La delegación del Gobierno afirma que “Cantabria ahorrará cinco millones de euros con la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia”

La Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia supondrá un ahorro de cinco millones de euros para Cantabria en los próximos 10 años, y cerca de 300 millones de euros en total para las 12 Comunidades Autónomas que tienen transferida la competencia en esta materia, según la Delegación del Gobierno.

El cálculo se ha realizado teniendo en cuenta cuántos órganos judiciales se crean cada año de media y el hecho de que, hasta ahora, esto suponía la creación de un juzgado y toda su estructura (inmuebles, personal, entre otros), con un coste de 400.000 euros. Con la nueva Ley, en cambio, el coste de crear una nueva plaza de juez será de 86.000 euros, ya que dejará de estar vinculada a la implantación de un nuevo juzgado, afirman.

Su implantación, en cambio, solo requerirá en este momento una inversión de alrededor de 258.000 euros por parte de la Comunidad, ya que no será necesario construir nuevas sedes judiciales, sino solo adecuar las existentes a la nueva estructura prevista en la norma.

Así se desprende de un análisis que el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha realizado para presentar hoy en la Conferencia Sectorial celebrada en Barcelona, centrada en el proceso de la reforma de la Justicia.

Finalmente, el Pleno no ha podido celebrarse por no haber alcanzado el quorum de asistentes, tras el abandono de diversos gobiernos autonómicos, entre ellos el de Cantabria, que no han podido escuchar las cifras que afectan a sus territorios ni compartir sus esfuerzos para la implementación de la nueva Ley o escuchar al resto de Comunidades Autónomas. No obstante, el ministerio y los consejeros de País Vasco, Catalunya, Canarias, Navarra y Asturias han mantenido la reunión en los términos previstos y continuar así trabajando en la mejora del Servicio Público de Justicia.

Más de ocho millones invertidos

La inversión que el Ministerio ya ha realizado en Cantabria para adaptar sus estructuras a la Ley de Eficiencia, que asciende a ocho millones de euros, procedentes en su mayoría de fondos europeos , una cifra histórica para modernizar este servicio público y avanzar en la implantación del nuevo modelo organizativo.

Por otra parte, se requiere un esfuerzo por parte de las Comunidades Autónomas con competencias transferidas para culminar la adopción del nuevo modelo de Oficina Judicial, clave para la nueva organización prevista en la ley. Aunque su creación está prevista desde hace 20 años, su implantación es muy desigual en el territorio.

La mayor transformación de la Justicia en décadas Los avances realizados en las nueve líneas de trabajo planificadas para la implementación de los Tribunales de Instancia en todo el territorio donde el ministerio tiene la competencia en materia de justicia permitirán que estén previsiblemente en funcionamiento a partir del 1 de julio, del 1 de octubre y del 31 de diciembre de este año, conforme a los plazos establecidos en la ley.

Más ágil y eficiente

La Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, aprobada el pasado mes de enero, prevé una reforma profunda de la organización judicial para hacerla más ágil y flexible y dotarla de mayor capacidad de respuesta ante la congestión de los juzgados.

La norma, que se aplica de forma progresiva durante 2025, transforma los 3.931 juzgados unipersonales en 431 Tribunales de Instancia, cada uno de ellos, asistidos administrativamente por una Oficina Judicial. Esto permitirá, por ejemplo, una especialización de las plazas judiciales, que se ordenarán por secciones.

La nueva estructura, que arranca el 1 de julio y se completará el próximo 31 de diciembre, facilitará la dotación de más plazas judiciales en los Tribunales de Instancia cuando sea necesario, ya que su creación dejará de estar vinculada a la implantación de un juzgado.

Abandono

La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia (PP), junto con el resto de consejeros de Justicia de otras Comunidades Autónomas, ha decidido no participar en la Sectorial de Justicia de Barcelona, ante la “falta de compromiso” por parte del ministro Félix Bolaños.

