Torrelavega expropiará las fincas del sistema general de confluencia de los ríos Saja y Besaya

El Ayuntamiento de Torrelavega expropiará las fincas del sistema general de confluencia de los ríos Saja y Besaya, a pesar de las críticas de la oposición de falta de información sobre el fin que se busca, oscurantismo e incluso desde la Asamblea de Ciudadanos Por Torrelavega (ACPT) de favorecer a un constructor local, José Luis Ruiz Pelayo, cercano al PRC.

De hecho, la primera en intervenir, Blanca Rosa Gómez Morante, de Torrelavega Sí, comentó que necesita más explicaciones, pero es un tema que no interesa debatir.

Por su parte, el concejal Julio Ricciardello (Cs), recordó que hace un año y medio se trató esta expropiación y ahora se presenta en el Pleno para su aprobación por la demanda de un propietario en los tribunales. “No serán de ninguna utilidad esas fincas, afectadas por los ríos, ferrocarril y autovía, y hay algún interés de alguien en deshacerse de un terreno y quiere utilizar al Ayuntamiento”, reseñó.

Desde la ACPT, Iván Martínez, incidieron en que después de un año y medio no se han dado explicaciones sobre la paralización de esta expropiación, cuyos terrenos, en un 75 por ciento, no sirven para nada. “Se pagarán 155.00 euros y esos es desfalcar la arcas del Ayuntamiento para un amigo vuestro, algo que permite el PSPO”, declaró.

Para el PP, por medio de Miguel Ángel Vargas, no hay ningún informe ni trámite sobre la demora de esta expropiación. “Poco cabe hacer allí, tal vez un parque fluvial, pero existe oscurantismo y no sabemos ni su coste ni el fin que tendrá”, aclaró.

Además, el edil popular comentó que no entiende el retraso en un asunto tan urgente y con el expediente impoluto, según el equipo de Gobierno municipal.

Para el PSOE existen informes favorables de urbanismo y del secretario. “Está recogido en el Plan General de Ordenación Urbano de 1985 cuando ninguno de los actuales concejales estábamos aquí”, matizó. En su opinión el objetivo es evitar una condena que supondrá pagar gastos jurídicos e intereses. “Me es indiferente el nombre del propietario, pero tiene derecho a reclamar. No se quiere favorecer a nadie, pero en caso contrario puede suponer una prevaricación”, expuso el edil José Luis Urraca.

Gastos jurídicos

Para finalizar, el concejal Pedro Pérez (PRC), coincidió con el PSOE en que el sistema general está recogido en el PGOU de 1985 y aunque es difícil darle un uso, se debe evitar los gastos del juicio.

Tras el debate, el PRC y PSOE votaron a favor y la oposición, PP, ACPT, Cs y Torrelavega Sí se posicionaron en contra.

En otro punto en el orden del día, y con los votos de socialistas y regionalistas se dio el visto bueno a la concesión de una subvención directa a Editorial Cantabria, del Diario Montañés, por organizar unas jornadas sobre movilidad.

La portavoz de Torrelavega Sí, Blanca Rosa Gómez, comentó que no se conocen las conclusiones y denunció las carencias de la ciudad en materia de movilidad, algo que corroboró Cs, desde donde se indicó la falta de conocimiento de los temas tratados, así como que no se acondicione, en cuatro años, ni un solo metros más de carril-bici o se tarden 30 años en dotar de aceras al acceso al colegio público de Barreda.

Para ACPT el fin es beneficiar a un medio de comunicación que por tres horas ha cobrado 15.000 euros, 7.500 paga el Gobierno regional y el resto el Ayuntamiento, donde además la mayoría de los integrantes de las mesas redondas fueron del PRC. “Es dar dinero público a un medio de comunicación para seguir contando con sus favores”, puntualizó. Por su parte, el PP también mostró su rechazo al desembolso de 7.500 euros por el Consistorio para este fin.

Moción del PP

La moción presentada por el Grupo Municipal Popular que instó al alcalde Javier López (PRC) a relevar a la concejal de Servicios Sociales, Laura Romano, y nombrar a otro edil delegado en dicha materia no prospero con el voto en contra de PRC y PSOE y a favor de PP, ACPT y TS, y la abstención de Cs.

La portavoz popular Marta Fernández Teijeiro ha reprochado a la concejal de Servicios Sociales no ser capaz de resolver los problemas de ese departamento. Torrelavega Sí ha dicho que Servicios Sociales tiene un grave problema interno que la oposición lleva denunciando desde hace tiempo en comisiones y plenos; Cs ha compartido esa opinión y ha dicho que las únicas mejoras que se han implementado en ese área han sido a instancias de la oposición, y la ACPT ha insistido en que el problema de Servicios Sociales “viene de lejos”, pero la actual responsable “no ha sido capaz de resolverlo”, subrayando la sensibilidad del servicio porque “estamos hablando de personas”.

Desde el equipo de Gobierno, el portavoz del PSOE ha defendido la gestión de su compañera y ha acusado a la oposición de tomarla como “cabeza de turco”, mientras que el portavoz del Grupo regionalista ha subrayado la “complejidad” del funcionamiento de Servicios Sociales y ha rechazado “entrar en campaña”.

Ocupas

"Las personas verdaderamente vulnerables son los vecinos que se hipotecaron en Sierrapando para comprar pisos que ahora están ocupados”. Así lo ha manifestado el concejal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Torrelavega, Julio Ricciardiello, en la sesión plenaria. 

Para Ricciardiello, la Sareb, en connivencia con el equipo de gobierno, “ampara” a los ocupas frente a los “legítimos propietarios”, tras renunciar al lanzamiento judicial de unas personas “que decían estar en situación de vulnerabilidad y se ha demostrado que no es así”.

El edil, que ha calificado de “puñalada” a los propietarios esta decisión, ha preguntado en el pleno por la intención de la administración de adquirir los inmuebles para “liberar” a los propietarios de la “condena y sufrimiento” que llevan padeciendo desde hace una década. Además, se ha interesado por conocer el número de okupas que residen en el edificio y cuántos se irán “una vez que finalicen las negociaciones con la Sareb”.

Para Ricciardiello, es importante también saber quién se hará cargo del coste de los destrozos que se han producido en el edificio en estos 10 años, así como de la “compensación” a los propietarios por no haber podido utilizar los garajes y trasteros "al  estar inutilizados por los ocupas”.

“La Concejalía de Servicios Sociales no se ha preocupado lo más mínimo en estos diez años por la situación de los vecinos legítimos, con cuadros de depresión, angustia y miedo y solo se ha dedicado a atender a las personas que ilegalmente accedían a las viviendas”, ha aseverado.

Ricciardiello ha recordado que los propietarios de las viviendas del edificio ocupado son familias que “se empeñaron o empeñaron a sus padres para comprar unos pisos supuestamente de lujo, algunos por 240.000 euros, que han visto truncadas sus ilusiones, algunos se han marchado, otros no pueden hacerlo y otros se niegan a que les echen una pandilla de delincuentes que cuentan con el beneplácito del Ayuntamiento y algunos partidos políticos”.

Por último, el portavoz de Cs en el Consistorio de Torrelavega ha solicitado, una vez más, el inventario de viviendas públicas del municipio.