El Parlamento pide mantener las oficinas de la Seguridad Social en Torrelavega, Castro Urdiales, San Vicente de la Barquera, Reinosa y Potes

El Parlamento de Cantabria pide hoy que se garantice el mantenimiento de las oficinas de la Seguridad Social en Torrelavega, Castro Urdiales, San Vicente de la Barquera, Reinosa y Potes. Así, la Proposición No de Ley del PRC, defendida por la diputada regional Paula Fernández,  salió adelante por unanimidad con los votos del PRc, PP, PSOE, Vox y el diputado no adscrito.

De hecho, los regionalistas alertaron sobre el cierre de desmantelamiento, dado la falta de personal, ya que no se han cubierto las bajas y las jubilaciones. “Castro Urdiales y Santoña tienen tres o menos empleados y algunas oficinas como Reinosa se quedarán con un empleado”, comentaron.

Para Vox, por medio de Natividad Pérez, criticó al PRC-PSOE de no preocuparse por el supuesto desmantelamiento durante su gobierno a pesar de la advertencia de los sindicatos.

En su opinión es cierto la falta de personal y el riesgo de cierre por años de desidia y mala gestión  y se debe apostar por la atención presencial, eficaz y cercana, sin promesas vacías.

En el debate, para la diputada del PSOE, Norak Cruz, no se entiende como el PRC no se ha reunido con la Delegación del Gobierno para conocer la situación real antes de salir en los medios de comunicación. “Reinosa no se cerrará, ofrece un servicio de calidad, según las encuestas y se han convocado los exámenes para las plazas”, incidió.

En el turno del PP intervino Cándido Manuel Cobo quien apunto a la preocupación por el riesgo de cierre de un servicio que fija población y atiende a los mayores quienes sufren la brecha digital. “El PRC se sitúa a la izquierda o a la derecha y se coloca de perfil en sus responsabilidades”, remarcó.

Y en cuanto a la delegada del Gobierno, Eugenia Gómez (PSOE), considero justo no creer en sus palabras, dadas las experiencias vividas con el presidente de España, Pedro Sánchez.

En cuanto a la moción del PSOE para reclamar al Gobierno regional que cumpla la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación de Cantabria se ha desestimado con los votos de PP, Vox y el diputado no adscrito y el apoyo del PRC.

Mientras tanto, el diputado de Vox, Armando Blanco, rechazó la propuesta  que, en su opinión, "sólo busca confrontar, separar y dividir en lugar de lo que necesita la ciencia, que es sumar".

En su intervención, el diputado socialista, Jorge Gutiérrez, acusó a la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), de no cumplir con la Ley aunque el presupuesto regional contará con 79 millones de euros para este fin.

Además, ha reclamado la constitución del Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación.

Por el PP subió al estrado el diputado Alejandro Liz quien criticó la presentación de esta moción ya que no es necesaria por 79 millones de razones, frente a los 38 destinados por el PSOE-PRC, para financiar el sistema de ciencia, tecnología e innovación, el 2,37 por ciento, por encima de ese 2,3 por ciento que la Ley fija como objetivo".

El regionalista Javier López Marcano mostro su apoyo a cumplir la Ley.

Empleado Público

El Parlamento de Cantabria ha aprobado, por consenso, el dictamen de la Proposición de Ley para la modificación de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público para equiparar la clasificación de los profesionales de Enfermería y Fisioterapia, así como la mejora profesional de los médicos, y que ahora será remitida por la Cámara al Congreso de los Diputados.

En la sesión plenaria, se acordó, por unanimidad, la Proposición No de Ley del PRC que fue transacionada por los regionalistas, PP y PSOE, para incluir una partida económica en el presupuesto de 2025 para AFA Cantabria dirigida a trabajar en el diagnóstico temprano, prevención y tratamiento del Alzheimer.

La moción contempla el desarrollo de un programa para la prevención y detección temprana de demencias en Santander y apoyar el censo de Alzheimer liderado por Ceafa para dimensionar la enfermedad en Cantabria, facilitando mejores políticas y recursos para los afectados.

De igual forma, relama al Gobierno de España a implementar un Plan Nacional del Alzheimer, crear un censo específico de pacientes y revisar la Ley de Dependencia para adaptar la atención y recursos a las personas con demencia, garantizando una respuesta integral y diferenciada para sus necesidades.

