El Pleno de Torrelavega aprobó la moción del PP para exigir medidas contra la ocupación ilegal de viviendas

El Pleno del Ayuntamiento de Torrelavega aprobó la moción del PP para exigir medidas contra la ocupación ilegal de viviendas, mejorar la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios.

La propuesta contó con el apoyo del PP, PRC y Cs, la abstención del PSOE y Torrelavega Si y el voto en contra de la Asamblea Ciudadana Por Torrelavega.

La portavoz popular, Marta Fernández, consideró conveniente mejorar el ordenamiento jurídico y que el Gobierno de España modifique el Código Penal de tal forma que endurezcan las penas con entre tres y cinco años a los ocupas, así como implementar nuevas medidas procesales en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para agilizar el desalojo en 24 horas por parte de la Policía Local y que se recupere la propiedad. El PP también insta a que las comunidades de vecinos puedan iniciar procesos de recuperación de viviendas con el fin de evitar enfrentamientos y molestias, así como evitar los empadronamientos.

La concejala de Torrelavega Si, Blanca Rosa Gómez, comentó que hay 290 casos denunciados, según la consejera de Políticas Sociales, Eugenia Gómez de Diego, mientras que desde Ciudadanos indicaron que el PP no ha realizado ninguna interpelación y no se ha reunido con los vecinos afectados, por lo que se debe implicar más a nivel de calle. “Somos partidarios de medidas coercitivas, pero también de planes de viviendas”, reseñó el edil Julio Ricciardello.

Por su parte, ACPT, por medio de Iván Martínez, comentó que le llama la atención que no se hablé del problema de acceso a la vivienda, motivo por el que muchas familias tienen que ocupar. “El mercado del alquiler no es accesible, en Torrelavega hay 50 familias pendientes de un desahucio y prefiero que un vecino pegue una patada a una puerta a que viva debajo del puente”, matizó.

En su opinión solo existe un cinco por ciento de viviendas ocupadas a propietarios particulares, ya que el resto afecta a bancos o fondos de inversión.

Igualmente, comentó que conoce a ocupas que no generan problemas y bien con preocupación su situación, remarcó que ante un allanamiento el un ocupa es desalojado de forma rápida e informó que en Torrelavega hay 2.000 viviendas cerradas.

Los socialistas aseguraron que el Gobierno de España tiene medidas para desalojar al ocupa en 48 horas. “Si pasamos de la fase civil a la penal el proceso se alargará”, comentó el concejal José Manuel Cruz Viadero.

Barato

Por su parte, el PRC considera que el problema de la ocupación es grave en España, sale muy barato ocupar, existen mafias y se generan problemas de convivencia y de desalojo por parte de la Policía Local, como es el caso de Campuzano. “Son delincuentes y el derecho de un ocupa no puede estar por encima del derecho de un propietario”, manifestó.

En otro punto en el orden del día, se dio el visto bueno, por unanimidad, a la convocatoria 2022 de ayudas sociales en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a sufragar gastos de suministro de energía e Internet a personas en situación o riesgo de exclusión social.

Sin embargo, el Pleno sirvió para que los Grupo políticos de la oposición criticasen el funcionamiento de la Concejalía y la Comisión de Servicios Sociales de la mano de la concejala Laura Romero.

Precisamente la concejala  indicó que se trata de una ayuda extraordinaria de 250.000 euros para las familias vulnerables.

En este asunto, la portavoz de Torrelavega Sí, Blanca Rosa, señaló que no son ayudas extraordinarias, ya que vienen recogidas en el presupuesto y dado que hacen referencia a 2022 incidió en que se presenten un 27 de octubre de este año. “En cuanto al trabajo algunas justificaciones no han llegado porque los trabajadores se han negado a firmarlas y los trabajadores se han negado a  a asumir unas competencias tras el estudio elaborado”, reseño.

Expedientes disciplinarios

En este aspecto, Cs también hizo hincapié en la tardanza de la convocatoria, al igual que sucedió con las ayudas al material escolar. En referencia a la Consejería de Servicios Sociales comentó la conveniencia de poner en orden en esta área, donde además se han abierto expedientes disciplinarios.

Por su parte, Iván Martínez (ACPT), dio otra visión y manifestó que estas ayudas hacen referencia al año 2021 e insistió en la necesidad de dimisión o destitución de la concejala Laura Romero y su sustitución por un perfil que muestre sintonía con el técnico. “Toda la responsabilidad es del PSOE-PRC y sobre todo del alcalde”, declaró.

El Grupo municipal del PP se quejó de que el jefe de servicio solo ha sufrido trabas a la hora de ejercer su función, hasta el punto de no tener ni despacho ni ordenador. A su juicio, Servicios Sociales no funciona por la falta de voluntad política y tal vez se deba buscar a otra responsable para lograr su puesta en marcha.

Desde los regionalistas, Pedro Pérez, puntualizó que no existen quejas por el hecho de que estas ayudas se concedan tarde.

Tras escuchar la rueda de intervenciones, Laura Romero argumentó que existen ayudas para suministro eléctrico todo el año, pero en este caso son extraordinarias, además de asegurar que existe apoyo a todos los trabajadores, aunque se está pendiente de una reorganización de esta área. “Se ha trabajado en muchos aspectos, como informes de vulnerabilidad, ordenanza de pagos para hipotecas y pagos de deudas, entre otros”, afirmó.

En la sesión plenaria, también se ha aprobado una moción presentada por el PP en el que se insta una moratoria en el establecimiento de Zona de Bajas Emisiones al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, así como la creación de una mesa de trabajo de la que formarán parte representantes de los grupos municipales y de diferentes entidades. Esta moción ha contado con el apoyo del PP, PRC, ACPT, Torrelavega Sí y Ciudadanos y la abstención del PSOE.