“El Gobierno regional PRC-PSOE tiene pavor a que conozcamos sus triquiñuelas en las empresas públicas”, dice el PP

La diputada autonómica del Partido Popular, Isabel Urrutia, ha afirmado que el Gobierno de Cantabria PRC-PSOE "tiene pavor a que conozcamos sus triquiñuelas en las empresas públicas", en referencia al hecho de que el Ejecutivo haya optado por no crear el Consejo de Seguimiento de la actividad de los entes del sector público institucional.

Urrutia ha explicado que, en 2018, los grupos que sustentan al Ejecutivo aprobaron en el Parlamento la Ley de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración General y del Sector público institucional, en la que se contemplaba la creación del consejo, que debía estar compuesto por el Gobierno, los sindicatos y un representante de cada Grupo parlamentario.

Pasados cuatro años, "ahora sabemos que el Gobierno, a pesar de decir en repetidas ocasiones en el Parlamento que el decreto que regulaba y ponía en funcionamiento este consejo estaba a puntito de publicarse, hoy dice que no cumple con su Ley y no lo pondrá en marcha".

"Otra más, otro escándalo más al que parece que el Gobierno regional quiere que nos acostumbremos", ha denunciado la parlamentaria del PP quien ha añadido al respecto que se trata de "una huida hacia adelante", porque "ellos mismos deciden no cumplir lo que prometen por Ley, con el único fin de ocultar, de que no conozcamos, de que nadie sepa los manejos, las maniobras y los atropellos que están cometiendo en las empresas públicas y en las fundaciones del sector público autonómico".

En opinión de la diputada del PP, lo que ocurre es que "no quieren que nos enteremos de más triquiñuelas como las que acabamos de conocer en la Dirección de Juventud y en la de Igualdad en el pasado. No quiere que conozcamos los contratos que se están dando a sus amigos. O no quieren que sepamos la forma de contratar, a dedo, a las personas que trabajan en estas empresas públicas, como MARE, Cantur o la Sociedad Regional de Cultura y Deporte, que los propios tribunales están echando abajo o que las auditorías han puesto de manifiesto".

"El Gobierno tiene pavor a que conozcamos las triquiñuelas que está cometiendo en las empresas públicas y en el resto del sector público institucional, tienen pavor a que se conozcan sus triquiñuelas y por eso no quiere el Consejo de Seguimiento, en el que estaríamos conociendo las decisiones de primera mano todos los partidos políticos y los sindicatos", ha añadido.

Ocultación

Para Isabel Urrutia, esta actitud del Ejecutivo tiene un "halo de ocultación, de falta transparencia" y en este sentido considera que "debe dar la cara" en el Parlamento que, a su juicio, "es lo primero que debería haber hecho para explicar los motivos que le llevan a incumplir con la Ley sin ponerse ni tan siquiera colorado".

Tras señalar que llevan parte de la pasada y "toda esta legislatura mareando la perdiz para no aprobar el decreto de funcionamiento", achacando el retraso a la "pandemia o al escándalo de las Marías" o asegurando que "para enero de 2023", Urrutia ha lamentado que, llegado el momento, decidan "renunciar a constituirlo".

"¿Incumplir la Ley se llama ahora renunciar? Pero, de verdad, ¿de quién se quieren reír?", ha preguntado Isabel Urrutia quien ha criticado que "este es el punto al que llega la desfachatez de quienes dirigen esta tierra".

Al respecto, la parlamentaria del PP ha puesto en comparación esta actitud del Gobierno con que los ciudadanos dejaran de pagar impuestos. "Esto es como si mañana los ciudadanos dicen que renuncian a pagar impuestos, ya saben que la Ley les obliga a pagarlos, pero como no les apetece, porque suena fatal, pues renuncian a hacerlo".

A su juicio, "esa es la lectura que los cántabros tienen que hacer: lo ancho para el Gobierno, que parece no pasarle nada porque incumpla la Ley, y lo estrecho para los ciudadanos, que no pueden incumplir la Ley dejando de pagar impuestos con los que el Gobierno de Cantabria les achicharra".

Para finalizar, Isabel Urrutia ha anunciado la presentación de una interpelación en el Parlamento para que el Ejecutivo regional “nos explique los criterios para incumplir la ley y no aprobar el decreto de la puesta en funcionamiento del Consejo de Seguimiento de las actuaciones del sector público de Cantabria. Una respuesta necesaria ante el insulto que supone para los cántabros que el Gobierno de Cantabria pueda hacer lo que le dé la gana y no pase nada".

Versión

El Gobierno de Cantabria lamenta el desconocimiento del Partido Popular y le recuerda que la regulación del Consejo de Seguimiento de la Actividad de los Entes del Sector Público Institucional Autonómico se encuentra en estos momentos sometida al trámite de consulta pública, dado que la resolución se publicó en el Boletín Oficial de Cantabria el pasado 13 de enero.

Asimismo, afea a esta formación política que, a falta de un día para que finalice el plazo, no se conozca hasta la fecha ninguna aportación al proyecto de decreto elaborado por la Consejería de Economía y Hacienda.

El Ejecutivo considera que las acusaciones realizadas hoy por la diputada Isabel Urrutia ponen de manifiesto, además de un profundo desconocimiento, una falta de interés total sobre un asunto con el que solo busca hacer ruido, en lugar de contribuir con sus planteamientos y sugerencias al diseño de este órgano, cuyo borrador de funcionamiento está en tramitación y se publicará próximamente.

Por otro lado, el Gobierno cántabro reitera su compromiso absoluto con la transparencia en el conjunto de la administración autonómica y también en el sector público. En este sentido, explica que existen ya mecanismos de fiscalización a través de los diferentes órganos de control y destaca, concretamente, el nuevo sistema de supervisión continua por parte de la Intervención General, recogido en una orden de la Consejería de Economía y Hacienda que se publicó el pasado 16 de diciembre en el BOC.

Un sistema que, añade, permitirá reforzar el seguimiento y los controles ya existentes para garantizar una mayor eficacia y eficiencia en el empleo de los recursos públicos, verificando, entre otras cuestiones, la sostenibilidad financiera de los entes que conforman el sector público y el cumplimiento de los fines que justificaron su creación.