El PRC insta al Congreso a introducir modificaciones legislativas para atajar la ocupación ilegal de viviendas e inmuebles

El Grupo parlamentario regionalista insta al Congreso de los Diputados a introducir modificaciones legislativas para atajar la ocupación ilegal de viviendas en inmuebles.

Por este motivo, y de la mano de la diputada regional y alcaldesa de Polanco, Rosa Díaz, defenderá el lunes, día 25 de octubre, en el Parlamento de Cantabria, una Proposición No de Ley para llevar a cabo esta iniciativa, dado que en su opinión los casos están pasando de ser “por necesidades personales” a “con intencionalidad delictiva o cuasi-delictiva”.

Rosa Díaz ha lamentado que la última reforma del Código Penal que introdujo el delito de usurpación de inmuebles, para aquellos supuestos de ocupación “que no constituyan morada y contra la voluntad de sus titular” y unas penas de tres a seis meses, haya “servido de poco”.

Por ello, los regionalistas plantean la necesidad de acometer una serie de modificaciones en varias leyes “para garantizar el derecho fundamental a la propiedad privada y a la vivienda”.

Los cambios afectan a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al Código Penal, a la Ley sobre propiedad horizontal, a la Ley de Bases de Régimen Local y a la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado.

En el Código Penal, proponen cambiar los artículos 245 y 269 para endurecer las penas por el delito de usurpación, que pasarían a entre tres y cinco años; en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, piden permitir a la Policía el desalojo de la vivienda en situación de flagrante delito o, en caso de que no lo sea, en 24 horas; y en la Ley sobre Propiedad Horizontal, plantean que a las comunidades de propietarios se les habilite como personas jurídicas “para que puedan iniciar los procesos de recuperación de la vivienda en aras de una mejor convivencia y evitando actividades molestas insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas”.

Igualmente, en la Ley de Bases de Régimen Local, incluyen una nuevo apartado en el apartado cuarto del artículo 18 para evitar la inscripción en el padrón municipal de un ocupante ilegal, con lo que los ayuntamientos “darán de baja de oficio o a instancias del propietarios o poseedor real legítimo las inscripciones en cuanto tuvieran conocimiento de ello”; y, por último, en la Ley del Tribunal del Jurado, reclaman modificar el artículo 12 “para eliminar el delito de allanamiento de la lista de los sometidos a este procedimiento y mejorar, con ello, la rapidez y agilidad de la solución de los conflictos en la materia”.

Los regionalistas apuntan que, en la actualidad, cada vez se dan más situaciones de inquilinos que no pagan y se niegan a abandonar las viviendas y personas que ocupan viviendas vacías “con ánimo de permanecer en ellas sin contribución alguna a sus propietarios”.

Mafias

Una situación que, según el PRC, se ha “agravado” con la llegada de “mafias” que “alquilan” las viviendas a “personas de buena fe” o que “chantajean” a los propietarios “a cambio de compensaciones para recuperar sus propiedades”.

“Son contra este tipo de colectivos que, en muchas ocasiones, provocan situaciones muy complicadas en la convivencia vecinal ante los que tenemos que actuar y los que más nos preocupan, por los problemas que causan a los legítimos propietarios”, ha sostenido Díaz.

En su opinión, todo parece indicar que la situación “no va a mejorar” y las alternativas legales con las que se cuenta, tanto en la vía penal, delito de usurpación, como en la civil, desahucio precario, “son insuficientes”, como consecuencia del “largo procedimiento” que puede prolongarse 18 meses. “Esto deja sin efecto un tutela judicial rápida y segura”, ha sostenido.

Por todo ello, en su iniciativa, además de solicitar esas modificaciones legislativas, instan al Gobierno de Cantabria a que siga mostrando su preocupación por “este problema” y a que “continúe apoyando a los afectados” mediante asesoramiento y búsqueda de soluciones.

Polanco

El Ayuntamiento de Polanco prestará todo el apoyo que esté en su mano a los vecinos de una segunda urbanización en Requejada, afectada por ocupaciones irregulares de algunas viviendas, ante los problemas de convivencias que se producen, así como de seguridad para evitar situaciones peligrosas derivadas de los enganches ilegales de luz y de agua que se llevan a cabo.

Este anuncio ha sido realizado por la alcaldesa, Rosa Díaz Fernández, tras recibir a una representación de los vecinos de esta urbanización que le han traslado su preocupación ante las situaciones que generan cierta alarma social, además de la imposibilidad de comunicar a la entidad propietaria de las mismas el estado de las viviendas ocupadas.

Es una urbanización distinta a la que ya se intervino desde el Ayuntamiento hace algunos meses, donde gracias a las gestiones realizadas ante la propiedad de las viviendas ocupadas, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), se han logrado materializar varios lanzamientos o tramitar alquileres sociales para las familias con problemas habitacionales.

Rosa Díaz ha detallado que los vecinos de esta segunda urbanización no han conseguido contactar con la entidad propietaria para intentar buscar una solución al problema de las ocupaciones, de ahí que a través de la Alcaldía se vaya a mediar para que se atiendan las demandas de los residentes.

En especial, se pretende obtener información de la entidad para localizar el expediente que atañe a estas viviendas y conocer en qué fase judicial se encuentran de cara a ser desalojadas.

Respecto a los problemas de convivencia, Rosa Díaz ha recordado que la Guardia Civil de Polanco ya ha realizado varias intervenciones en esta urbanización, de tal forma que se ha logrado la marcha de algunos de los ocupas, aunque tras algunos meses otras personas han vuelto a residir en las viviendas vacías, generando de nuevo conflictos.

Por ello, se ha decidido que vecinos y Ayuntamiento pongan en conocimiento de la Fuerzas de Seguridad los hechos presuntamente delictivos que se puedan cometer, para que actúen intensificando la vigilancia y los controles en la zona, al igual que se hizo en la otra urbanización de Requejada donde se ha logrado casi eliminar los problemas de convivencia.

La regidora municipal ha insistido en que, junto a las ocupaciones de viviendas, la principal preocupación es la seguridad ante el potencial peligro que suponen los enganches, ya que muchos de ellos se encuentran en zonas comunes de los inmuebles, sin ningún tipo de protección, y con las conexiones en precario y expuestas a que se produzca un cortocircuito que podría generar un siniestro en el edificio.

El problema de las ocupaciones en Polanco ha sido uno de los asuntos tratados por la alcaldesa en una reciente reunión con la consejera de Políticas Sociales, Eugenia Gómez de Diego (PSOE), para, de manera conjunta, entre ambas instituciones, tratar de restablecer el contacto directo con la propiedad, a fin de dar una solución a estos pisos donde hay personas residiendo de manera irregular.