Manifestación en defensa de la sanidad pública de calidad desde Cuatro Caminos al Ayuntamiento de Santander
La movilización tendrá lugar el sábado, día 26 de marzo, a las 12.00 horas
Santander acogerá el sábado, día 26 de marzo, a las 12.00 horas, una manifestación en defensa de la sanidad pública de calidad que discurrirá desde Cuatro Caminos hasta el Ayuntamiento.
La movilización está convocada por Anticapitalistas Cantabria, Podemos, Izquierda Unida, Coordinadora Cántabra de Pensionistas, Comité Interpueblos, Confederación Nacional del Trabajo (CNT), Juventud Comunista de los Pueblos de España (JCPE), Confederación General del Trabajo (CGT), Intersindical Cántabra (STEC-SACT-SFI-SUC) y el Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) con el fin de mostrar su rechazo a los recortes en la sanidad y contra su privatización.
Estos partidos, sindicatos y organizaciones consideran que la conquista de la sanidad pública, universal y gratuita, alcanzada con mucho esfuerzo por los mayores, supone la mayor herramienta de igualdad y equidad para una sociedad.
“Sin embargo, este derecho se está viendo seriamente amenazado ante el reto que ha supuesto la covid-19, que ha puesto en evidencia las profundas deficiencias y debilidades a consecuencia de años de recortes, falta de financiación e inversiones suficientes. Y todo ello a pesar de la comprensión y comportamiento ejemplar de la ciudadanía y del compromiso y profesionalidad del personal sanitario”, aseguran.
Donde ha sido más palpable este deterioro ha sido en la pérdida de accesibilidad a la sanidad pública, con la saturación de los centro de salud, que se ha evidenciado en la colas de usuarios o en la imposibilidad de conectarse telefónicamente, en el aumento de las listas de espera, el incremento de pacientes a atender por cada sanitario y en las altas tasas de contagios entre estos últimos, inciden.
La falta de adecuación y dotación de recursos humanos y materiales para abordar las necesidades de salud de la población, así como la privatización creciente y masiva de los servicios sanitarios, que se está produciendo alarmantemente en algunas Comunidades Autónoma, “pone a la sociedad ante un espejo no muy lejano, si no hacemos nada por evitarlo, en los que la salud esté privatizada y sea convertida en un negocio que sirva al enriquecimiento de las empresas, enajenando lo que se ha creado con el esfuerzo de todos y de todas y de lo que ningún gobierno puede disponer lícitamente”, señalaron.
Ante esta situación, las organizaciones firmantes reclaman una sanidad pública, gratuita y universal, financiada con fondos públicos suficientes y en oposición a la penetración de los intereses privados en la gestión y la provisión de servicios en el sector público, para garantizar el real y efectivo derecho a la salud de toda la ciudadanía.
También, exigen reforzar la atención primaria, de tal forma que se prioricen las consultas presenciales, fundamentales para lograr una eficaz relación profesional y paciente y una atención de calidad y donde el ratio paciente y permita una atención suficiente.
No se olvidan de solicitar la reducción de las listas de espera, mediante la inversión necesaria y la adecuación de los medios profesionales y materiales; la creación de espacios donde los usuarios puedan participar y decidir en su gestión y dar priorizar a la salud mental, seriamente dañada entre la población a consecuencia de la covid-19.
Iniciativa Legislativa Popular
Las organizaciones convocantes apoyan la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la recuperación del Sistema Nacional de Salud (SNS) que ha presentado la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad Estatal (CAS) en el Congreso de los Diputados.
La CAS nace como un grupo de usuarios y profesionales sanitarios con el objetivo de aunar esfuerzos para luchar contra todo tipo de privatización del Sistema Nacional de Salud y en defensa de un sistema sanitario público de calidad, que atienda a todos/as sin exclusiones.
Sus puntos básicos hacen referencia a la derogación de las leyes privatizadoras, la atención sanitaria para todas las personas que se encuentren en el país, sin restricciones, independientemente de su situación administrativa, así como la creación de un sistema público de farmacia y productos sanitarios, junto con reforzar la atención sanitaria, de tal forma que se dote del 25 por ciento del gasto sanitario a asumir sus funciones.
