Castro Urdiales penaliza a la empresa de transporte con 69.000 euros por no instalar sistemas de información ni adquirir dos vehículos híbridos

El Pleno del Ayuntamiento acordó penalizar con 69.000 euros a la empresa Bus Urbano de Castro Urdiales, adjudicatario del servicio de transporte público, por incumplimiento de la instalación de los sistemas de información-paneles TFT en paradas y por la obligación de sustituir los vehículos actuales por híbridos.

El Consistorio adjudicó la prestación del servicio público de transporte colectivo urbano de viajeros en el municipio de Castro-Urdiales que incluyó el suministro de 20 sistemas de información en paradas-paneles TFT, led o similar y dos vehículos híbridos para la L1. Por el retraso del primero se penaliza a la empresa con 36.000 euros, a razón de 3.000 euros por 12 meses, y por el segundo con 33.000, la misma cantidad por 11 meses.

Los informes de la ingeniera municipal de fecha 28 de abril y 18 de mayo de 2021, responsable del contrato de concesión de este servicio, informan que “han pasado ampliamente los plazos establecidos para la implantación de las mejoras ofertadas, y la obligatoriedad de la incorporación de la nueva flota de vehículos. “A fecha de emisión del presente informe sigue sin darse cumplimiento a los citados aspectos del contrato”, señaló.

El retraso en la implantación de los vehículos y en la instalación de los sistemas o paneles TFT se encuadra dentro de los incumplimientos tipificados como muy graves, cuyas penalidades están fijadas entre los 1.501 y los 3.000 euros al mes en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Además, establece que las mejoras tecnológicas deberán implementarse en el plazo máximo de dos meses desde el inicio del servicio, a excepción de las directamente relacionadas con los vehículos cuyo plazo de implantación máximo es de seis meses, de tal forma que las fechas límites son el 1 de noviembre de 2019 para la implantación de los paneles TFT y el 1 de marzo de 2020 para los autobuses. Por lo tanto, han pasado más de dos años desde la fecha en la que el concesionario tenía que haber realizado las actuaciones.

En relación a la colocación de las pantallas TFT, el contratista aportó un plan de actuación en el que fijó la fecha de finalización en la semana del 13 de abril de 2020. “Desde esta fecha hasta la actualidad han transcurrido más de dos años y no se ha realizado ninguna actuación por parte de la empresa concesionaria en la que se vea intención de llevar a cabo la instalación de las pantallas TFT”, confirma el informe.

En relación a la implantación de los vehículos la empresa presentó escrito en el que ponía de manifiesto que la nueva fecha de entrega de los vehículos sería el día 1 de septiembre de 2020 desde esta fecha la empresa no ha vuelto a presentar documentación alguna en la que se ponga de manifiesto su intención de adquirir los vehículos que debe adscribir al servicio.

Plazos

En el Pleno de fecha 29 de junio de 2021 se acodó la imposición de penalidad a Bus Urbano de Castro Urdiales y desde entonces hasta la fecha actual ha transcurrido casi un año y no consta documentación en el expediente en la que se manifieste, por parte de la empresa, su intención de colocar los sistemas de información-paneles TFT en paradas, y de realizar la implementación de los vehículos adscritos al servicio, inciden desde el Ayuntamiento.

Con fecha 21 de abril de 2022, la empresa presentó ante el Ayuntamiento la resolución anticipada del contrato de mutuo acuerdo por las dos partes por imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados y se proceda a la adjudicación directa de un nuevo contrato por dos años.

“Visto que la empresa solicita la resolución anticipada del contrato, aspecto que no es objeto de este informe, queda claro que por parte de la empresa no hay intención de llevar a cabo las obligaciones por las que se imponen las penalidades”, indicó el Consistorio.

Además, el Ayuntamiento de Castro Urdiales desestimó, en base a un informe técnico, la solicitud de reducir en un 50 por ciento la penalidad impuesta. La empresa argumento la  escalada de precios del combustible, el incremento salarial del 6,9 por ciento y circunstancias derivadas de los cambios estructurales por movilidad general derivadas de las alteraciones en los hábitos sociales generadas por la pandemia y la sociedad matriz ha decidido suspender la financiación de la sociedad filial.

El Ayuntamiento considera que existe un riesgo operacional por parte de la empresa y que tampoco es la entidad local la causante de su situación, ya que no determina el ni el precio de los combustibles ni de la mano de obra, ni de los demás aprovisionamientos o suministros necesarios para la prestación del servicio concesionado, de tal forma que la asunción de los riesgos por el aumento del precio de los costes de dichos elementos forma parte del riesgo de la concesión.

En cuanto a la posibilidad de acordar la resolución de contrato por mutuo acuerdo deberán dar lugar a la tramitación de los respectivos expedientes, pero no justifican de modo alguno la falta de ejecución del contrato hasta la fecha y la no imposición de las penalidades objeto del presente acuerdo.

Y por último, relativo a la decisión adoptada por la matriz de la empresa adjudicataria y que se advierte de la determinación firme e irrevocable de suspender la financiación de la sociedad filial; cabe concluir que “si hasta la fecha no se han dotado a la concesión de los compromisos y obligaciones asumidos y ofertados, no se harán a partir de ahora”.