Absueltos los siete directivos de B3 Cable en Maliaño, en Camargo, de los delitos de apropiación indebida y fraude fiscal

La Audiencia Provincial de Cantabria ha absuelto a los siete directivos de B3 Cable, empresa que compró una fábrica en Maliaño, en Camargo, en 2008, de los delitos de apropiación indebida y fraude fiscal por los que fueron acusados.

Los siete investigados, de nacionalidad británica, fueron enjuiciados a principios del pasado mes de febrero por destinar, supuestamente, a otra empresa de su propiedad 6,3 millones de euros procedentes de la financiación obtenida por B3 Cable para la compra de la planta de Maliaño.

Esos 6,3 euros respondieron, según la factura, al pago de labores que esta empresa realizó para mediar en la compraventa de la fábrica entre la anterior propietaria y B3 Cable.

A su vez, se les imputaba un delito de fraude fiscal por no declarar a Hacienda en la autoliquidación del impuesto de sociedades la totalidad de esa factura.

En una sentencia dada a conocer hoy, miércoles, y contra la que cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo, la Sección Primera de la Audiencia les absuelve de ambos delitos, al considerar que no concurren todos los elementos para entender que su actuación fue delictiva.

Documentación

Sobre la apropiación indebida por parte de los directivos, por recibir por medio de su otra empresa esos 6,3 millones de euros, el Tribunal señala que existe “abundante documentación” acerca las negociaciones entre la intermediaria y la anterior propietaria de la planta de Maliaño.

La Audiencia entiende, por tanto, que sí se prestaron esos servicios. Si bien reconoce que la operación “era extraña, en particular por el muy elevado importe, y difícilmente compatible con el interés de la empresa, ello no implica que fuese delictiva”.

La acusación

En este sentido, la sala se cuestiona “si estas gestiones merecían el elevadísimo coste que tuvieron para la empresa adquirida, un coste que ascendía a más de un treinta por ciento del precio total pagado por la adquisición de la empresa”.

Pero, añade que “no ha sido esta la base de la acusación”, por lo que “entrar en un posible delito por ese cobro excesivo podría afectar al principio acusatorio”.

“La acusación se ha basado exclusivamente en la inexistencia de servicios y, por tanto, la falta de justificación de cualquier devengo a su favor; no se ha entrado en la posibilidad de considerar delictivo un pago excesivo o desproporcionado”, señala la sentencia.

Por eso, “analizar la tipicidad de esa actuación excedería del principio acusatorio, pues supondría una posible condena por un comportamiento que no ha sido el objeto del debate”.

Por último, en relación con el delito fiscal, el tribunal explica que uno de los indicios de su comisión era la utilización de la empresa intermediaria para “desviar los fondos percibidos a un paraíso fiscal como es la Isla de Man”.

Sin embargo, “lo que aparece acreditado es que los fondos se transfirieron” a la empresa intermediaria, que esta “no tenía domicilio en un paraíso fiscal” y que “el destino final de las cantidades no ha quedado debidamente acreditado y no puede afirmarse que fuera un paraíso fiscal”.

Junto a ello, reitera el tribunal que la intermediaria “sí prestó unos servicios y cabe admitir que B3 Cable debía abonar los mismos”, y que, por tanto, no los tenían que declarar pues eran gastos justificados.