Reprobado el consejero de Salud, César Pascual (PP), con los votos de PRC y PSOE y la abstención de Vox

Los Grupos regionalista y socialista han unido sus votos para sacar adelante la reprobación del Parlamento cántabro al consejero de Salud, César Pascual (PP), por sus "continuas salidas de tono en declaraciones públicas". La aprobación de esa iniciativa ha sido posible también gracias a la abstención de Vox, con la que los 'populares' se han quedado solos votando en contra en minoría.

Así, el rechazo de los 15 diputados del PP no ha impedido que la Cámara apruebe hoy, en el Pleno, esta moción impulsada por el PSOE, que junto al PRC suma 16 escaños. Una propuesta que, además de reprobar al consejero, insta al Gobierno regional de los populares a garantizar la prestación sanitaria en todos los consultorios de Cantabria y que no permanezcan cerrados por falta de médico más de 15 días.

Igualmente, exige incentivar tanto económicamente como mediante otros mecanismos acordados por medio de la negociación colectiva la atención en consultorios rurales.

El PSOE presentó esta moción a raíz de las declaraciones en las que Pascual afirmó que el modelo de gestión actual de los consultorios "no tiene ningún futuro" y que ningún médico se quiere "aislar" en los pueblos, aunque también ha afirmado en varias ocasiones que no tiene "ninguna intención" de cerrarlos.

Además de estas afirmaciones, el defensor de la moción, el diputado socialista Raúl Pesquera, que también fue consejero de Sanidad la pasada legislatura en la que gobernaba el bipartito PRC-PSOE, ha sacado a colación otras "perlas" de Pascual como la comparación que hizo de la sanidad con viajar en business para explicar que "solo hay dos formas de gestionar las listas de espera: o te pones a la cola o copago"; o cuando señaló que la "cultura funcionarial" de la Administración es "un lastre" para la gestión y abogó en su lugar por pasar al Derecho Mercantil para contratar a los profesionales sanitarios.

"Lo que nos preocupa es que el señor Pascual está verbalizando lo que piensa. Es un consejero que va por libre, con unos planteamientos que apuntan de forma preocupante a lo que apuntan, que ya conocemos tras su etapa de gerente en Valdecilla, y así lo deja ver en cada foro al que le invitan a participar. No nos gustan sus declaraciones reiteradas ni el modelo que esbozan", ha explicado Pesquera.

Además, ha criticado a los populares que "vinieron al Gobierno regional prometiendo el oro y el moro", pero "con su llegada la situación de la sanidad en Cantabria no ha mejorado, ha empeorado sustancialmente". En concreto, ha apuntado que el anterior Ejecutivo dejó las listas de espera "en 16.000 pacientes, en diciembre había 18.500 y ahora hay 18.700".

Algo con lo que coinciden los regionalistas, que han lamentado que el consejero "demuestra su ideología que cada vez se pronuncia" aunque creen que la presidenta, María José Sáenz de Buruaga (PP), "piensa todo lo contrario".

"Creo que su presidenta defiende un modelo sanitario y usted defiende otro", ha dicho la diputada Paula Fernández (PRC), que ha señalado que Pascual "directamente ha tirado la toalla con la atención sanitaria" porque dice que "no hay médicos, no los va a haber" y que "el horizonte está muy negro".

Algo que entiende que supone en la práctica "cerrar los consultorios rurales este verano". De hecho, ha enumerado varios consultorios que han estado "más de seis meses" sin médico. "Ha demostrado con hechos y con palabras que no cree en este modelo de asistencia en los pueblos", ha reprochado Fernández a Pesquera.

Mientras, desde Vox han opinado que Pascual "lo tiene muy mal" por la "herencia recibida" en lo sanitario del Gobierno PRC-PSOE, pero entiende que "es lo que toca" y que "tampoco puede sacar pecho de su gestión".

Por ello el Grupo se ha abstenido, pues está "totalmente de acuerdo" con que se le exijan soluciones y que se mantengan abiertos los consultorios, pero no con que lo hagan "los mismos que antes controlaban la sanidad" y encima "con premura".

En este sentido, la diputada Natividad Pérez ha considerado que "no ha transcurrido suficiente tiempo para dar un veredicto" sobre la labor de Pascual, a lo que ha añadido que los socialistas "tuvieron la responsabilidad de blindar los consultorios rurales y hacerlos crecer, cosa que es obvio que no hicieron".

