El PP rechazó la reapertura urgente del consultorio de Cueto al culpar al anterior consejero de Sanidad (PSOE)

El Pleno del Ayuntamiento de Santander ha rechazado hoy la moción del PSOE para exigir al Gobierno de Cantabria (PP) la reapertura urgente del consultorio de Cueto, una iniciativa que contó con el apoyo de todos los Grupos excepto el popular, para quien el cierre es "la suma de la mala gestión anterior" de los socialistas al frente de la Consejería de Sanidad.

En concreto, la iniciativa instaba a la alcaldesa, Gema Igual (PP), a exigir a la Consejería de Sanidad (PP) la reapertura urgente del consultorio de Cueto y el inicio de la tramitación de un nuevo centro de salud para Cueto y Monte, y durante su defensa, PSOE, PRC e IU-Podemos han lamentado el "incomprensible cierre" del consultorio y han considerado "culpables" del mismo a los "recortes del PP".

El portavoz socialista, Daniel Fernández, también ha criticado la falta de reivindicación de la alcaldesa con una Consejería de Sanidad de su partido cuando "hace cuatro meses", con un consejero socialista, consideraba "urgente" la reapertura y ahora se contenta con "un estudio" sobre las necesidades asistenciales. "El cierre es el resultado de las gestiones del PP y una traición a los vecinos del PP de Santander", ha reprochado.

La portavoz de Vox, Laura Velasco, ha acusado a los socialistas de haber "destrozado la sanidad", pero ha apoyado la moción a pesar de la "hipocresía del PSOE en materia sanitaria", solicitando al PP que exija la reapertura y la tramitación de un nuevo centro de salud para Cueto y Monte, y defendiendo la recuperación nacional de las competencias sanitarias.

El concejal del PRC, Vicente Nieto, ha denunciado que los "recortes del PP en la Cantabria rural poco a poco están llegando a Santander" y se ha preguntado si éste será el nuevo modelo de Atención Primaria, "reducido a la mínima expresión".

También ha considerado que Igual "parece que se pliega" al nuevo Gobierno popular porque "solo hace falta voluntad política" para sacarlo adelante. "Buruaga lo exige, está en el programa del PP de Santander, y Gobierno y Ayuntamiento estudiarán las necesidades asistenciales para un nuevo centro de salud en Cueto-Monte: creo que se reabrirá o nos habrán engañado", ha señalado.

Por su parte, el portavoz de IU-Podemos, Keruin Martínez, ha apoyado la moción porque "las necesidades de los vecinos deben atenderse" y es necesario "garantizar una buena atención sanitaria" con un consultorio cuyo cierre es "incomprensible", a su juicio.

En respuesta a estas críticas, la alcaldesa ha asegurado que ha planteado al nuevo consejero popular, César Pascual, "las mismas reivindicaciones" que al anterior socialista, Raúl Pesquera, "y si hoy tengo que ir a la puerta del PSOE, el año que viene iré a la del PP", ha asegurado, porque su compromiso es "defender a los vecinos" independientemente de los colores políticos, ha dicho.

En este sentido, ha criticado la "poca vergüenza" de los socialistas de reclamar cuando han sido quienes han planificado el verano y dado las vacaciones "y hoy hacen el papelón".

También ha afirmado que la propuesta de un nuevo centro de salud de Pesquera fue "una mera ocurrencia del PSOE" porque "no hay ni estudio". "¿Qué responsabilidad tiene el PP, que acaba de llegar?", ha preguntado la regidora, que por este motivo ha subrayado que no tiene que "reclamar nada al PP este año porque no lo ha hecho el PP. Se han adelantado (con la moción)", ha concluido.

Vial

Por otra parte, en la sesión plenaria, se ha aprobado, por unanimidad, la moción de los grupos Socialista, Vox, Regionalista y Mixto para la ejecución de un vial desde Nuevo Parque a la calle Eduardo García, de forma que se asegure el tráfico rodado y el acceso peatonal, y en cumplimiento de la resolución del Pleno de marzo de 2022 y de las peticiones vecinales.

El portavoz del PP, César Díaz, ha trasladado el apoyo del PP a esta moción, asegurando que "ahora es el momento de este vial porque hay circunstancias que hacen que haya de abordarlo ya", y, de hecho, se está "avanzando" en esta obra, que también "puede colaborar" en los problemas de tráfico en los colegios de la zona. El resto de Grupos han manifestado no comprender el "retraso" en acometer una actuación "esencial para Peñacastillo y Hermanos Calderón" que los vecinos llevan demandando 32 años.

También se ha aprobado la moción de Vox para realizar un estudio sobre el sistema de drenaje de la ciudad, principalmente en las zonas más afectadas por las inundaciones, ejecutar un plan para solucionar este problema donde no funcione correctamente y revisar el correcto funcionamiento del tanque de tormentas de la Plaza de Italia, entre otras cuestiones.

Al respecto, la concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, ha anunciado que se está trabajando en un "borrador para actuar" en la plaza de Italia, también está en estudio el polígono de Elegarcu y se están analizando las ofertas para la construcción del dique en Santiago el Mayor.

