Aprobadas la concesión de 1,3 millones de euros en indemnizaciones para 35 víctimas del terrorismo o familiares
También se dio el visto bueno al nuevo bombeo e impulsión del Plan Hidráulico Cabarga para la mejora de la calidad del agua a Villaescusa y El Astillero con un importe de 1,8 millones de euros
El Consejo de Gobierno aprobó hoy la concesión de indemnizaciones por un importe de 1,3 millones de euros a 35 víctimas del terrorismo o familiares de las mismas por fallecimiento, daños físicos o psíquicos según lo dispuesto en la Ley de Cantabria 1/2023, del día 5 de abril de Reconocimiento, Homenaje, Memoria y Dignidad a las Víctimas del Terrorismo y su posterior orden de desarrollo 29/2014, de 3 de abril.
Las indemnizaciones se reconocen a los familiares con motivo del fallecimiento de la víctima del terrorismo o a la propia víctima, por los daños físicos o psíquicos sufridos, con ocasión de la gran invalidez, incapacidad permanente absoluta, total, parcial, temporal y lesiones de carácter definitivo no invalidantes. En todos los casos la cuantía a reconocer el equivalente al 30 por ciento de la cantidad concedida por la Administración General del Estado para el mismo supuesto.
La normativa dispone que, para aquellas personas que tuvieran reconocida la condición de víctima del terrorismo por hechos cometidos entre el 1 de enero de 1960 y 15 de abril del 2023, el plazo de presentación de solicitudes de indemnización finalizaron el día 15 de abril del 2024. Así, se han recibido 52 solicitudes y, una vez tramitadas, se denegaron seis por no haber resultado indemnizadas como víctimas del terrorismo o siéndolo lo eran por supuestos distintos. Al mismo tiempo, se resolvió el desistimiento en otros once expedientes al no presentar la documentación requerida.
Además, a iniciativa del Ministerio de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, se ha dado el visto bueno a contratar el nuevo bombeo e impulsión del Plan Hidráulico Cabarga para la mejora de la calidad del agua a Villaescusa y El Astillero con un presupuesto de 1,8 millones de euros.
El objetivo de esta actuación es reducir la dureza del agua que se suministra a los citados municipios; aumentar la garantía de suministro a largo plazo y mejorar la eficiencia energética del sistema.
