Un auto de la Justicia imposibilita la demolición de las 20 viviendas de Entrelindes en Liencres, en Piélagos
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número uno de Santander declara fuera de ordenación los inmuebles y estima la causa de imposibilidad legal de ejecución del fallo planteado por el Ayuntamiento de Piélagos
Un auto de la Justicia imposibilita la demolición de las 20 viviendas de Entrelindes en Liencres, en Piélagos. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número uno de Santander declara fuera de ordenación los inmuebles y estima la causa de imposibilidad legal de ejecución del fallo planteado por el Ayuntamiento de Piélagos .
El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media (PP), lo ha anunciado hoy, viernes, acompañado por el director general de Urbanismo y Ordenación del Territorio, Victor Gil, y por el alcalde Carlos Caramés (PP).
En su opinión “se trata de una noticia muy importante para los afectados después de “mucho tiempo sin recibir noticias positivas” de la Justicia en este asunto.
Tal y como ha detallado el consejero, en el documento se declara la imposibilidad de ejecutar la sentencia como está prevista y, por tanto, esas 20 viviendas que tenían una sentencia firme de derribo desde el año 2001 “hoy se encuentran fuera de ordenación, lo que imposibilita su demolición”.
Al margen, ha detallado que no significa que las viviendas sean legales, aunque ha matizado que a futuro podrán serlo cuando se obtenga la correspondiente licencia, pero “este es el primer paso hacia la legalización de esas viviendas que se da en Piélagos en muchos años”.
“No es un paso definitivo”, pues según ha dicho, se podrá interponer un recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia en los próximos 15 días. Sin embargo, si es un avance y ha recordado que desde que el Gobierno se constituyó a mediados del año pasado “nos pusimos como objetivo, que en la medida de lo posible, esta legislatura debiera ser la última en la que los afectados siguieran padeciendo esta lacra que pesa sobre ellos y que en ningún caso ellos han generado”.
Finalmente, el consejero agradeció la colaboración y el apoyo de los Grupos parlamentarios popular y regionalista a la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas que acompañaba el presupuesto de este año 2024 ya que “juntos y de la mano de los afectados, trabajamos para introducir unas modificaciones legales en la Ley del Suelo que permitieran llegar al punto en el que hoy nos encontramos”.
Esperanza
“Esto no garantiza nada ni es el fin de ningún camino, pero puede marcar una senda de esperanza para todos los vecinos que durante más de 20 años se han visto afectados por un problema tan grave como el de las sentencias de derribo”, ha remarcado.
Por otro lado, el alcalde ha expresado que “hoy se abre un halo de esperanza para 20 familias que tienen una historia y que llevan 25 años con ese martillo pilón, con esa espada de Damocles encima de ellos sin tener culpa de nada” y, aunque según ha remarcado, no se trataría de una solución definitiva, “sí que es un paso a la esperanza para algo que es de justicia social”.
Para llegar a ello, y en la misma línea que el consejero, Caramés ha recordado que el Partido Popular ha estado trabajando conjuntamente con el Partido Regionalista en el Parlamento de Cantabria con el fin de dar solución, entre todas las Administraciones, a un problema que generaron antaño estas mismas.
Con el fin de que estas viviendas, que en estos momentos se encuentran fuera de ordenación, puedan ser declaradas legales de manera “definitiva”, deberá ser el Ayuntamiento de Piélagos quien emita la licencia correspondiente, un hecho sobre el que se está trabajando conjuntamente con la Consejería para que el Plan General de Ordenación Urbana pueda ser una realidad “cuanto antes” y vaya en sintonía con “la tesis” de los técnicos municipales que “siempre” han defendido lo que hoy recoge la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo.
El consejero ha recordado que hay otras tres sentencias que están esperando resolución que afectan a Cerrias 1, Cerrias 2 y la L-05 sobre las que se ha mostrado confiado a que pudieran ir en la misma línea.
“Nos parece razonable y estamos convencidos de que ésta es la solución técnica. Si es así, estas familias podrían dormir tranquilas porque llevan demasiados años afectados por un tema que ellos no generaron, que ellos están padeciendo y es el momento de que se haga justicia y que, de una vez por todas, se dé una solución definitiva a un problema que dura demasiado tiempo y que les ha hecho sufrir muchísimo”, ha concluido Media.
Para el presidente de la Asociación de Maltratados por la Administración, Antonio Vilela, la valoración es que siempre es positivo que la justicia dé soluciones a los afectados por la sentencias de derribo.
Ante la posibilidad de imposibilitar otros derribos pendientes, Vilela declaró que los razonamientos jurídicos sin duda son aplicables a otros procesos. "El magistrado Juan Varea es de lo más racional en ese mundo jurídico, ojalá cree precedentes. Ahora bien, la doctrina solo la marca la Sala Tercera del Tribunal Supremo", indicó.
“Lo que echamos de menos es lo que se está tardando para que se haga esa justicia con todos ellos”, matizó.
