El Defensor del Pueblo admite la queja del PRC ante la inacción del PP-Cs contra el plumero de la Pampa

El Grupo Regionalista en el Ayuntamiento de Santander ha informado que el Defensor del Pueblo ha admitido su queja presentada el pasado mes de septiembre sobre la inacción del equipo de Gobierno PP-Cs referente a eliminar el plumero de la Pampa.

El PRC recuerda la falta de cumplimiento y ejecución por parte del equipo de Gobierno PP-Cs de las mociones aprobadas en 2013 y 2021 relativas a la erradicación de especies invasoras, como el plumero de la Pampa, por medio de la elaboración de un Plan de Choque urgente.

Con esta iniciativa buscaban el amparo del citado organismo ante la "inacción" y "desidia" de un equipo de Gobierno que tras casi nueve años no ha hecho absolutamente nada por atajar el problema que ha desembocado en que prácticamente el plumero esté presente en todos los barrios y rincones de la ciudad.

Tras la admisión de la queja, de la que se ha dado cuenta en la Junta de Gobierno Local del día 31 de octubre, el Defensor del Pueblo ha solicitado al Consistorio un informe sobre el cumplimiento de la normativa, planes y mociones referidas al control y erradicación de los plumeros en su ámbito municipal, así como explicar las razones de la demora en la aplicación de dichas medidas acordadas en pleno.

El portavoz del PRC, José María Fuentes-Pila, espera que esta vía permita por fin que el Ejecutivo municipal "saque del cajón" y lleve a efecto el acuerdo en la sesión plenaria para avanzar en la redacción de un plan municipal con el que empezar a actuar contra esta especie invasora.

Aparcabicis

Además, los regionalistas ha denunciado el mal uso que se está haciendo de los aparcabicis cerrados y videovigilados instalados desde mayo de 2021 en la ciudad, ya que se han convertido en auténticos trasteros ante el uso abusivo por parte de ciertos usuarios.

En este sentido apuntan que en buena parte se debe a la “permisividad” del equipo de Gobierno PP-Cs al no haber analizado el uso eficiente y efectivo de estos módulos. “Si no se facilita la rotación de estos espacios, porque siempre están llenos, no es posible fomentar la movilidad sostenible y no estaríamos hablando entonces de que este sistema funciona correctamente sino más bien de que se están generando aparcamientos particulares a modo de trastero”.

Y es que, al parecer tras cumplirse el periodo máximo de estancia gratuita establecido en siete días, las bicicletas no son retiradas ocupando un espacio que no puede ser utilizado por un nuevo usuario, por lo que el sistema de control de plazas libre no es más idóneo, situación que está generando cierto malestar.

Los regionalistas se muestran partidarios de sistemas más sencillos que garanticen su uso universal, ya que el actual está limitado la edad a partir de mayores de 16 años, así como a la disponibilidad de contar con una tarjeta de crédito para acceder a su uso y cuyo coste sea inferior pues tras su reciente adjudicación cada plaza sale a razón de 2.000 euros.