Economía estima que Cantabria podría dejar de ingresar 350 millones de euros con el nuevo cálculo de población ajustada

La Consejería de Economía y Hacienda estima que Cantabria podría dejar de ingresar 350 millones de euros con el nuevo cálculo de población ajustada respecto a las condiciones de financiación actuales.

Así lo aseguró la consejera María Sánchez, a pesar de que el estudio está en fase muy preliminar y de que se trata de un documento provisional, quien añadió que la previsión que se fundamenta en la pérdida de relevancia del Fondo de Suficiencia a la hora de realizar el reparto.

María Sánchez ha indicado que junto al grupo de I+D+i de Economía Pública de la Universidad de Cantabria (UC) analizarán el primer planteamiento realizado por el Ministerio de Hacienda para estructurar el reparto de recursos del futuro sistema de financiación autonómica.

La consejera de Economía y Hacienda, acompañada por Manuel Díez, director general de Economía, han participado en la primera reunión de trabajo de este equipo junto a David Cantarero, Natividad Fernández y Ana Carrera, en representación de la Universidad de Cantabria (UC). “Todavía es muy pronto para ofrecer valoraciones categóricas, pero a priori la propuesta no beneficia a Cantabria” ha manifestado Sánchez.

En el planteamiento enviado desde Madrid, Cantabria incrementa su peso el parámetro de población ajustada. Con los nuevos cálculos, y de mantenerse el borrador actual, la participación cántabra en los recursos que el sistema reparta por población ajustada podría pasar del actual 1,35 por ciento a un 1,55 por ciento. Esta circunstancia, a priori positiva, responde a la consideración de los costes fijos inherentes a la prestación de los servicios públicos.

Sin embargo, el riesgo para Cantabria está en que el Gobierno pueda plantearse distribuir toda la financiación disponible en función de ese parámetro. El modelo que está en vigor reparte el 80% en función de la población ajustada y compensa el 20 por ciento restante con otros fondos como el de Suficiencia o el de Convergencia. Esta circunstancia propicia que, en el último ejercicio liquidado, Cantabria recibiera un 1,7 por ciento del total de recursos que reparte el sistema.

De este modo, si se considera que la partida total a repartir será la misma para todas las Comunidades y no se añaden compensaciones adicionales, la región pasaría de recibir un 1,7 por ciento de los recursos totales a un 1,55 por ciento. Esta decisión supondría supondría una merma de ingresos estimada en cerca de 350 millones.

“Aunque es cierto que la región mejora en la ponderación de la población ajustada, la realidad es que, de mantenerse este planteamiento, la Comunidad perderá financiación respecto al modelo establecido en 2009” ha indicado la consejera ante los medios de comunicación.

Detectar este tipo de cuestiones en las 238 páginas que componen la propuesta ministerial y plantear posibles alternativas que permitan a Cantabria no perder capacidad de financiación son los cometidos principales de este grupo de trabajo. “El documento recibido es un texto vivo y abierto a modificaciones” ha explicado Sánchez. “Nuestra misión actual es fundamentar y argumentar con contundencia nuestras alegaciones para recibir la financiación adecuada para sufragar el coste de los servicios públicos” ha concluido la consejera.

Ambos equipos, que llevan dos semanas estudiando el documento inicial, seguirán un calendario periódico de reuniones en el que pondrán en común sus valoraciones para definir las aportaciones que enviará Cantabria al Ejecutivo central a finales de enero.

Si se cumple el calendario prestablecido, el informe inicial de este grupo de trabajo estará listo a partir de la tercera semana de enero y se compartirá con el resto de integrantes del Ejecutivo cántabro. Una vez puesto en común, se remitirá al Ministerio para intentar que el nuevo sistema responda a las necesidades reales de financiación de la Comunidad.