“Los docentes iniciarán una campaña hacia los políticos para resolver los procesos de estabilización”, señaló el STEC

El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza de Cantabria (STEC) anuncio que los docentes iniciarán una campaña hacia los políticos para resolver los procesos de estabilización. Por este motivo, remitirán unas misivas hacia el presidente regional, Miguel Ángel Revilla (PRC), y al vicepresidente, Pablo Zuloaga (PSOE).

El objetivo es que solucionen este grave e inminente problema, tal y como está tratando de hacer el presidente de la Comunidad de Canarias, Ángel Víctor Torres (PSOE).

Al STEC le es indiferente que la estabilización en Cantabria se proteja mediante el acto presencial que “llevamos tiempo demandando o con cualquier otra medida que encuentren. Pero que ejerzan sus competencias y obligaciones, y hagan algo de una vez”.

Una situación que en su opinión afectan directa o indirectamente al empleo de miles de docentes. “Entramos ya en el periodo decisivo, que en Cantabria suponen un total de 886 plazas de funcionarios de carrera”, comentaron.

Entre el 21 de noviembre y el 21 de diciembre se presentará la documentación, que después tendrá que ser baremada en la Comunidad elegida como primera opción por cada aspirante, y más tarde adjudicadas en dos vueltas, motivo por el que el proceso podría alargarse más allá de septiembre de 2023, como estaba previsto, por la oleada de solicitudes que Cantabria pueden recibir, aseguran.

En este sentido explican que en Cataluña, que ya ha hecho su propio concurso, pese a tener su lengua cooficial como requisito, han recibido el triple de solicitudes que en una oposición.

Desde su punto de vista el “efecto llamada” se agrava además debido a que el número de plazas que salen a concurso es muy desigual, de tal forma que Cantabria, junto con Canarias, es la Comunidad que más obtiene con diferencia. “Por ejemplo Asturias o Aragón, con el doble de población, sacan una tercera parte de plazas, 234 y 267 respectivamente”, señalaron.

A su juicio el despropósito es aún mayor cuando antes de que se resuelva el concurso de méritos, van a tener lugar las oposiciones de 2023, que se desconocen de qué tipo serán, si de estabilización o reposición, y qué cuerpos estarán convocados, con la incertidumbre que supone. Tal y como ha diseñado el Ministerio “en estos procesos puede haber aspirantes que además de obtener plaza simultáneamente en varias Comunidades y especialidades por el concurso de méritos, lo hagan también en las distintas oposiciones”.

Pero el colmo, en su opinión, es que el sistema de baremación establecido coloque al personal interino de Cantabria en inferioridad de posibilidades para establecerse en su propia tierra, respecto al de otras Comunidades de mayor tamaño. “En un 60 por ciento de las especialidades, donde no ha habido convocatorias suficientes desde 2012, los docentes de Cantabria no tienen apenas posibilidades en este concurso, con lo que muchos perderemos las plazas que veníamos trabajando o nos iremos directamente al paro”, remarcaron.

Yedra y el servicio de SMS

Ante la injusticia que se cernía sobre el proceso, desde el STEC planten al Ministerio que eliminara la “fecha de caducidad” de criterios fijada en 2012 y contabilizara únicamente el aprobado en la Comunidad de concurrencia, pero en Madrid se negaron, inciden.

Desde entonces, el sindicato ha planteado a la Consejería de Educación que, en el ejercicio de sus competencias, lleve a cabo un acto de presentación, tal y como se hace en las oposiciones y convocatorias extraordinarias, que tienen el mismo marco normativo.

La propia Consejería defendió la plena legalidad del acto presencial en un documento oficial que envió al Ministerio el día 27 de mayo: "la Consejería se plantea un acto de presentación como se realiza en los concursos de oposición. Esta actuación está amparada por la normativa, puesto que no supondría cortapisa a los principios de igualdad, mérito y capacidad", recogía el documento.

Sin embargo, el STEC manifiesta que la consejera de Educación, Marina Pombó (PRC), ahora se desdice sobre su amparo normativo, para justificar su lamentable inacción ante el desamparo del personal interino de Cantabria. “Cómo puede ser que lo que afirmaban hace cinco meses, viene haciéndose todos los años y han anunciado desde Canarias, de repente nos deje al margen de la Ley, mientras el resto de Comunidades hacen lo que quieren”, se cuestionan.

Incluso, hacen hincapié en que tal es la mala conciencia que tienen, que han hecho algo inaudito: han utilizado, en el día de ayer, la plataforma educativa Yedra y el servicio de mensajería para difundir su visión partidista y engañosa de la situación.

En ese escrito, entre otros planteamientos carentes de rigor, la Consejería afirma que “el Gobierno canario no ha planteado en ningún momento el establecimiento de un acto presencial para el concurso de méritos".

Incluso, la Consejería ha tratado de justificarse ante el profesorado afirmando que “ninguna organización sindical se mostró partidaria de salirse de la coordinación del Ministerio, tal y como está reflejado en la correspondiente acta".

Pero en el acta la Consejera de Educación reconoce que no hay consenso entre los sindicatos, mientras el STEC explicita que mantiene su postura de un acto presencial y otras medidas que eviten que el personal de otras Comunidades pueda ocupar las plazas en las que vienen trabajando los interinos de Cantabria.

De hecho, en el resumen enviado ese mismo día a la afiliación, el STEC comenta que “si tal y como van a hacer otras Comunidades Autónomas desarrollamos un proceso propio, podemos perfectamente llevar a cabo un acto de presentación presencial, y en función de las fechas, evitar buena parte del temido efecto llamada y que personas interinas de nuestra Comunidad se vayan al paro. La Consejería vuelve a rechazar esta posibilidad de actuar al margen del proceso centralizado”.

Para el sindicato más que las mentiras vertidas, su preocupación va dirigida a que la Consejería siga excusándose en la inseguridad jurídica de hacer un acto presencial, buscando argumentos de última hora para sostener su postura, en lugar de trabajar para encontrar soluciones.