Juicio por desviar, presuntamente, cerca de 35.000 euros para fines particulares de una empresa
El acusado tuvo el 49 por ciento de las participaciones sociales al caer enfermo el administrador único
Juicio por desviar, presuntamente, cerca de 35.000 euros para fines particulares de una empresa tendrá lugar mañana, miércoles, día 1 de febrero, en la Audiencia Provincial de Cantabria.
Según el escrito de la Fiscalía, el acusado asumió poderes para administrar la empresa, de la que tuvo el 49 por ciento de las participaciones sociales, al caer enfermo su socio, que era el administrador único y propietario del 51 por ciento restante.
Al asumir esta función, que desempeñó durante un periodo de nueve meses, el acusado realizó “diversas operaciones en beneficio propio, unas, y en perjuicio de la sociedad que gestionaba, todas”.
Así, según el Ministerio Público, retiró 59.500 euros de la caja de la empresa, de los que solo justificó 24.700 euros, no así los restantes 34.800.
El acusado realizó desde dos cuentas de la empresa un total de nueve transferencias bancarias para fines particulares y utilizó su tarjeta de crédito de empresa y la tarjeta de crédito de su socio para distintos pagos personales.
Asimismo, el Ministerio Fiscal explica que, tras aprovechar sus poderes de administración, adquirió para la empresa el estocaje de un negocio particular que tenía, “a pesar de que no era necesario”, y en otros casos “a un precio superior que el que obtenían del proveedor habitual de los productos”.
Por otro lado, abusando de sus funciones y aprovechando que era comercial de una tercera empresa, adquirió varios productos para la mercantil que administraba, “a pesar de no ser necesarios, con el consiguiente perjuicio”, y con el fin de “favorecer su particular relación comercial” con esa tercera compañía.
Junto a todo ello, contrató servicios de marketing y publicidad para su negocio particular cuyos gastos cargó a la empresa de la que era copartícipe.
Finalmente, la empresa tenía una deuda con otra mercantil por un importe de 8.600 euros y tras la reclamación, el acusado envió una justificación bancaria de una transferencia, por importe de 2.900 euros, “supuestamente realizada para pagar parcialmente la citada deuda”.
Transferencia
“Sin embargo, tal transferencia no había sido realizada, siendo así que la certificación remitida había sido elaborada, muy probablemente, por el propio acusado simulando la transferencia”, añade la Fiscalía.
A su juicio, los hechos constituyen un delito continuado de apropiación indebida y otro de administración desleal, merecedores de una pena de dos años y medio de prisión y de una indemnización de 34.800 euros a la empresa por el dinero sustraído.
Por su parte, la acusación particular, que ejerce la empresa que administró el acusado, califica los hechos como un delito continuado de administración desleal y otro de falsedad de documento mercantil, merecedores de seis años de prisión y 6.480 euros de multa.
En concepto de responsabilidad civil, solicita una indemnización de 72.000 euros, suma de las cantidades sustraídas, 62.800 euros, y las que se corresponden a los actos de administración desleal, otros 9.100.