En la misma línea se ha pronunciado el PP, señalando que "debería darles vergüenza" reprobar al consejero tras su "nefasta gestión de ocho años". "No tienen autoridad moral para reprobar a nadie, y mucho menos al señor Pascual", ha dicho María Jesús Susinos, lamentando que la oposición ha puesto el foco en el titular de Salud "desde el minuto uno", pretendiendo "lapidar" a quien está tomando decisiones para "revertir sus políticas nefastas".

También ha acusado a los grupos "manipular" los datos de las listas de espera y "tergiversar" las palabras de Pascual, así como de "falta total de lealtad" por utilizar la salud de los cántabros "como arma arrojadiza" contra el Gobierno.

Mientras, ha defendido que éste, en lo que lleva en el poder, ha aprobado un plan integral de listas de espera y retomado la actividad quirúrgica de tarde, con lo que en tres meses "se ha reducido en 700" el número de personas que esperan una prueba diagnóstica y en 1.171 los que esperan para una primera consulta.

Limpieza

Otro de los asuntos en materia sanitaria que ha se ha abordado en varios plenos es la limpieza del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, en torno a la que este lunes se ha aprobado, por unanimidad, una moción del PRC para solicitar que se cumplan de manera íntegra las condiciones del contrato del servicio, exigiendo a la empresa que aumente la plantilla con el personal suficiente para poder desarrollar todas sus obligaciones.

Además, contempla que se desarrollen las obras necesarias en la nueva planta de residuos ubicada en el Pabellón 12 del hospital, pues se ha puesto en marcha el día 1 de abril sin contar con toda la maquinaria necesaria, tal y como ha denunciado la portavoz regionalista.

Y en un tercer punto, la moción llama a comparecer en el Parlamento a un responsable del seguimiento del contrato de limpieza en un plazo de seis meses. Esta premisa ha salido adelante con una enmienda del PP, ya que los regionalistas pedían que compareciera el responsable del contrato por parte del Servicio Cántabro de Salud y los populares lo han modificado para que sea un representante de la Consejería de Salud.

La regionalista Paula Fernández ha defendido que esta propuesta busca "poner en orden" este servicio "abandonado, sin control y seguimiento" por parte de Salud, señalando que "es evidente que a día de hoy no se cumplen los estándares de calidad en la limpieza y desinfección" debido a que el personal está "sobrecargado" y ha aumentado la superficie a limpiar.

Sin embargo, el PP ha negado que haya un problema de limpieza, como ha venido haciendo el consejero, y ha pedido "no trasladar un mensaje que no es cierto y que puede crear una alarma social".

"Valdecilla está limpia", ha sostenido Susinos, detallando que al mes se producen cerca de un millón de actuaciones en limpieza y gestión de residuos en el hospital, y entre ellas sólo se contabilizan "del orden de 25 a 30 incidencias".

Además, ha reiterado que la ampliación de las nuevas áreas en el hospital y la actividad extraordinaria que se está realizando por las tardes ha dado lugar a más superficies a limpiar, pero que el anterior Gobierno "limitó el alcance del contrato", por lo que la Consejería "se ha encontrado con un nuevo problema" al que "dará solución".

Pero ha pedido a la oposición que "no venga con premuras", porque la modificación de un contrato "exige tiempo".

Funcionarios

El Parlamento de Cantabria ha unido este lunes los votos de sus cuatro Grupos, PP, PRC, PSOE y Vox, para instar al Gobierno de España a estudiar, en el marco del diálogo social, la reclasificación de "todos" los grupos profesionales de los funcionarios de carrera, entre ellos los que trabajan en sanidad.

El objetivo de la iniciativa aprobada, que inicialmente ha partido del PSOE pero se ha modificado y ampliado por medio de sendas enmiendas del PRC y del PP, es reclamar que se corrija la actual clasificación que, según han coincidido, está "obsoleta".

Según han defendido, se debe adecuar la clasificación al Espacio Europeo de Educación Superior y al Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior de acuerdo con los niveles de responsabilidad, funciones a desempeñar y las características de acceso a las categorías correspondientes.

Además, en la iniciativa se pide la modificación, en base a estos criterios, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.

El exconsejero de Sanidad y diputado del PSOE Raúl Pesquera ha defendido que, cuando se habla de reclasificación, se debe abarcar a todas las categorías profesionales y "no sólo de una parte".

Así lo ha reclamado después de que la semana pasada el Parlamento aprobara, también por unanimidad, una iniciativa en apoyo a la reclasificación profesional de enfermeras y fisioterapeutas para corregir la "discriminación" que, según la Cámara y los propios profesionales, padecen.

