Cantabria reclama al Gobierno central recuperar los guardias civiles perdidos en los últimos años

El Parlamento de Cantabria ha aprobado una iniciativa del PRC para que el Gobierno regional inste al Ejecutivo central que se recuperen de forma inmediata los efectivos de Guardia Civil suprimidos en la Comunidad en los últimos años. El PRC, PP y Vox votaron a favor y el PSOE se abstuvo.

La Proposición No de Ley (PNL) incluye reivindicar más efectivos de Guardia Civil, conformada por cuatro puntos en los que se pide garantizar suficiente dotación en infraestructura y medios para la correcta prestación de todos sus servicios, devolver la actividad a los cuarteles rurales cerrados o cuyo horario de atención al público se haya visto reducido, suprimir la necesidad de cita previa para poder presentar denuncias y desarrollar un plan de mejora y mantenimiento de las dependencias oficiales mediante convenios con el Gobierno de Cantabria y los ayuntamientos.

La regionalista Rosa Díaz ha defendido la iniciativa destacando que en los últimos 10 años se han perdido en España 10.000 efectivos y que eso está retrasando el tiempo de respuesta ante incidentes hasta los 20 o 30 minutos. Aunque ha reconocido que en los últimos años se han aumentado las plazas, considera que aún "son insuficientes".

A ello se suma que la calidad de atención en los puestos "va disminuyendo porque no hay agentes", pues los rurales solo abren un día a la semana y los comarcales solo en horario de mañana.

Vox ha coincidido en que los recursos "son escasos" y se está generando una "sensación de inseguridad" entre la población, al igual que el PP, que ha manifestado que la percepción de los ciudadanos es que los efectivos "nunca están cuando se les necesita".

No obstante, los 'populares' han señalado que el Gobierno central "es consciente" de la situación, pues la delegada del Gobierno en Cantabria, Eugenia Gómez de Diego (PSOE), ha manifestado que actualmente hay 1.225 agentes en la Comunidad y que "se está trabajando" en la reversión de la falta de efectivos. Pero en opinión del PP, "el PSOE ni está ni se le espera".

De hecho, ha criticado al anterior Gobierno regional de PRC-PSOE porque "se olvidaron reivindicar" este aumento de efectivos, por lo que han considerado que con esta PNL los regionalistas reclaman medidas para problemas que ellos mismos "generaron o agravaron".

13.000 agentes

Sin embargo, los socialistas se han abstenido remarcando que la reducción de efectivos se produjo entre 2012 y 2018 por el Gobierno del PP y que el actual "está revirtiendo esa situación" y ha ido aumentando las plantillas, habiendo incorporado el año pasado 13.000 agentes de los que se "perdieron".

Esta iniciativa regionalista se suma otra con la que la Cámara insta al Gobierno de España a dejar de "abusar" de la figura de los decretos Ley.

En este caso, la propuesta ha partido de Vox y ha salido adelante al sumar sus votos con los del PP, ya que ambos consideran que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está haciendo un "abuso de poder"; mientras que PRC y PSOE han defendido los decretos Ley como una herramienta constitucional que puede usarse para impulsar medidas "urgentes" para quienes "no llegan a fin de mes", por ejemplo ayudas en materia social y laboral, subida de pensiones o reducción del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de los alimentos.

Por otro lado, han defendido la actuación del Ejecutivo de Pedro Sánchez en torno al uso de decretos Ley durante el debate de la PNL que PP y Vox han aprobado pidiendo que se usen sólo "en caso de extraordinaria y urgente necesidad", ya que denuncian que se usan para sacar adelante iniciativas "evitando el debate" y "sin oposición".

Y es que para la portavoz de Vox, Leticia Díaz, Sánchez es "el campeón" en el uso de esta fórmula al haber aprobado 140 de estos decretos en menos de seis años. "Cuando lo excepcional pasa a ser ordinario, tenemos un problema de salud democrática", ha opinado, añadiendo que en el último periodo la legislación excepcional fue "casi tres veces mayor" que la ordinaria.

Desde el PP, el diputado Rafael de la Gándara ha añadido que el único dirigente que a día de hoy "gana" a Sánchez en decretos Ley, "y por poco, es Miguel Primo de Rivera. Con esta comparación podemos hacernos la idea de por dónde vamos", ha apostillado.

A su juicio, "se están saltando los derechos fundamentales, las libertades y todos los trámites", pese a que entiende que estos decretos son "un buen instrumento jurídico" si se utilizan bien, e incluso que el Parlamento cántabro tendrá que debatir para aplicar al reglamento.

Por el contrario, el PRC ha rechazado esta iniciativa de Vox opinando que "han venido a criticar al Gobierno Sánchez porque sí", ya que su propio partido ha aprobado en el Gobierno de Castilla y León ocho decretos ley entre julio y diciembre. Además, los regionalistas han señalado que a Vox "no le gusta el pluralismo político" ni "todo lo que suene a democracia, a participación, a actuaciones constitucionales, a gestión".

Finalmente, el PSOE ha defendido que esos decretos se han utilizado para impulsar medidas como la revalorización de las pensiones, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la bajada del IVA o las ayudas al transporte, todo ello "de extraordinaria y urgente necesidad" para los colectivos más vulnerables. "Eso no es abuso de poder", ha sostenido Eva Salmón, quien ha añadido que el Tribunal Constitucional ha avalado al Ejecutivo ante recursos de la oposición.

Educación pública

En la sesión matinal del Pleno se han abordado otras dos iniciativas que no han salido adelante: una moción del PRC para que las 3.263 pizarras digitales adquiridas se repartieran a los centros públicos como tenía previsto el Gobierno anterior, en lugar de a concertados, y otra PNL del PSOE en la que pedía al Gobierno cántabro actuar contra las publicaciones realizadas en el perfil del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Cantabria (CEUC) contra el colectivo LGTBI.

Los socialistas demandaban al Ejecutivo que aplicara su potestad sancionadora acusándole de "no haber hecho nada" aún pese a que las publicaciones aparecieron el día 15 de enero, pero todos los demás grupos (PP, PRC y Vox) han señalado que lo que ahora procede es respetar la "autonomía universitaria" y dejar que la UC termine su investigación, pues todavía se desconoce la autoría de los mensajes.

"¿A quién sancionará si ni siquiera se conoce la autoría de estos hechos?", ha cuestionado el 'popular' Álvaro Aguirre, lamentando que el PSOE trate de sacar "tajada política" de unos hechos "lamentables" ante los que ha asegurado que, si esperaba "tibieza o ambigüedad del PP, pincha en hueso".

De hecho, el grupo había presentado una enmienda para poder votar a favor tratando de hacer que el acuerdo "se ajustara a derecho", pero el PSOE la ha rechazado opinando que su texto venía a decir que "el problema no es del Gobierno", según el socialista Jorge Gutiérrez.

Finalmente, PP y Vox han vuelto a unir sus votos para tumbar la PNL que ha defendido la regionalista Teresa Noceda, y que apoyaban PRC y PSOE, pidiendo a la Consejería de Educación que no concediera a los centros concertados las pizarras digitales que eran para los públicos, algo que aseguran que ha sentado "muy mal" a los docentes.

Además, Noceda ha denunciado que este material esté "retenido" todavía porque se está a la espera de "clarificar los criterios de reparto".

Por su parte, el PP ha defendido que está impulsando una nueva planificación "más justa, coherente y adaptada a las necesidades de los alumnos".