El PP apuesta por garantizar la vivienda digna y proteger la propiedad privada contra la ocupación ilegal

La presidenta del Partido Popular y candidata a presidir Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha anunciado hoy una Ley de Vivienda que sentará las bases para que los ciudadanos tengan acceso a una vivienda digna en régimen de propiedad o de alquiler. “Una verdadera política de vivienda que protegerá la propiedad privada y pondrá todas las barreras posibles para frenar la ocupación ilegal”, remarcó.

Frente al proyecto de Ley de Vivienda con el que concluye la legislatura en Cantabria, un modelo que ha calificado como intervencionista, que establece el alquiler forzoso, no combate la ocupación ilegal y supone un ataque directo a la propiedad privada de los cántabros, Buruaga ha defendido una norma que facilitará el crecimiento del parque público de viviendas e incorporará al mercado, mediante incentivos económicos y fiscales, las viviendas privadas que estén desocupadas.

“Lo que les puedo decir a los cántabros es que como Revilla (PRC) llegue al Gobierno de la mano de Podemos, tendremos un calco de la Ley de Vivienda de Pedro Sánchez (PSOE) y Podemos, que los regionalistas apoyaron en el Congreso y que obliga a alquilar viviendas vacías aunque el propietario no quiera”, ha alertado Buruaga, quien ha indicado que la única manera de evitarlo es el Partido Popular.

En este sentido, ha señalado que frente a este grave riesgo para los hogares de la región y sus propietarios, desde el PP vamos a impulsar “una verdadera política de vivienda” y a proteger la propiedad privada de los cántabros, porque eso es lo que tiene que hacer un Gobierno serio.

Así, ha anunciado hoy un paquete de medidas administrativas y fiscales para facilitar el acceso de los ciudadanos a una vivienda digna. Entre ellas, una ayuda para que los jóvenes compren su primera vivienda con una deducción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del 15 por ciento y un tipo reducido en el Impuesto de Transmisiones del tres por ciento para todos los menores de 36 años.

Además, ha explicado que si la compra de este primer inmueble es en la Cantabria despoblada, no pagarán nada ni por transmisiones patrimoniales ni por actos jurídicos documentados.

En el caso de la vivienda en alquiler, la deducción será del 30 por ciento del coste anual del alquiler con un límite de 1.000 euros.

Asimismo, se aprobarán desgravaciones fiscales para la compra de vivienda en las zonas en riesgo de despoblamiento de la Cantabria rural. Serán del 25 por ciento para la compra de primera vivienda y del 15 por ciento, en los casos de que no se trate de la vivienda habitual.

Estas desgravaciones se suman a las mejoras introducidas en la tributación del Impuesto de Transmisiones y de Actos Jurídicos Documentados en estas zonas. A este respecto, ha explicado que, quien compre una vivienda en la Cantabria rural, pagará un cinco por ciento si es primera vivienda y un seis por ciento si es segunda y no pagarán nada por Actos Jurídicos Documentados.

También en el medio rural, se pondrá en marcha un Programa de Rehabilitación de Viviendas, destinado a fijar población en localidades de menos de 5.000 habitantes. A este respecto, se ha comprometido a modificar aquellos artículos de la nueva Ley del Suelo que restringen e impiden la construcción de vivienda unifamiliar en suelo rústico: “El objetivo es revertir esa reforma del Gobierno PRC-PSOE y volver al régimen aprobado en el año 2012”, ha matizado.

En el caso de los jóvenes, se garantizará la extensión de la financiación, desde el 80 por ciento del valor de la vivienda que suelen avalar las entidades bancarias hasta el 95 por ciento, y se reactivará la promoción de vivienda social nueva de competencia autonómica.

Por último, ha anunciado que se impulsará el proyecto ‘Bolsa Joven de viviendas’ para facilitar el acceso en régimen de alquiler a personas de hasta 35 años.

Ocupación ilegal

Junto a estas actuaciones para asegurar el acceso a la vivienda de los ciudadanos, Buruaga ha anunciado una serie de medidas para frenar la ocupación ilegal en Cantabria. Así, ha recordado que en esta legislatura se han registrado alrededor de 280 ocupaciones de viviendas, que han generado alarma social y graves problemas de convivencia, mientras el Gobierno de Revilla se ha dedicado a mirar para otro lado y a negar la realidad.

“Sabemos que la mayoría de las facultades de las que podemos valernos para frenar el fenómeno de la ocupación son de ámbito o competencia estatal y contamos con el compromiso firme de Alberto Núñez Feijóo de aprobar un paquete de medidas de lucha contra la ocupación ilegal cuando llegue la Moncloa”, ha apuntado.

Entre estas medidas figuran el desalojo en 24 horas de quienes no puedan acreditar la titularidad válida de la vivienda, el desalojo inmediato en caso de flagrante ocupación o el endurecimiento de las penas por delito de usurpación de vivienda con hasta tres años de prisión.

A nivel autonómico, Buruagua ha anunciado que una de sus primeras actuaciones será trazar un ‘mapa de la ocupación’ para contar con una radiografía precisa de la situación y saber qué viviendas están ocupadas y en qué zonas. Además, se habilitará una oficina de apoyo y asesoramiento a las víctimas de la ocupación, con asistencia de especialistas y se estudiarán en qué supuestos corresponde compensar fiscalmente a los propietarios por medio del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y otros impuestos.

A estas iniciativas se suma la creación de un grupo de trabajo e trabajo en la Federación de Municipios de Cantabria para coordinar las respuestas a adoptar en las primeras 48 horas de ocupación.

La presidenta del PP se ha comprometido a hacer una política de vivienda “de verdad” en Cantabria, que no penalice a los propietarios. “No a costa de la propiedad privada de los ciudadanos”, ha subrayado.