Tras las críticas del portavoz parlamentario del PSOE, Pablo Zuloaga, la Cámara aprobó, por unanimidad, salvo el diputado no adscrito, su proposición No de Ley para iniciar de inmediato la instalación de la Unidad de Protonterapia en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

Para Zuloaga, “es terrible ver como el PP y Buruaga en particular están desatendiendo la sanidad pública”, algo que ve en los retrasos de las obras de la Unidad de Protonterapia, pero también con la “incompetencia manifiesta de la Gerente de Valdecilla que ha dicho esta semana que no cree los datos de listas de espera y reconoce que el Gobierno del PP no tiene la intención de que esos datos se mejoren”.

El líder de los socialistas cántabros considera los retrasos en el inicio de las obras están siendo “continuos” e “injustificados” desde que Gobierna el Partido Popular en Cantabria. “No tiene justificación posible”, ha insistido, puesto que las obras están adjudicadas desde el 11 de julio.

Al respecto, el PP negó el retraso y señaló que la implantación de esta unidad va en el plazo correcto.

Al mismo tiempo, la PNL del PP consistente en exigir al Gobierno de España la destitución del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se aprobó con el apoyo de Vox.

El PRC y PSOE defendieron que "lo más grave" por lo que se ha abierto investigación a García Ortiz es por "haber filtrado unos correos electrónicos" y criticaron que se presenten en el Parlamento regional cuestiones ajenas a Cantabria y "enlatadas desde Génova".

Tanto el PP como Vox acusaron al presidente de España, Pedro Sánchez (PSOE) de "cargarse la independencia de la Fiscalía" al contar con una persona "dócil, servil y sumisa" en operaciones de investigación, persecución y linchamiento de líderes de la oposición".Por contra,

Ante esta afirmación, el diputado Iñigo Fernández (PP) matizó que "no vamos a mirar hacia otro lado cuando se están recortando las libertades y pisoteando la democracia". Y sobre la filtración de los correos, ha replicado que "si vamos a consentir eso, acabamos en la Unión Soviética, en la Chile de Pinochet, en la Cuba de Fidel Castro".

Residencia

El Parlamento ha aprobado, por unanimidad, la Proposición No de ley del Grupo parlamentario Vox, que exige la presentación por parte del Gobierno de Cantabria del informe que justifique la decisión de no sacar a concurso público la obra de derribo de la Residencia Cantabria.

“La falta de transparencia, la arbitrariedad en el otorgamiento del contrato y la ausencia de justificación sobre la calidad y el precio real de la oferta, unido a las dificultades de supervisión y control general sobre el proyecto, plantea serias dudas respecto de la equidad y eficiencia en la gestión de los recursos públicos, generando desconfianza en la Administración”, ha manifestado la portavoz Leticia Díaz.

El Tribunal de Cuentas ha detectado irregularidades en diversos contratos adjudicados a Tragsa. Esta empresa pública es beneficiaria de numerosos proyectos asignados directamente por las administraciones, con expedientes incompletos en muchos casos. Además, Vox ha señalado que, cuando Tragsa se queda con un proyecto, subcontrata todo o parte de los trabajos por falta de capacidad para ejecutarlos, lo que reduce los márgenes de beneficio de las empresas subcontratadas y puede afectar a la calidad de las obras.

Por todo ello, el Grupo parlamentario Vox ha instado al Gobierno de Cantabria presentar al Parlamento, con carácter inmediato, los informes técnicos que acrediten, la contratación de Tragsa para el derribo de la Residencia Cantabria, excluyendo así la competencia del sector empresarial y a cumplir con las exigencias de transparencia pública, que obligan a las Administraciones a dar cuenta del otorgamiento de contratos de
forma reglada y no arbitraria.

“Se está abusando del medio propio, en este caso Tragsa, para llevar a cabo la obra de derribo. Esto ha motivado que la Asociación de Constructores y Promotores de Cantabria recurra esta contratación, ya que no entienden por qué no se ha realizado una licitación pública, lo que supone un perjuicio para la libre competencia empresarial en un proyecto que supera los 17 millones de euros”, ha concluido la portavoz.