Al margen de reclamar la reclasificación de todos los Grupos, en la iniciativa se insta también al Gobierno regional a modificar la Ley de Función Pública integrando dentro del denominado 'Grupo B', el que corresponde a aquellos con titulación de técnico superior, a la categoría de funcionario estatutario que por su titulación le corresponda.

Según ha defendido Pesquera, a este grupo se deben incorporar, en el ámbito de la salud, todos los titulados técnicos superiores en Informática; Radiodiagnóstico; Medicina Nuclear; Radioterapia; Anatomía Patológica; Documentación Sanitaria; Higienistas Dentales o Audioprotésicos.

Pesquera ha reconocido que la reclasificación de los grupos de funcionarios implicará costes y, por ello, ha señalado que deben evaluarse y abordarse de una forma "escalonada" y en función de las capacidades presupuestarias.

En la iniciativa aprobada se ha introducido, a propuesta del PP, un apartado para reclamar al Gobierno de España que estudie el coste económico que se derive de la implantación progresiva de esta reclasificación, "dotando a las Comunidades Autónomas de los recursos necesarios para su puesta en marcha".

Por otra parte, el Parlamento ha aprobado otra proposición no de ley, en este caso de Vox, para pedir al Gobierno de Cantabria que se regule la intervención asistida con animales en los colegios de Cantabria y ponerla en práctica durante esta legislatura.

Todos los Grupos han votado a favor, pero el PP ha apuntado que la intervención asistida con animales todavía carece de una legislación nacional.

Juventud

El Parlamento de Cantabria, con el visto bueno del Gobierno regional (PP), va a iniciar los trabajos para que la comunidad autónoma cuente con una Ley de Juventud, una tarea para la que se tomará como punto de partida una proposición del PRC abierta a modificaciones con el objetivo de lograr hacer "entre todos" la "mejor" norma "para todos" los jóvenes.

Todos los grupos de la Cámara han votado este lunes en el Pleno a favor de la toma en consideración de la proposición de Ley de Juventud de los regionalistas pese a que su contenido no ha estado exento de críticas, sobre todo por parte del PSOE y de Vox.

Tras el apoyo expresado en el Pleno por la consejera del ramo, Begoña Gómez del Río, a la toma en consideración, el PRC ha defendido el contenido del texto que plantea, que recoge, a su juicio, las principales inquietudes y necesidades de los jóvenes en distintos ámbitos, con medidas para facilitar el acceso a la vivienda y el empleo, garantizar la gratuidad del transporte público, sin olvidar tampoco ámbitos como el de la salud, la cultura, la igualdad o la diversidad sexual en lo que tiene que ver con ellos. Además, la Proposición de Ley potencia, según el PRC, la participación de los jóvenes.

En ella se da también un año al Gobierno regional para remitir al Parlamento un Plan Integral de Juventud con cinco años de vigencia y promueve la creación de un órgano de coordinación interinstitucional en materia de juventud, orientado a impulsar las políticas dirigidas a este sector de la población.

Como medidas concretas, plantea la reserva de un mínimo del 25 por ciento del parque público de vivienda para los jóvenes, del 30 por ciento en municipios con menos de 5.000 habitantes y del 50 por ciento en aquellos que se encuentran en riesgo de despoblación, y de "al menos" el 30 por ciento de las ayudas destinadas a mejorar la empleabilidad, como colectivo prioritario de acción en tanto la tasa de desempleo supere la media europea.

Los regionalistas mostraron su disposición a "dialogar" y "consensuar" la norma, con modificaciones en el texto presentado, para lograr aprobar "la mejor" Ley de Juventud.

El resto, pese a algunas críticas al texto, han coincidido en que es "necesaria" e "importante" contar con esta Ley que haría que Cantabria dejase de ser una de las pocas comunidades que carece aún de una norma de estas características.

Sin embargo, desde el PSOE han opinado que el texto del PRC es "muy mejorable", no sólo en su redacción sino también en su "ADN y su filosofía" y, además, lo ven como un "copia y pega sin mucho trabajo" de "leyes socialistas" de otras comunidades autónomas, como Asturias o Aragón.

Por ello, su diputado Jorge Gutiérrez considera que la propuesta regionalista "debe ser mejorada desde el principio hasta el final". Además, ha reivindicado el trabajo realizado por el PSOE en la pasada legislatura en materia de políticas de juventud y lo ha contrapuesto con el que está llevando a cabo un Gobierno del PP que, a su juicio, "no está interesado en los jóvenes ni en sus preocupaciones" y que, con su visto bueno a la toma en consideración de la proposición de ley del PRC, se limita a "dejar hacer" al Parlamento.

