Piélagos ratifica la legalidad en sus contrataciones y estudiará si el PP cometió un delito de calumnias
La alcaldesa del municipio, Verónica Samperio (PSOE), recordó que eliminó a los políticos de las mesas de contratación e impulsó la creación de un órgano de contratación inexistente en el Ayuntamiento
El Pleno del Ayuntamiento de Piélagos ha ratificado hoy en un Pleno extraordinario, celebrado a petición del equipo de Gobierno (PSOE-PRC-AVIP), la legalidad de todas las contrataciones llevadas a cabo con las entidades ‘María Luisa Rebolledo Deschamps’ y ‘Ágora espacio de formación feminista’.
Además, ha depositado su confianza en el trabajo, competencia, independencia y buen hacer de todos los técnicos municipales que han intervenido en la tramitación de las contrataciones, dos cuestiones que han contado con la abstención de Cs y PP.
Asimismo, ha acordado la elaboración de los informes jurídicos precisos para determinar la procedencia de inicio del ejercicio de acciones judiciales, dado que las manifestaciones efectuadas por el PP de Cantabria acusando de una trama de corrupción que afectaba al Gobierno regional, concretamente a la dimitida directora General de Juventud, y que se extendía a distintos Ayuntamientos de la región, como Piélagos o Camargo, pudieran incurrir en un posible delito de calumnias con publicidad tipificado en el artículo 2026 del Código Penal. Este punto ha contado con el voto en contra el PP y la abstención de Cs.
“Entiendo que intentar crear una trama donde no existe y mencionar a dos ayuntamientos fuertes de Cantabria es necesario para un PP falto de proyectos e iniciativas, como hemos visto a lo largo de toda la legislatura”, ha reprochado Samperio, quien ha acusado al portavoz del grupo municipal popular de vivir en “una permanente contradicción”.
La regidora municipal le ha explicado que, en el Ayuntamiento de Piélagos hay siete contrataciones con las entidades ‘María Luisa Rebolledo Deschamps’ y ‘Ágora espacio de formación feminista’.
De ellas, ha precisado, una es una licitación abierta, dos contratos menores, todos ellos por importe menor de 6.000 euros y cuatro autorizaciones de gasto que, siguiendo las bases de ejecución, son todas de menos de 3.000 euros.
En ese sentido, ha recalcado no s0lo que los procedimientos se han realizado de manera exquisita y con los preceptivos informes técnicos sino que la adjudicataria es una empresa de reconocida trayectoria nacional, que trabaja para gobiernos regionales, diputaciones y ayuntamientos de todos los colores, que incluso fue premiada por el Ayuntamiento de Cádiz cuando gobernaba el PP.
“Estamos hablando de 70.000 euros en cinco años”, ha subrayado Samperio, quien se ha mostrado convencida de que, si se suman contratos de otras empresas en ese mismo periodo, “muchas superan esa cuantía”.
La alcaldesa ha lamentado que el PP esté intentando sembrar dudas sobre procedimientos legales a los que no se le puede achacar ni un error, algo que, en su opinión, quizá no haya sucedido con otros procedimientos que “no hayan pasado tantos filtros”.
Como ejemplo, se ha referido a la contratación, en mayo de 2013, de un servicio de asesoramiento y apoyo a la arquitecta municipal por acumulación de contrato, que contó con un extenso y exhaustivo informe del jefe del Urbanismo municipal de la época que, registrado en la Delegación del Gobierno, rechazaba dicha contratación por no ser necesaria.
“Lejos de hacer una licitación abierta para esos 70.000 euros, se pidieron tres ofertas a tres arquitectos asturianos y, con el informe técnico en contra, se continuó con el procedimiento”, ha relatado Samperio, quien ha apuntado que el día 24 de mayo de 2013 se firmó el contrato por valor de 69.696 euros, a razón de 3.872 euros mensuales durante 18 meses.
