El juicio contra el acusado de, presuntamente, agredir sexualmente a su sobrina de tres años de edad será el jueves
El mismo día se juzgará al posible ladrón, en dos ocasiones, en una sucursal bancaria de Santander con una pistola y oculto tras una mascarilla
El juicio contra el acusado de, presuntamente, agredir sexualmente a su sobrina de tres años de edad será el jueves, día 19 de octubre, a las 10.00 horas, en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria.
Según el escrito del Ministerio Fiscal, el acusado aprovechó cuando la niña acudía a la vivienda de su bisabuela, en la que él también vivía, para, “con ánimo libidinoso” bajarle la braguita y ponerle su pene sobre su vagina.
La Fiscalía señaló que estos hechos se produjeron “en varias ocasiones, siempre en el gallinero o en el garaje del tractor”.
A su juicio, el acusado es autor de un delito continuado de abuso sexual, merecedor de cinco años y medio de prisión, seis años de prohibición de comunicación y alejamiento de la menor, cinco años de libertad vigilada y once años de inhabilitación para oficio que conlleve contacto regular con menores.
La acusación particular, que ejerce la madre de la menor, califica los hechos como agresión sexual y pide cuatro años de prisión, así como alejamiento y prohibición de comunicación con la niña por el mismo periodo.
Pistola
Además, a las 13.15 horas, tendrá lugar el juicio contra el acusado de robar, posiblemente, en dos ocasiones en una sucursal bancaria de Santander con una pistola y oculto tras una mascarilla.
Según el escrito de calificación del fiscal, con el que la defensa se ha mostrado conforme, el acusado actuó de este modo en mayo y junio de 2022 en sendas oficinas de Kutxabank de Santander.
En ambas ocasiones se colocó una mascarilla con la pretensión de no ser identificado y esgrimió una pistola que resulto ser de juguete, pero que “pretendía aparentar como verdadera”, exigiendo la entrega de dinero. En ambos casos, el acusado dispuso de 600 euros.
La Fiscalía explicó que el acusado padece una psicosis por consumo de estupefacientes que precisa tratamiento psiquiátrico permanente y disminuye sus capacidades volitiva y cognitiva.
La pena solicitada por el Ministerio Fiscal para dos delitos de robo con intimidación en establecimiento abierto al público asciende a seis años de prisión. Además, pide que sea condenado al pago de una indemnización a la entidad bancaria de 1.200 euros.
