El Juzgado de Santander anuló el pago de 1,2 millones de euros en facturas del Ayuntamiento del Astillero

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número uno de Santander anuló el pago de 1,2 millones de euros en facturas del Ayuntamiento del Astillero efectuados en cuatro Juntas de Gobierno Local celebradas los días 7, 14, 21 y 28 de enero del año 2021.

El fallo judicial recoge que el Consistorio deberá pagar las costas judiciales y los gastos de abogados, según comentó el PSOE.

La denuncia fue interpuesta por los portavoces del Grupo Municipal del PRC, Francisco Ortiz Uriarte, y del PSOE, Salomón Martín Avendaño, contra los acuerdos de la Junta de Gobierno Local de la pasada legislatura, de los años 2019-2023, cuando el alcalde Javier Fernández Soberón (Cs) gobernó el minoría.

En el caso del día 7 de enero se aprobaban las facturas y se ordenó el pago por un importe de 153.443 euros con cargo a las aplicaciones presupuestarias del año 2020 y 40.472 euros por la tasa de gestión de residuos urbanos. También, se ordenó el pago de otros 498.843 euros con cargo a las aplicaciones presupuestarias del año 2020 y el pago de 4.346 euros de la cuota ordinaria de la Federación de municipios de Cantabria.

En la sesión ordinaria del día 14 de enero se reconoció la obligación y el pago de 42.341 euros con cargo a las aplicaciones presupuestarias del ejercicio de 2020 y 6.825 euros en las mismas condiciones. De igual forma, se autorizó la obligación de la lista de facturas de 10.275 euros y 289 euros a distintos proveedores y retenciones por Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y 4.552 euros más 151,20 euros de IRPF.

Respecto a la Junta de Gobierno Local del día 21 de enero se realiza idéntica operativa en la relación de las facturas por un importe de 3.467 euros, 299.999  euros y certificaciones de obra por 176.028 euros.

Finalmente, el día 28 de enero se aprobaron el reconocimiento de la obligación y el pago de 11.617, 63.687 y 12.024 euros imputados al ejercicio 2020.

Los demandantes consideraron que dichos acuerdos eran ilegales por romper el principio de anualidad presupuestaria, contemplado en la Ley de Haciendas Locales que especifica que el pago de las obligaciones contraídas por una Entidad Local se cerrarán el día 31 de diciembre del año correspondiente y las obligaciones reconocidas, deben serlo al fin del mes de diciembre. Los pagos provenían además de contratos vencidos y caducados, a su entender.

Ante esta situación, los recurrentes estimaron que se debió tramitar un expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos y añadieron que la atribución plenaria se deriva de la fiscalización de la intervención municipal, que debió ser realizada en disconformidad y mediante reparo, lo que conlleva la suspensión de la tramitación de los expedientes y su remisión a la Cámara Plenaria, conforme a la Ley de Haciendas Locales.

Falta de transparencia

El portavoz popular, José Antonio García Gómez, recordó que estos acuerdos se remontan a la pasada legislatura en la que toda la oposición denunció la falta de transparencia del actual alcalde.

“La sentencia anula y critica la forma de realizar el pago sin cobertura de contrato, algo que la oposición venía denunciando. Había algunas facturas emitidas por empresas cuyos contratos estaban agotados y caducados lo cual es una falta total de responsabilidad para un dirigente político y lo más grave y preocupante es que el alcalde lo sabía y siguió hacia delante sabiendo que estaba cometiendo una ilegalidad durante toda la legislatura pasada”, comentó.

Al mismo tiempo, el PP advirtió que no se puede actuar de forma diferente a lo que marca la Ley, pero al final el tiempo pone a cada uno en su sitio y esta sentencia da la razón a la oposición y saca a la luz todo este oscurantismo, falta de transparencia y opacidad de Javier Fernández Soberón y de su equipo de Gobierno de Cs.

En su opinión “esta sentencia evidencia la falta de gestión y de descontrol que existe en este Consistorio y nos sentimos tristes y avergonzados de que se produzcan estas irregularidades y que el Juzgado condené en tan solo cuatro años, en varias ocasiones, a este Ayuntamiento por cometer ilegalidades que conllevan multas que pagan con el dinero de todos los vecinos”.

