viernes. 22.11.2024
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El juicio contra el acusado de, presuntamente, cometer un delito contra la libertad sexual de una menor, de 17 años, será mañana

Según el escrito del Ministerio Fiscal contacto por Instagram y tras intercambiar conversaciones quedaron para conocerse

Juzgados de Santander. R.A.
Juzgados de Santander. R.A.
El juicio contra el acusado de, presuntamente, cometer un delito contra la libertad sexual de una menor, de 17 años, será mañana

El juicio contra el acusado de, presuntamente, cometer un delito contra la libertad sexual de una menor, de 17 años, será mañana, martes, día 12 de septiembre, a las 9.30 horas, en la Sección primera de la Audiencia Provincial.

Según el escrito del Ministerio Fiscal contacto por Instagram y tras intercambiar conversaciones quedaron para conocerse

El acusado la llevó a un local abandonado, donde le instó a que le hiciera una felación, le quitó la ropa y la penetró anal y vaginalmente, pese a que la chica “pidió al acusado que parara repetidamente, dado que le hacía daño”.

La menor, que estaba tutelada por la Administración, presentó una situación de vulnerabilidad, según explica el escrito presentado por el Gobierno de Cantabria, que ejerce la acusación particular.

Así, “su condición sumisa, su virginidad y su falta adecuada de formación sexual en el momento de los hechos, así como sus carencias afectivas, la convirtieron en la víctima perfecta”, añade.

Señala además el escrito del Servicio Jurídico del Gobierno de Cantabria que el acusado “ha sido denunciado en distintos momentos por otras dos menores, que también se encontraban bajo la guarda o tutela de la administración, por agresiones de la misma naturaleza”.

Y concluye que “el modo de proceder es similar en todos los relatos: primero entabla una relación con las víctimas, todas ellas vulnerables por su edad y circunstancias sociales y afectivas, lo que le facilita el acceso carnal a las menores, prescindiendo de su falta de consentimiento y de sus súplicas para que pare”.

Para la Fiscalía, los hechos constituyen un delito de abuso sexual con acceso vía anal y vaginal, merecedor de cinco años de prisión, seis años de alejamiento y prohibición de comunicación con la joven, y 10 años de inhabilitación para trabajar con menores.

El Gobierno de Cantabria, por su parte, considera que los hechos constituyen un delito continuado de agresión sexual, “no solo por la violencia ejercida sobre la víctima, una persona especialmente vulnerable”, sino también “por sus súplicas para intentar parar la agresión”.

Además, considera la acusación particular que “concurre como agravante la situación de inferioridad de la víctima, por su minoría de edad y por la especial vulnerabilidad derivada de su guarda, conociendo el acusado esa dependencia administrativa y habiendo abusado de su superioridad física y anímica”.

Así, la petición de condena por el delito continuado de agresión sexual que realiza la Administración asciende a 13 años y cinco meses de cárcel, además de seis años de alejamiento y prohibición de comunicación con la joven, y diez de inhabilitación para actividad que conlleve contacto con menores.

En concepto de responsabilidad civil, el Gobierno regional reclama una indemnización para la joven de 6.000 euros.

Juicio

Además, el miércoles, día 13 de septiembre, a las 9.30 horas, tres acusados de formar un grupo criminal para la distribución y venta de cocaína en la zona de Laredo.

Según el escrito de la fiscalía, uno de los acusados, con antecedentes penales por tráfico de drogas, suministraba cocaína a los dos anteriores. En su vivienda se encontraron 8.150 euros procedentes del tráfico de estupefacientes.

El segundo de los acusados, a quien suministraba de droga el anterior, fue seguido en varias ocasiones por la Guardia Civil, cuyos agentes detectaron entregas a terceros. En la entrada y registro en el domicilio de este acusado se encontraron 5.400 euros procedentes del tráfico de estupefacientes, así como 223 gramos de cocaína, valorada en 20.682 euros, que guardaba en una maleta.

Finalmente, el tercero de los acusados también fue visto por agentes de la Guardia Civil realizando entregas a consumidores. En su vivienda se hallaron 9.315 euros procedentes del tráfico de droga y 52 gramos de hachís.

A juicio de la Fiscalía, estos hechos constituyen un delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño y otro de pertenencia a grupo criminal.

La petición de pena que realiza el Ministerio Fiscal para el primero de los acusados, en el que concurre la circunstancia agravante reincidencia, asciende a ocho años de prisión.

Para el segundo, el Ministerio Público solicita cinco años de prisión y multa de 21.000 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de un día por cada 2.000 euros impagados.

Por último, para el tercero de los acusados la pena que se pide asciende a cinco años de cárcel y 300 euros de multa.

Está previsto que este juicio continúe el jueves, 14 de septiembre, a las 9.30 horas.