La Policía Nacional investigó a 21 establecimientos de hostelería por un posible delito contra la propiedad intelectual y los servicios de radiodifusión televisiva
Las inspecciones se realizaron en Santander, Torrelavega, Suances, Santoña, Camargo y Meruelo, retirando decodificadores que transmitían de forma ilegal
La Policía Nacional ha inspeccionado 21 establecimientos de hostelería en varias localidades de Cantabria e investigado por un posible delito contra la propiedad intelectual y contra los servicios de radiodifusión televisiva de carácter condicional, contra la piratería de transmisiones deportivas.
En la operación policial, llevada a cabo por la Brigada Provincial de Policía Judicial de Santander, ha colaborado la Brigada Local de Policía Judicial de Torrelavega y la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior de Policía de Cantabria.
En la mañana del día 5 de diciembre, se persona en dependencias policiales el representante de una Asociación deportiva de carácter privado para denunciar que 21 establecimientos de hostelería, que se encuentran localizados en las localidades de Santander, Torrelavega, Suances, Santoña, Camargo y San Mamés de Meruelo, estarían presuntamente emitiendo partidos de fútbol de manera ilegal, la mayoría reincidentes.
Previamente a la interposición de la mencionada denuncia, la asociación deportiva ya había realizado sus propias inspecciones constatando los ilícitos penales denunciados, tratando de llegar a algún tipo de acto de conciliación siendo el resultado negativo.
Además, debido a las emisiones ilegales de los 21 establecimientos de hostelería, el perjuicio económico de asociación deportiva ascendía a más de 20.000 euros.
Operación Var
Los agentes expertos en esta modalidad delictiva de la Brigada Provincial de Policía Judicial de esta Jefatura Superior de Cantabria, realizaron diversas comprobaciones de los hechos en días aleatorios, siempre en días y horarios donde se estuvieran disputando partidos de fútbol profesional para poder constatar el hecho delictivo en los 21 establecimientos de hostelería.
Cabe reseñar, que estos establecimientos emitían de forma fraudulenta, de tal forma que se servía de equipos o aplicaciones informáticas alteradas para permitir el visionado y emisión no autorizada de canales de acceso condicional, siendo un reclamo para la obtención de más clientela y un mayor volumen de ingresos.
En segundo lugar, al evitar abonar los importes que los operadores con licencia cobran a los establecimientos públicos por poder emitir y explotar los partidos, obtenían también un enriquecimiento patrimonial.
Por otra parte, con su conducta se afecta al tráfico mercantil y a buena parte del sector hostelero, por lo menos a todos aquellos establecimientos públicos que emiten de forma legal los partidos, que reciben una desleal, ilegítima y delictual competencia, que influye de forma directa en los beneficios que obtienen de la explotación de sus negocios.
Ante el resultado de la investigación el día 12 de marzo los agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial, tras gestiones de investigación practicadas proceden a realizar las inspecciones de los diversos establecimientos de hostelería en Santander, Torrelavega, Suances, Santoña, Camargo y San Mamés de Meruelo, durante varias semanas, hasta completar el total de los establecimientos denunciados; llegando a retirar decodificadores con los que se transmitía de forma ilegal.
Los responsables fueron oídos en sus declaraciones en las dependencias policiales, de tal forma que se les imputa un presunto delito contra la propiedad intelectual y contra los servicios de radiodifusión televisiva de carácter condicional, dando cuenta de todo lo actuado a la autoridad judicial.
Hay que señalar, que la asociación deportiva tiene la condición de comercializadora, emisora y productora de las grabaciones audiovisuales de las competiciones oficiales de fútbol profesional; además, tiene las medidas de seguridad para identificar las emisiones autorizadas de los partidos de sus competiciones en espacios públicos, desarrollar la actividad de la detección de establecimientos públicos que emiten de forma no autorizada y realizar por parte de sus empleados inspección esporádicas.
Por último, exponer que los perjuicios económicos si se extrapola esta cantidad hasta el final de la presente temporada deportiva 2023/2024, conllevaría unos perjuicios de más de 63.000 euros.
