, ni deja comer".

La totalidad de enmiendas presentadas por Vox han sido aceptadas, cuarenta, tres de ellas transaccionadas con el PRC, logrando que una ley difusa en su aplicación se convierta en una norma práctica, efectiva y útil para los cántabros y las empresas, facilitando la atracción de talento e inversión.

Gracias a Vox, ha mejorado de forma notable la Ley, subrayaron, de tal forma que se establecen tres meses para poner en práctica los procedimientos de los silencios administrativos; seis meses para la aprobación de un Plan de Simplificación con medidas detalladas y asignación económica, y un año para la implementación de la plataforma de gobernanza de datos para la relación de administrados y empresas con la Administración

Mientras Cantabria avanza hacia una Administración más ágil, el PRC se ha quedado anclado en el pasado, comportándose como "el perro del hortelano". Tras ocho años en el Gobierno, donde no movieron un lápiz para aprobar una Ley de Simplificación, ahora, desde la oposición, se dedica a poner palos en las ruedas de su tramitación, aseguran.

En lugar de aportar soluciones, el PRC ha recurrido a bulos y descalificaciones, hablando de "pelotazo urbanístico" o "vender Cantabria a trozos", sin haber presentado alternativas reales. Su única preocupación es intentar figurar como "el gran timonel" de una ley en la que ha buscado más su rédito político que dar respuesta a las necesidades de los cántabros.

"A diferencia del regionalismo despechado, en Vox no buscamos medallas ni titulares fáciles. Queremos una Ley de Simplificación que funcione, que transforme Cantabria en un imán para la inversión y el empleo, y que facilite la vida a los cántabros y a sus empresas", ha concluido la portavoz Leticia Díaz.

Aborto

En otro punto en el orden del día, los populares, Vox y el diputado no adscrito, Cristóbal Palacio, desestimaron una Proposición No de Ley conjunta de PRC y PSOE consistente en garantizar que la interrupción voluntaria del embarazo sea una prestación sanitaria que se realice en su totalidad en el Servicio Cántabro de Salud (SCS) para que las mujeres no tengan que desplazarse a Madrid y Valladolid, donde están los dos centros concertados con la región.

Los 'populares' han alegado que en Cantabria el porcentaje de interrupciones voluntarias del embarazo practicadas por el sistema de salud se sitúa con un 89 por ciento frente al 18,5 por ciento por ciento de la media nacional, cifra que en 2024 se elevó hasta el 93 por ciento ya que, de los 901 abortos realizados en Cantabria el pasado año, 836 se hicieron en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla o en el Centro de Salud Sexual y Reproductiva La Cajiga, y sólo un 6,8 por ciento por ciento tuvieron que desplazarse a otras Comunidades.

Regionalistas y socialistas pedían un programa especial de atención a las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) por el procedimiento quirúrgico, indicado entre la semana nueve y la 14 de gestación; así como que los abortos farmacológicos, que se practican en el domicilio cuando el tiempo de embarazo es inferior, pudieran realizarse en centros hospitalarios en el caso de mujeres pertenecientes a colectivos vulnerables, con el fin de "preservar su seguridad y su salud".

Además, reclamaban campañas de información y sensibilización sobre los derechos reproductivos de las mujeres y la disponibilidad de servicios de IVE.

El Parlamento de Cantabria ha dado luz verde en su sesión de esta tarde con los votos a favor de PP y Vox a una Proposición No de Ley (PNL) que insta al Gobierno autonómico a promover la firma de acuerdos para la reintegración de menores no acompañados con sus familias.

La iniciativa, presentada por Vox y que ha tenido en contra los votos de PSOE y la abstención del PRC

En la sesión también se ha aprobado con los votos de Vox, PP y PRC, en contra del PSOE y la abstención del diputado no adscrito, Cristóbal Palacio, una moción que insta al Gobierno de Cantabria a que en el plazo de seis meses desarrolle medidas que complementen y refuercen las acciones iniciadas por el Ejecutivo para revertir el absentismo laboral.

En la defensa de la moción, presentada por Vox, Natividad Pérez ha destacado que el absentismo laboral es "uno de los problemas económicos y sociales que enfrentamos en nuestra región", y ha detallado que desde 2019 ha aumentado más de un 60 por ciento, situando a Cantabria como la cuarta comunidad autónoma con mayor tasa de España y un coste estimado para las empresas superior a los 650 millones de euros, el 5,08 del Producto Interior Bruto (PIB) regional.

Ante esta situación, ha propuesto una serie de medidas "que no son un capricho" y que están "basadas" en datos. Entre ellas, que el Gobierno finalice la tramitación del convenio con las mutuas para agilizar las pruebas diagnósticas; incorporar nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial o la Big Data para gestionar de manera más eficiente las bajas y reducir las cargas administrativas, desarrollar un programa piloto específico para jóvenes trabajadores o reforzar las unidades especializadas en patologías con alta incidencia en incapacidad temporal, especialmente las relacionadas con trastornos musculosqueléticos y salud mental.

Por el PSOE, Ana Belén Álvarez ha contestado a Pérez que "enfermedad no es absentismo" y ha reprochado a Vox que en su iniciativa lo que propone es "el control de las bajas médicas", así como que no hable de aquello que "quiebra la salud de los trabajadores".

Mientras Javier López Marcano, del PRC, ha recordado que el Parlamento ya aprobó otra iniciativa en este sentido y "todavía no se ha hecho nada".

A pesar de su voto a favor, los 'populares' han querido dejar claro que no comparten varios aspectos de esta propuesta como ha explicado su portavoz, Juan José Alonso, que ha reprochado a Vox que "ni las listas de espera ni las faltas de médicos son los causantes del elevado porcentaje del absentismo laboral en Cantabria".

Para finalizar, la Cámara ha rechazado una PNL presentada por el PRC que instaba al Gobierno a negociar un complemento salarial que armonizara las retribuciones del profesorado técnico de Formación Profesional y profesores especialistas en sectores singulares de la Formación Profesional, un colectivo de 55 docentes.