Vox cree, por su parte, que la proposición de ley del PRC es "a todas luces, incorrecta, incompleta e inconclusa" y con "sesgo" ideológico y ha aclarado que su 'sí' no es a favor del contenido de la misma, con el que no está de acuerdo, sino que lo que hace es "votar a favor de iniciar el trámite para modificar todos y cada uno de sus artículos" y conseguir una ley "que se ocupe y preocupe de los problemas y necesidades" de los jóvenes.

Por su parte, el PP ha señalado que esta Ley de Juventud fue prometida y anunciada en varias ocasiones en la pasada legislatura por el entonces vicepresidente regional y titular del ramo Pablo Zuloaga, líder del PSOE regional y portavoz parlamentario, al que considera "el peor consejero para los jóvenes" que ha tenido Cantabria y quien, a su juicio, no hizo "nada de nada" al margen de "tirar por el desagüe" 10.500 euros de dinero público en contratar a una empresa externa de la exsecretaria de Estado de Igualdad Laura Seara para unos trabajos que, según los populares, no sirven para esta norma.

Por ello, el diputado Álvaro Aguirre se ha felicitado de esta proposición del PRC; ha valorado el "trabajo" hecho por los regionalistas, y ha mostrado la disposición de su grupo para sacar adelante la Ley de Juventud que "se ha cansado de pedir".

En este sentido, ha considerado "sano" abrir este debate y cree que el Parlamento es "el sitio" para hacerlo.

En cambio, tras el anuncio del Gobierno de España de una Ley de Juventud a nivel nacional, ha instado al resto de Grupos a que la norma que se elabore desde Cantabria "no sea la que quiera Pedro Sánchez".

"El Grupo Parlamentario Popular no va a poner sus votos a disposición para que la Ley de Juventud de Cantabria tenga el más mínimo atisbo a parecerse a los vicios de la Ley de Juventud que planteó el Gobierno Pedro Sánchez con su ministra del Partido Comunista a la cabeza", ha dicho Aguirre en alusión a la ministra del ramo, Sira Rego.

Tras aprobarse la toma en consideración, la Mesa del Parlamento remitirá el texto a la comisión competente y se acordará la apertura de un plazo para que los grupos propongan comparecencias de quien consideren para escuchar su punto de vista sobre el texto y las aportaciones que quieran hacer. Posteriormente, se abrirá otro plazo para que los Grupos presenten enmiendas parciales al texto.

Modificación

También el Pleno ha aprobado otra iniciativa del PRC, en este caso una Proposición No de Ley (PNL) para instar al Ejecutivo regional a modificar un capítulo dos de la Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria referido al patrimonio etnográfico inmaterial.

Se pide al Ejecutivo también articular ayudas, becas o subvenciones, muchas de ellas dirigidas a la puesta en valor del patrimonio cultural cántabro, material o inmaterial, o a potenciar actividades y asociaciones que trabajen en su defensa.

Todos los grupos han votado a favor, salvo Vox, que se ha abstenido porque le ha "descolocado" la iniciativa y no entiende el objetivo de la misma pues, según su portavoz, Leticia Díaz, o es un "brindis al sol" o hay algo que "no le encaja".

Y es que ha reprochado al proponente de la misma, el exconsejero Javier López Marcano (PRC), que no haya aclarado en qué debe modificarse el capítulo de la ley que pide que, según Vox, está "bien" regulado.

En la exposición de motivos de la PNL, el PRC mantiene que esta regulación debe ser "adaptada y reforzada", no solo por la "fragilidad intrínseca" de este patrimonio, sino por los cambios en su gestión y tratamiento ha habido a lo largo de los años.

Administración

Por otra parte, también se ha aprobado con el voto a favor de toda la oposición y el rechazo del PP, una moción de Vox en materia de Administración electrónica.

En la iniciativa, se insta al Gobierno regional a aprobar un calendario de implantación y despliegue del acceso a los procedimientos que permitan "su plena tramitación telemática".

También se le pide que, en tres meses, publique en su Portal de Transparencia, "de forma clara y fácilmente accesible, la relación de procedimientos que ya permiten a la ciudadanía acceder directamente a sus expedientes "más allá de la mera presentación para poder consultar su estado y aportar documentación, determinando las fases de la tramitación que se pueden consultar, con independencia del inicio y cierre del expediente".

Reclama también unificar los accesos a la íntegra tramitación telemática de los expedientes en la propia sede electrónica del Gobierno, redireccionando a la misma cuantos accesos se encuentran "dispersos" en diversas webs, y emitir un informe para este Parlamento sobre el Plan de Desarrollo de la Administración Electrónica.