La AVI en Santillana del Mar cuestiona la adjudicación del estudio de viabilidad del aparcamiento de Rolaceña
El portavoz, Agustín García, asegura que será realizado por una empresa cuyo propietario es también dueño de la que explotó este servicio en los últimos seis años
La agrupación política Alternativa Vecinal Independiente (AVI) en Santillana del Mar cuestiona la adjudicación del estudio de viabilidad del aparcamiento de Rolaceña.
Su portavoz, Agustín García, alerta de la intención del equipo de Gobierno (PSOE, PRC y Ainsa) de volver a privatizar la gestión del aparcamiento de Rolaceña mediante la adjudicación de un contrato mixto, de manera que la empresa que asuma la gestión, tendrá que ocuparse también de las obras de reparación del espacio, valoradas en 605.000 euros.
Por este motivo, el estudio de viabilidad ha sido adjudicado por contrato menor a la mercantil Movicity Sistemas y Desarrollos para la Movilidad, “dándose la circunstancia de que el propietario de esta empresa es también dueño de Iberpark, empresa que ha explotado el servicio de estacionamiento público de Santillana en los últimos seis años, con un beneficio de 1,3 millones de euros.
Por eso, el portavoz de AVI, Agustín García, se pregunta: “¿cómo es posible que se adjudique el estudio de viabilidad a una empresa que comparte dueño con otra que con toda seguridad presentará oferta para hacerse con el contrato de explotación de los aparcamientos en Santillana?” “¿Hasta dónde llega la simbiosis entre Iberpark, el Consistorio, y el concejal de obras Miguel Ángel Viaña?” García recuerda además que el mismo propietario que recaudó más de un 1,3 millones euros con los aparcamientos municipales ganará ahora 7.260 más por realizar el citado estudio de viabilidad.
El Consistorio, continúa García, pretende volver a la carga como lo hiciera en 2016 y sacar a licitación este contrato mixto”. “¿Cuándo pretenden el PSOE, el PRC y Rafael Oceja explicarle a los vecinos esta nueva privatización y por cuántos años se adjudicará la explotación de los aparcamientos públicos?”, se preguntan desde AVI.
Sea como fuere, “este proyecto sin comenzar a ejecutarse ya nos ha costado 42.773 euros en tres contratos menores de servicios entregados a empresas amigas, obviando las garantías de transparencia, igualdad, concurrencia y control del dinero público”, recalcó.