Las Corporaciones locales recibirán 52 millones de euros para contratar personas desempleadas

El Gobierno ha aprobado conceder ayudas por importe de 52 millones de euros a las Corporaciones locales de la Comunidad Autónoma para la inserción laboral de alrededor de 5.600 personas desempleadas en la realización de obras y servicios de interés general y social.

Así lo ha anunciado la consejera de Economía y Hacienda, Ana Belén Álvarez (PSOE), en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, quien explicó que el carácter bianual es la principal novedad de esta convocatoria aprobada este año, a la que se han presentado la práctica totalidad de ayuntamientos y mancomunidades de Cantabria.

En cuanto al destino de estas subvenciones, ha indicado que el 50 por ciento se dirigirán a la contratación de personas desempleadas en general y el otro 50 por ciento para personas desempleadas de larga duración.

En este sentido, ha recordado que estas ayudas se dirigen con carácter prioritario a lograr la inserción laboral de colectivos con especiales dificultades para acceder al mercado de trabajo, haciendo frente a la necesidad de las personas que carecen de empleo para que pueda adquirir experiencia laboral para desempeñar un trabajo.

Sobre los contratos que se van a realizar a través de estas subvenciones, la titular de Economía y Hacienda ha comentado que tendrán una duración mínima de tres meses y máxima de seis, y que se desarrollarán en jornada laboral completa.

Salvamento

El Consejo de Gobierno aprobó la concesión de ayudas por importe de 600.000 euros a los ayuntamientos de Alfoz de Lloredo, Arnuero, Bareyo, Camargo, Castro Urdiales, Comillas, Laredo, Marina de Cudeyo, Miengo, Noja, Piélagos, Ribamontán al Mar, Santa Cruz de Bezana, Santander, Santoña, San Vicente de la Barquera, Suances y Valdáliga para la vigilancia, rescate y salvamento en playas.

El objetivo es mejorar el dispositivo de salvamento y socorrismo desplegado en las playas durante el verano. En total, 18 ayuntamientos litorales recibirán la ayuda autonómica, que financia los medios materiales y personales que disponen los municipios para asegurar la actividad de los bañistas.

El Gobierno ha resuelto conceder ayudas por valor de 287.000 euros a diversos ayuntamientos de la Comunidad Autónoma para la limpieza de playas rurales: a San Vicente de la Barquera para la limpieza de las playas de Fuentes, Merón, Oyambre y Gerra; Noja, para Helgueras este y oeste; Valdáliga de cara a la limpieza de Oyambre y La Rabia; Ribamontán al Mar para Arnillas, Langre Grande, Somo y El Puntal; Miengo para Usgo y Los Caballos; Piélagos para Canallave y Valdearenas; Val de San Vicente para El Pedrero, Aramal, El Sable y Berellín; al Ayuntamiento de Liendo para el Arenal de Sonabia; Suances, para Tagle-El Sable y Santillana del Mar para Santa Justa.

Estas ayudas financian la prestación de los servicios de limpieza de las playas rurales, con el objetivo de contribuir a aquellas actuaciones de las entidades locales que, en la realización de servicios municipales, vayan encaminadas a la conservación y mantenimiento del patrimonio natural y medio ambiente de la región, preservación de su elevado potencial paisajístico y de su capacidad de provisión de servicios ecosistémicos, en equilibrio con el uso y disfrute de los mismos por parte de la ciudadanía.

El Consejo de Gobierno también ha acordado comunicar al Parlamento de Cantabria la celebración del Debate sobre la Orientación Política del Gobierno los días 29 y 30 de junio de 2022.  

Además, se ha autorizado la prórroga por un nuevo plazo de nueve meses de la suspensión de la concesión de autorizaciones de funcionamiento de nuevos salones de juego y locales de apuestas en Cantabria. Así, se han aprobado importantes acuerdos en materia educativa, entre los que destacan los suscritos con diversos ayuntamientos para la mejora de las infraestructuras educativas.

Es la tercera prórroga de suspensión de la concesión de nuevas autorizaciones de salones de juego que promueve el Ejecutivo regional y que se mantendrá vigente hasta la entrada en vigor de la nueva normativa.

La próxima Ley en materia de juego tendrá como eje vertebrador las políticas de juego responsable y pondrá el foco en la protección de los colectivos vulnerables, la lucha contra el fraude, la prevención de las conductas patológicas y la salvaguarda de los derechos de las personas usuarias.