Para la portavoz socialista, Judith Pérez Ezquerra, no sólo el método fue equivocado y malintencionado por el equipo de Gobierno de Cs, quien eliminó al Pleno el derecho de fiscalización a pesar de las advertencias de los demás Grupos y del Interventor. “Es triste que un Ayuntamiento de esta índole con un equipo de Gobierno que presume de buena gestión, se vea inmerso en una ejecución de sentencia por un tema tan burdo”, remarcó.

En la rueda de intervenciones, el portavoz de Cs, Alejandro Hoz Fernández, puntualizó que el informe del Interventor actual, que no es el mismo que el anterior, es favorable. “Los concejales no venimos a decidir cuándo se pagan las facturas, las firmamos, pero el Interventor es quien las da trámite a la Junta de Gobierno Local y en ese caso decidió que se podían aprobar en el año siguiente”, comentó.

En su opinión, “los pagos son correctos, el procedimiento del pago es en el año incorrecto, pero el pago no es ilegal que es lo que se intentaba hacer aquí. Con esto intentaron buscar algo para presentar la moción de censura que se quería hacer el alcalde Fernández Soberón. Y el Partido Popular se retiró de la acusación, sin iniciar el procedimiento”.

Para finalizar, el PP aclaró que retiraron la demanda porque se aprobó un presupuesto, con su apoyo, que llevaba cinco años sin este documento económico, un acuerdo tomado dentro de las negociaciones que incluyó 16 propuestas “en las cuales Cs nos engañaron al Partido Popular y a todos los vecinos por su incumplimiento, aunque éramos conscientes de la ilegalidad”.

Puestos de Trabajo

En la sesión plenaria, se dio el visto bueno a la modificación puntual de la Relación de Puestos de Trabajo tras una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número tres de Santander con fecha 11 de enero de 2024.

La plaza de auxiliar de informática, ocupada por un funcionario de carrera, tendrá un complemento personal transitorio (CPT) cuyo importe es 3.501 euros con un carácter anual de 14 pagas. Este complemento personal transitorio quedará sin efecto una vez la plaza quede vacante.

El funcionario presentó la impugnación y el fallo condena a la Administración a incluir el puesto de trabajo de auxiliar de informática C2 nivel 16 debidamente clasificado y valorado, así como a la consolidación del complemento de productividad tipo II que sea como complemento específico o como otro cualquier complemento hasta la extinción de la plaza.

En segundo lugar se deben proveer los puestos de trabajo de carácter técnico como los jefes de Urbanismo y Obras y de Mantenimiento y Obras mediante un concurso de traslado de otras Administraciones Públicas, también denominado provisión de puestos de trabajo por movilidad para funcionarios de carrera. Por este motivo, los dos puestos de trabajo se abrirán para que profesionales de otras Administraciones Públicas se presenten.

La edil Judith Pérez Ezquerra considera que “cuando se convoque ese concurso del arquitecto, uno de los méritos podría ser que tenga conocimiento y experiencia en planeamientos urbanísticos, algo de lo que adolece este Ayuntamiento”.

En la sesión plenaria, Alejandro Hoz Fernández (Cs) indicó que acatan la sentencia ante la reclamación de un trabajador y de igual forma explicó que el aparejador municipal se jubilará en 2024, mientras que el arquitecto municipal se fue a otra Administración hace unos años y ha costado conseguir a un profesional tras dos exámenes fallidos.

Sueldos

Por último, el concejal José Antonio García Gómez, exigió la publicación de los salarios de toda la Corporación municipal en la web municipal para cumplir la Ley de Transparencia con el fin de que vecinos conozcan que costarán 400.000 euros a las arcas municipales.

“Le da miedo que se conozca, es público, tiene que saberse, es la Ley y llevamos diciéndolo desde que empezó la presente legislatura, pero a día de hoy sólo aparecen publicados los datos hasta el año 2021, motivo por el que debe colgar la información del 2022, 2023 y 2024, junto con la declaración de bienes de cada uno, ya que quizás es una casualidad, sólo está publicada la mía”, matizó.