viernes. 22.11.2024
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La Audiencia Provincial imputa al alcalde y los cinco concejales del PRC y del PSOE en Ribamontán al Monte

El presidente local del PP, José Luis Blanco, considera que “se podrán esclarecer unos hechos que ponen en entredicho la manera de proceder del equipo de Gobierno”

Ayuntamiento de Ribamontán al Monte. R.A.
Ayuntamiento de Ribamontán al Monte. R.A.
La Audiencia Provincial imputa al alcalde y los cinco concejales del PRC y del PSOE en Ribamontán al Monte

Un auto de la Audiencia Provincial imputa al alcalde Joaquín Arco y los cinco concejales del PRC y PSOE de Ribamontán al Monte. Así lo ha anunciado el presidente del PP de Ribamontán al Monte, José Luis Blanco, quien indicó que deberán ir a juicio como imputados “con el fin de esclarecer unos hechos que ponen en entredicho la manera de proceder del equipo de Gobierno”.

De este modo, tanto el alcalde Joaquín Arco, como los ediles regionalistas y el socialista deberán comparecer en juicio. Recientemente, el alcalde y los ediles investigados se acogieron a su derecho de no declarar.

José Luis Blanco considera que “los concejales investigados cometieron un error cuando se negaron a declarar ante el juez el pasado junio, porque ahí perdieron también la oportunidad de defenderse”.

“No lo debían tener muy claro cuando optaron por esa opción” ha ironizado el presidente del PP quien ha añadido que “ahora van a tener la oportunidad de explicar su forma de proceder contraria a los reparos de la intervención municipal”.

Según ha explicado el dirigente del PP, se saltaron los reparos de la interventora en relación al cambio de puesto de trabajo de la coordinadora del Centro de Comunicaciones, así como a la contratación del aparejador municipal, de la abogada municipal y del servicio informático, sin seguir el procedimiento estipulado.

También ha recordado que los hechos se remontan a 2018, cuando el PP presentó una querella contra el regidor municipal de Ribamontán al Monte por pagar facturas municipales entre los años 2016 y 2017 por valor de casi 20.000 euros a pesar de los reparos de ilegalidad de la secretaria-interventora municipal.