Docentes por la Justicia, en contra del nuevo sistema de concurso-oposición de acceso al profesorado

Docentes por la Justicia, por medio de su portavoz María Miedes Lorenzo, considera que el nuevo sistema de concurso-oposición de acceso al profesorado implica una devaluación del proceso de selección y cierra las puertas a miles de aspirantes sin experiencia que no pueden competir en igualdad de condiciones.

“Es una oposición impropia de un grupo A1-A2, donde se elimina incluso la prueba práctica, para entregar las vacantes a trabajadores temporales con más experiencia en la fase de concurso, ya que tendría un peso de hasta un 70 por ciento, cuyo máximo se obtiene con 10 años de experiencia en la especialidad”, explica la portavoz de este colectivo.

La Plataforma Docentes por la justicia incide en que se devalúa el proceso de oposición al eliminar la prueba práctica y mantener solo dos pruebas, exposición de un tema teórico y defensa de una unidad didáctica, que no son eliminatorias.

Igualmente, María Miedes, que ejerce su profesión en Navarra, hace hincapié en que se desprecia la formación de aspirantes altamente cualificados, aquellos que han invertido más en capital humano, con idiomas, másters de especialización, doctorado, entre otros, al reducir el peso de la formación a tan solo un 20 por ciento en el concurso.

Desde su punto de vista, este cambio genera una situación de inseguridad jurídica en los adversarios que se preparan para las pruebas previstas para junio, cambiando las reglas del juego a mitad de recorrido.

Para María Miedes “estos cambios en el proceso de selección van en dirección opuesta a los países con mejores estándares de calidad docente, reduciendo la exigencia en el proceso de selección, favoreciendo a un grupo altamente sindicalizado y bloqueando en la práctica el acceso de nuevos candidatos, muchos de ellos altamente cualificados, que no tendrán ninguna opción real con este nuevo sistema”.

Por estos motivos, el colectivo se opone a la modificación del proyecto de Real Decreto de acceso al cuerpo docente que están negociando los principales sindicatos y el Gobierno Central.

Y por otro lado, el colectivo reivindica una fase de oposición con un nivel de exigencia acorde con una oposición de grupo A1-A2, manteniendo la parte práctica y con pruebas eliminatorias, así como una baremación de méritos en la fase de concurso que tenga en cuenta la experiencia profesional por cuerpo y la formación de manera equilibrada.

Por todo ello, Docentes por la justicia pide a la Consejería de Educación que actúe con responsabilidad y haga uso de sus competencias para desmarcarse del Gobierno Central, adelantando la convocatoria de exámenes del año 2022 para que se rija por el sistema vigente en la actualidad, en línea con lo que ya han hecho las Comunidades Autónomas de Navarra y Aragón, entre otras.

La Plataforma Docentes por la Justicia, de ámbito nacional, representa a miles de aspirantes a las oposiciones de educación, directamente afectados por el borrador que modifica el Real Decreto 276/2007 y firmantes de la petición en change.org.

Este colectivo nace como respuesta al abandono del interés general por parte de los sindicatos mayoritarios y el Gobierno central, al negociar un sistema de acceso que crea inseguridad jurídica, cambiando las reglas del juego a tan solo seis meses de la celebración de las oposiciones y vulnerando los principios constitucionales de mérito, igualdad y capacidades, con el objetivo de entregar las plazas a los interinos con mayor experiencia y presencia sindical.

“Defendemos que la calidad docente es un pilar fundamental del sistema educativo, y que solo un proceso competitivo y exigente puede permitir seleccionar a los docentes más cualificados, atraer talento, y garantizar un alto rendimiento educativo para brindar oportunidades a las futuras generaciones y mejorar la competitividad de nuestra economía.

Sindicatos

Las federaciones de Enseñanza de CCOO y UGT en Cantabria rechazan la ridícula oferta de empleo público para el cuerpo de maestros que se ejecutará en el próximo mes de junio.

Ambos sindicatos han considerado que la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria ha mostrado un absoluto desprecio por el cuerpo de docentes y por las aportaciones realizadas por las principales centrales sindicales.

UGT y CCOO han señalado que el número de plazas, 164 de tasa de reposición exclusivamente, es a todas luces insuficiente y más cuando mismo se acaba de publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Ley de reducción de la temporalidad en las Administraciones Públicas.

Para las dos organizaciones es evidente que a esta Consejería se le llena la boca diciendo que ofertará 1.400 plazas en el futuro, “pero a la hora de la verdad ni hay compromiso político ni ganas de gestionar mejoras para los opositores y han criticado que mientras que hace un mes todo eran buenas palabras, hoy todo son prisas para apostar por un modelo cómodo para la Consejería pero perjudicial para los opositores”.

La Consejería de Educación ha reconocido que para cumplir los acuerdos de reducción de la interinidad tiene que ejecutar en torno a 1.400 plazas antes de 2024 pero se enroca en su decisión de ejecutar 164 plazas en el mes de junio, inciden los sindicatos.

Además, pretende adelantar los plazos de la publicación de las bases de la convocatoria de la OPE (Oferta Pública de Empleo) en un intento claro de boicotear los acuerdos que se están negociando en el Ministerio de Educación de modificación del Real Decreto de acceso, que no tendrá pruebas eliminatorias y ponderará más la experiencia, lo que supondrá, en definitiva, un sistema más ventajoso.

CCOO y UGT agotarán al máximo la vía negociadora para hacer entrar en razón a una Administración que vuelve a dar la espalda a los docentes cuando, por el contrario, se requiere de una apuesta política de blindaje al colectivo y han criticado que el uso de la negociación colectiva para imponer sus decisiones en clave electoralistas y no para buscar soluciones a la realidad que impera.