La consejera ha explicado “que no podíamos sentarnos hoy en la conferencia sectorial sin un compromiso, por parte del Ministerio”, para tomar decisiones de cara a la implantación de la nueva Ley Orgánica 1/2025 de eficiencia del Servicio Público de Justicia. “Y no lo podíamos hacer porque era necesario que habláramos y decidiéramos de lo que realmente importa”, ha añadido.

Con estas afirmaciones, la consejera se refería a establecer los modelos de referencia, y aprobarlos en esta Conferencia Sectorial, con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica en la aplicación de esta Ley.

Así como también a la financiación de esta Ley, del coste que va a suponer su puesta en marcha para la comunidad autónoma, “que, en el caso de Cantabria, sin haber todavía valorado muchos aspectos, ya nos va a costar 2 millones de euros, de carácter estructural y de futuro”, ha señalado.

“Una cantidad, dos millones de euros más que no estaban previstos en nuestro presupuesto y que nuestro ministro se niega, de forma rotunda, a financiar”, ha añadido.

La consejera ha considerado que esta postura pone de manifiesto “lo contrario a la cogobernanza, ellos legislan y nosotros tenemos no solo implementar lo que legislan, sino también financiarlo”.

Otro de los asuntos planteados por Cantabria para debatir en esta Conferencia Sectorial era el desarrollo de la Ley, de los reglamentos que van vincular a las comunidades autónomas y “a los que, a fecha de hoy, no tenemos noticia ni conocemos su contenido”.

Lo mismo ha ocurrido con la aprobación de un marco común de teletrabajo, a lo que también se ha negado el ministro Bolaños.

Cartas de Cantabria

Para la consejera de Justicia, la convocatoria de esta Sectorial tiene como fin “ser un monólogo del ministro, para que hablemos y no decidamos. Y nosotros no estamos para perder el tiempo”, ha explicado.

Urrutia ha recordado que esta misma semana, desde su Departamento, se han enviado cartas para la inclusión de estos asuntos, ya se había avanzado en la pasada Conferencia Sectorial de Córdoba del pasado mes de noviembre, y que, pese a que el ministro se comprometió a meter esos puntos del orden del día, finalmente no lo ha hecho. “No nos ha dado la posibilidad de decidir sobre el futuro de la administración de Justicia”, ha concluido.

A este respecto, ha añadido que lo que ha dejado hoy clarísimo el ministro de Justicia es lo que vemos todos los días con el Gobierno de Sánchez, “la falta de democracia, la falta de lealtad a las comunidades autónomas y la falta de compromiso y colaboración con las regiones”.

Y ello viene refrendado por la propia manifestación de Bolaños, previa a la celebración de esta Sectorial, “no voy a llevar nada a la Conferencia Sectorial que sea decisorio, por si lo pierdo”. Ese ha sido uno de los argumentos para no introducir los puntos que se le había exigido en las tres cartas.

Sectorial informativa

Urrutia afirmó el pasado lunes en el Parlamento de Cantabria que la cita de hoy, viernes, en Barcelona estaba hecha a los “solos efectos informativos y a mayor gloria del ministro”, recordando la necesidad de que la Conferencia Sectorial de Justicia tome decisiones imprescindibles en el foro adecuado para poder implantar con las suficientes garantías el nuevo modelo de oficina judicial.

Urrutia aseveró en el Parlamento que “el ministro, a lo que se tenía que dedicar, es a cumplir con la Ley 40/2015 y ser leal, actuar de buena fe y colaborar con las Comunidades Autónomas, y no hacer lo que está haciendo, que es torpedear en todo lo que puede”.

También, recordó el hartazgo que tienen las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en materia de justicia por la actitud del ministerio, que viene actuando bloqueando sus decisiones y está más preocupado por cumplir sus objetivos en el territorio no transferido que en asumir sus responsabilidades con todo el territorio estatal.

“No nos da documentación, no nos da financiación y no hace más que ponernos palos en las ruedas. Así, no avanzamos, ni el Estado ni las comunidades autónomas”, añadió la consejera.

Y es que la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, deberá estar implantada en siete partidos judiciales de Cantabria, incluido Torrelavega, antes del próximo día 1 de julio, y para el 31 de diciembre de 2025 en el partido judicial de Santander.