Los juicios por presuntas agresiones sexuales continúan en Cantabria
La Audiencia Provincial verá tres casos esta semana, uno de ellos donde el acusado, posiblemente, abuso de su hija cuando tenía entre nueve y 14 años
Los juicios por presuntas agresiones sexuales continúan en Cantabria. La Audiencia Provincial verá tres casos esta semana, uno de ellos donde el acusado, posiblemente, abuso de su hija cuando tenía entre nueve y 14 años. Será el miércoles, día 6 de marzo, a las 10.00 horas.
Según la Fiscalía, el acusado “le obligó inicialmente a soportar tocamientos en sus órganos genitales, con introducción de sus dedos”.
Más adelante, “cuando contó con 13 años la penetró vaginalmente, para concluir al año siguiente con penetración anal”.
Añade que en todos los casos “le prohibió que manifestara lo ocurrido”. La joven lo denunció años más tarde, “cuando logró exponerlo a sus amistades y a su actual pareja”.
La Fiscalía entiende que los hechos constituyen tres delitos de agresión sexual sobre menor de 16 años, merecedores de 36 años de prisión, 12 por cada delito, libertad vigilada durante diez años, inhabilitación para actividad que conlleve contacto con menores durante cinco y 30.000 euros de indemnización.
La acusación particular, que ejerce la víctima, ya mayor de edad, pide 18 años y nueve meses de prisión por un delito continuado de agresión sexual, así como la prohibición de acercarse y comunicar con ella durante veinte años, libertad vigilada de diez e inhabilitación para profesión que suponga contacto con menores durante otros 10.
La indemnización solicitada es la misma que la pedida por la Fiscalía: 30.000 euros por los daños morales causados, dada la gravedad de los hechos y el resultado lesivo, ya que después de quince años desde que se produjeron los hechos, la víctima aún presenta secuelas.
Jueves
En el caso del acusado de agredir, presuntamente, a su expareja, el juicio comenzará el jueves, día 7 de marzo, a las 10.00 horas
Según el escrito del Ministerio Público, el acusado se presentó en la vivienda de su expareja e inició una discusión que acabó con un forcejeo, en el transcurso del cual, “con ánimo de menoscabar su integridad física, le propinó varios golpes” y la agarró por la cintura, la levantó de suelo y “le puso medio cuerpo fuera de la ventana”.
Posteriormente, le recriminó a la mujer que hablara con otra persona, comenzando un nuevo forcejeo, en el que la tiró sobre la cama, le exigió mantener relaciones sexuales y, “pese a su negativa y la resistencia opuesta, la penetró vaginalmente”.
Dos días después, el acusado llamó a la madre de la mujer y, “con ánimo de infundirla un serio temor”, le manifestó “que no se extrañase si se encontraba tirada a su hija en una cuneta”.
Los hechos descritos son considerados por la fiscalía como tres delitos de violencia de género, dos de amenazas leves y otro de maltrato de obra, así como un delito de agresión sexual, todos ellos merecedores de una pena de catorce años y nueve meses de prisión, así como 23 años de alejamiento y prohibición de comunicar con ella, diez años de libertad vigilada y otros 10 años de inhabilitación para profesión que conlleve contacto con menores.
Ese mismo día, a las 11.00 horas, tendrá lugar el juicio contra el acusado de abusar sexualmente de otro hombre que se encontraba inconsciente a causa de su estado de embriaguez.
La Fiscalía relata en su escrito que el acusado se encontró con un hombre, que volvía de fiesta, y le convenció para que le acompañase a su casa, a lo que accedió “dado que tenía sus facultades muy disminuidas por el excesivo consumo de bebidas alcohólicas”.
Una vez en el domicilio del acusado, este “aprovechando que el otro hombre perdió la consciencia” debido al estado de embriaguez en que se encontraba, “con intención de satisfacer su ánimo libidinoso, le bajó los pantalones y comenzó a masturbarle el pene, introduciéndoselo en la boca para practicarle una felación”.
Además, “con intención de vulnerar su intimidad, usando su teléfono móvil le sacó varias fotografías de los genitales”.
La víctima “recuperó en parte su consciencia a causa del disparo del flash de la cámara del móvil, de tal forma que se percató de que el acusado había realizado tales actos sin su conocimiento ni consentimiento”.
Siete años
Los hechos constituyen, para el Ministerio Fiscal, un delito de abuso sexual y otro contra la intimidad, merecedores de una pena de siete años y medio de prisión, 6.000 euros de multa, cinco de libertad vigilada, siete de prohibición de acercarse y comunicar con la víctima y doce años de inhabilitación para trabajar con menores.
En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía considera que el acusado debe indemnizar a la víctima con 3.000 euros por el daño moral causado.
La acusación particular, por su parte, eleva la petición de pena por ambos delitos a 10 años de prisión, 6.000 euros de multa, siete años de libertad vigilada, alejamiento y prohibición de comunicar con la víctima durante nueve años, e inhabilitación para oficio con menores durante doce años.
Como indemnización, el representante legal de la víctima pide que esta sea indemnizada con 18.000 euros.
