El Parlamento rechaza medidas contra la ocupación de cargos públicos de plazas de profesor en la UC
También se desestimó la propuesta del PP para pedir a las Cortes Generales cambios en la legislación contra la ocupación ilegal
El Pleno del Parlamento de Cantabria rechazó la moción de Vox para tomar medidas con el fin de evitar que cargos públicos, por su cuenta, ocupen plazas de profesor e investigación en la Universidad de Cantabria (UC).
Los Grupos del PRC, PSOE y Cs votaron en contra; la diputada no adscrita, Marta García, se abstuvo y Vox se posicionó en contra.
El portavoz parlamentario de Vox, Cristóbal Palacio, insistió en que la UC sirve para la colocación de los cachorros del PSOE, como ha sucedido con el director General de Universidades, Antonio Domínguez (PSOE), que se ha autocolocado como profesor titular, y por lo cual piden su cese. “Hay que evitar estás reglas de conflictos de intereses que permiten prepararse un puesto de trabajo cuando acaba su carrera política”, comentó.
Además, en este caso, añadió que resulta que el Gobierno regional destina 100 millones de euros a la Universidad de Cantabria.
Desde el PP, el diputado Álvaro Aguirre presentó una enmienda de modificación y reseñó que el consejero de Universidades, Pablo Zuloaga, se ha dedicado a echar balones fuera a la hora de ofrecer explicaciones al aludir solo a la autonomía universitaria.
“No puede un cargo público participar en un proceso de promoción”, afirmó en su intervención.
El diputado regional de Cs, Diego Marañón, acusó a Vox de desprestigiar a la Universidad a pesar de los profesores cualificados que tiene, si bien es una falta de ética y el director General se debió desmarcar del proceso. “Esto genera desconfianza, aunque no es una ilegalidad y se debería mirar las incompatibilidades en otros ámbitos”, subrayó.
La diputada socialista, Eva Salmó, manifestó que Vox busca el ruido mediático ante el desconocimiento de los ciudadanos, cuando los procesos vienen regulados en la Ley Orgánica de Universidades y en los estatutos de la UC, controlado por el Consejo. “No se puede renunciar a la profesión por participar en la política”, indicó.
Igualmente, la diputada del PRC, María Ángeles Matanzas, comentó que se ha intentado desprestigiar a la UC, a pesar de contar su autonomía, la ley de Universidades y la posibilidad de presentar alegaciones.
Ocupación
En la sesión plenaria, se desestimó la propuesta del PP de exigir a las Cortes Generales cambios en la legislación para evitar la ocupación ilegal de viviendas.
La medida fue apoyada por el PP, Vox, diputada no adscrita, y Cs, mientras que el PRC y POE lo tumbaron con su voto contrario.
En su opinión es necesario modificar el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal y se expulse al ocupa en 24 horas o eximir del Impuesto de Bienes inmuebles al propietario. Además, reclamó que el Gobierno regional elabore un mapa sobre la ocupación ilegal en Cantabria. “No es un problema que genera la derecha y de hecho existen viviendas ocupadas en El Astillero, Argoños, Meruelo, Polanco, Torrelavega o Hazas de Cesto”, incidió.
El portavoz popular, Iñigo Fernández, criticó a la consejera de Políticas Sociales por negar la gravedad de la situación cuando afecta a propietarios, comunidades de vecinos y además existen mafias que traspasan viviendas entre ocupas.
“El PSOE defiende la postura de Podemos al coincidir con la vicepresidenta regional, Yolanda Díaz, y la ministra Irene Montero, debido al pacto de Sánchez con la extrema izquierda”, recalcó.
Vox, por su parte, comparó la situación de España en esta materia con otros países europeos. “En Francia sin orden judicial a las 48 horas se les expulsa; en Alemania a las 24 horas; en Holanda de inmediato con orden judicial; en Inglaterra se arresta a los ocupas y en Italia hay un juicio rápido se les desaloja, pagan los gastos y pueden ir a la cárcel”, explicó el diputado Armando Blanco, quien añadió que en España es necesario la reforma del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Por su parte, el PSOE, por medio de Yolanda Algorri, recordó que los socialistas han propuesto en el Congreso más medidas, como que un juez ordene el desalojo en 48 horas. “En España está protegida la propiedad privada como residencia con penas de seis meses a cuatro años de prisión. Y contra las mafias está el Código Penal”, remarcó.
Por otro lado, no negó los problemas de convivencia que se generan, pero aunque el problema existe no se puede hablar de alarma social. “En 2020, en Cantabria, hubo 60 juicios, la mayoría por ocupación de casas pertenecientes a bancos, lo que supone el 0,016 por ciento frente a las 359.000 viviendas existentes”, aclaró.
Rosa Díaz, diputada regionalista y alcaldesa de Polanco, defendió la postura. A su juicio es fenómeno en alza en los municipios que provocan problemas de convivencia. “Es necesario un cambio legislativo, aunque en Cantabria el Gobierno regional se persona cuando afecta a una de sus propiedades”, comentó.
Respecto al IBI, la diputada del PRC incidió en que viene regulado por Ley y no se puede llevar a cabo esa iniciativa.
La posición de Cs fue defendida por Diego Marañón. Desde su punto de vista no se debe realizar diferencias entre los pisos ocupados propiedad de particulares o de bancos. Además, comentó que se necesitan medidas legislativas contundentes y ante las declaraciones de la consejera de Políticas Sociales se preguntó qué pensarán los afectados.