Samperio ha hecho hincapié en que se pagaron todas las facturas sin la conformidad de ningún técnico o informe, solo con el visto bueno el anterior alcalde del PP.
En la misma línea, ha criticado que, tras solicitar un certificado de los trabajos realizados, se ha comprobado que no existe ningún trabajo con arreglo a ese contrato.
“Mientras que sea la alcaldesa no voy a permitir que vuele ni una sola sombra de corrupción, por eso quité a los políticos de las mesas de contratación, por eso impulsé la creación de un órgano de contratación que no existía en este Ayuntamiento y entiendo que a ustedes -en alusión al PP-, a diferencia de nosotros les parezca rara nuestra forma de proceder visto el ejemplo que les acabo de poner”, ha subrayado la alcaldesa.
“Quizás se cree el ladrón que todos son de su condición”, ha ironizado el portavoz del grupo municipal AVIP, Luis Sañudo, quien ha denunciado dos cosas, a su juicio, “gravísimas”.
De hecho, ha criticado que no sólo “se ha vilipendiado el nombre de Piélagos de la manera que se ha hecho” sino también de manera “rastrera” el buen hacer de los funcionarios municipales, algo “inaceptable e intolerable”.
En los mismos términos se ha expresado el portavoz del grupo municipal PRC, Alfredo Rodríguez Otero, quien ha asegurado que el PP siempre hace lo mismo. “Ven la paja en el ojo ajeno, antes que la viga en el propio”, ha apostillad.
“Si veis que algo es irregular, id al Juzgado”, ha espetado el edil a los populares, a los que ha acusado de “montar una película” tratando de tener “escándalo para buscar visibilidad”.
Mismo procedimiento
“El PP ha tratado de inculpar al Ayuntamiento de Piélagos en una trama de contratos viciados”, ha cuestionado el portavoz del Grupo municipal PSOE y concejal de Presupuestos y Contratación, Roberto Ruiz Argumosa, quien ha recordado que esta formación es “una auténtica autoridad en materia de corrupción”, tal y como atestiguan las tres sentencias de la Audiencia Nacional, una de ellas ya ratificada por el Tribunal Supremo, que condena no a miembros o cargos del partido, sino al PP como organización política, “el único partido en España actualmente condenado por corrupción”.
Respecto a los contratos objeto de sospecha por el PP, Ruiz Argumosa ha aclarado que el primer de ellos, de 2017, se hizo con la Ley de contratos anterior y, por ello, se pidieron tres ofertas, adjudicándose el mismo, a una de ellas, ‘María Luisa Rebolledo Deschamps’ mediante un contrato menor por la cuantía, ya que el importe no alcanzaba los 10.000 euros.
“Medio año antes, si entran en la página web del Ayuntamiento de Santander, verán la relación de contratos menores de diciembre de 2016, donde aparece una para un taller de prevención de violencia de género, similar al de Piélagos, por un importe de 12.986 euros, adjudicado a la misma empresa, ‘María Luisa Rebolledo Deschamps’, por contratación menor”, ha relatado el concejal de Contratación.
“Yo no creo que el Ayuntamiento de Santander ni su alcaldesa formase parte de la trama de contratación viciada, pero es que es exactamente igual el procedimiento y la empresa y la cuantía incluso mayor”, ha ironizado Ruiz Argumosa.
A juicio del portavoz del Grupo municipal PP, Carlos Caramés, “se ha montado este circo porque, tal y como se indicó en Comisión, por parte del equipo de Gobierno se han visto salpicados por el ‘Caso Renedo’ y los contratos de ‘María Luisa Rebolledo Deschamps’, que ha provocado la dimisión de la directora general de Juventud del Gobierno de Cantabria, miembros del PSOE”. De hecho, ha defendido que “hay cosas que no tapa el maquillaje”.
Por su parte, el concejal del Grupo municipal Cs, Marco Antonio Pelayo, ha justificado su abstención en la votación al considerar que “no veo competencia del Pleno abordar este asunto”.