El recurso de la exalcaldesa de Santoña, Puerto Gallego, y sus ocho concejales (PSOE), se verá el miércoles, día 7 de junio
La sentencia del Juzgado de lo Penal inhabilitó por prevaricación a los miembros de la Junta de Gobierno Local entre los años 2003 y 2009
El recurso de apelación de la exalcaldesa de Santoña Puerto Gallego (PSOE) y sus ocho concejales, será el miércoles, día 7 de junio, a las 9.30 horas, en la Audiencia Provincial.
La sentencia del Juzgado de lo Penal número uno de Santander de noviembre de 2021 dictó la inhabilitación por prevaricación administrativa para los miembros del equipo de Gobierno entre los años 2003 y 2009.
La que fuera regidora de la villa fue condenada a cinco años de inhabilitación especial para cargo público en la Administración local, mientras que sobre los ediles socialistas, acusados igualmente por aprobar por unanimidad el pago de facturas pese a los reparos del interventor, recayeron cuatro años de inhabilitación para desempeñar esos puestos o los de regidor, teniente de alcalde o cualquier otro electivo en el ámbito municipal.
Falange
La investigación partió de una denuncia del exconcejal del Movimiento Falangista de España, Leoncio Calle Pila, por actuaciones cometidas entre 2003 y 2009. A esta acusación particular, que pedía nueve años de inhabilitación para todos los implicados, se sumó después el PP, que interesaba ocho años, los mismos que el fiscal -para cargo o empleo público también- al entender que la prevaricación fue "clarísima". De su lado, las dos defensas de los acusados pedían la libre absolución de todos ellos.
En sus recursos, las defensas solicitaron la práctica de prueba, parte de la cual fue estimada por la Audiencia Provincial en esta segunda instancia y que es la que se va a practicar en la vista señalada.
En concreto, el tribunal de apelación admitió una prueba documental y la testifical del actual alcalde de Santoña y concejal a la fecha de parte de los hechos.
Esta prueba ha sido propuesta por una de las defensas con el fin de “acreditar el esfuerzo realizado por mis representados en la regularización de todos los contratos objeto de imputación, muchos de los cuales venían siendo realizados por los mismos contratistas desde tiempo casi inmemorial, mucho antes del acceso a los cargos municipales de los imputados”.