Sin embargo, se ha rechazado la moción del PRC para habilitar un espacio destinado al estudio que esté operativo las 24 horas durante todos los días del año, porque el Ayuntamiento no ha recibido "demanda suficiente", según la concejala de Cultura, Noemí Méndez, que ha indicado que las solicitudes en este sentido "no llegan a una al año", además de que sería necesario realizar "una valoración más extensa" de esta cuestión.

Otros asuntos

En el área de Hacienda se han aprobado cinco expedientes de modificación del presupuesto para la ampliación de las líneas del TUS, la compra de viviendas sociales y el convenio con el Racing de Santander para la mejora de los Campos de Sport, por 1,4 millones, así como 12 reconocimientos extrajudiciales de créditos.

En Cultura se ha aprobado por unanimidad dar el nombre de 'Abogacía del Turno de Oficio' a la plaza situada frente a los Juzgados en iglesia de las Salesas, que se materializará en un acto que se celebrará en los próximos meses.

También se ha dado el visto bueno al tercer Plan de la Infancia y la Adolescencia, uno de los documentos necesarios para la renovación de la distinción de Ciudad Amiga de la Infancia de Unicef, que ha contado con la oposición de Vox, para quien se trata de una "herramienta de las elites globalistas que imponen un modo de pensar para sus intereses" como son los ODS y la Agenda 20-30. El PSOE se ha abstenido al considerar que se trata de un documento "demasiado de trámite" y que nace "ya antiguo".

Recusación

El Grupo Vox de Santander ha recusado a siete concejales del PP en la votación en el Pleno del allanamiento del Ayuntamiento en el recurso judicial para anular la modificación del reglamento que incorporó la creación de comisiones de investigación como la de basuras, que ha salido adelante con los únicos votos del PP.

Según Vox, la recusación daría lugar a la nulidad del acto , la votación, y también a responsabilidades, que podrían ser incluso penales, según la formación de Abascal, a los que no se hayan abstenido.

Durante el debate, el concejal de Vox, Ángel Madariaga, ha anunciado que al finalizar el Pleno presentará por escrito un recurso para recusar a los siete concejales del PP firmantes de la demanda, y que son parte demandante, que han votado a favor del allanamiento, por ser este acto contrario al reglamento del Pleno, que recoge que "los concejales que tengan un interés personal o particular o alguna cuestión litigiosa pendiente se tendrán que abstener de las deliberaciones o incluso ausentarse el Pleno".

Como ha explicado Vox, aunque los ediles populares están apercibidos, será el secretario del Pleno quien tendrá que decidir al respecto, pues el acta se aprueba en la siguiente sesión plenaria, la de octubre, y de hecho este Grupo le pedirá un informe al respecto.

Con todo, en la votación de este jueves, el Grupo Popular de Santander ha hecho uso de su mayoría absoluta para aprobar el allanamiento del Ayuntamiento en el recurso contencioso-administrativo para anular la modificación del reglamento que incorporó la creación de comisiones de investigación, que ha contado con el voto en contra del resto de grupos (PSOE, Vox, PRC y IU-Podemos), que han criticado que esta "peripecia jurídica", que es "contraria al Ayuntamiento y favorable al PP", pretende "ocultar" lo que ha sucedido con el contrato de basuras.

Mientras el portavoz popular, César Díaz, ha subrayado que "todos los letrados" municipales han propuesto en allanamiento por los "vicios" en la tramitación y que en su grupo se toman los acuerdos "respaldados por informes", la oposición ha considerado que se trata de una "cacicada" y una "treta" para que no se creen comisiones de investigación ni se investiguen los contratos del sector público.

Para el portavoz socialista, Daniel Fernández, el allanamiento supone "torcer el brazo de la voluntad de Santander" y "allanar" el camino a la "pretensión del PP" de evitar la comisión del contrato de basuras, "motivo por el que la ciudad está tan sucia", y "para eludir responsabilidades políticas y quién sabe si penales".

En su opinión, el PP "oculta una verdad incómoda" con una "ceremonia de la confusión" sobre el acuerdo aprobado en el Pleno por la oposición en la anterior legislatura para crear comisiones de investigación que es "plenamente legal".

Por su parte, Madariaga ha calificado la decisión de "inmoral" y ha instado al PP a que deje dirimir a los tribunales y no utilice "tretas jurídicas".

El portavoz del PRC, Felipe Piña, ha calificado de "esperpento" lo que ha ocurrido con el contrato de basuras y ha denunciado que "no es normal" la suciedad de la ciudad, recriminando que "el que paga tiene que tener información y los contribuyentes queremos entender lo que ha ocurrido; no creo que sea un delito o un disparate". "No sé qué esconden de cara al contribuyente que busca saber qué ha pasado con el contrato y tener una ciudad limpia", ha incidido.

En un sentido parecido, su homólogo de IU-Podemos, Keruin Martínez, se ha referido a la "estrategia del calamar" del PP, lamentando al respecto que hay "muchos puntos oscuros" que es "imprescindible conocer" porque "van de la calidad de vida y de los dineros" de los vecinos. Una "voluntad de oscurecer" y de "retorcer la legalidad" para impedir la creación de comisiones de investigación "en base a un acuerdo de la mayoría", ha dicho.

Mientras, Díaz ha acusado a los Grupos que aprobaron el acuerdo en la anterior legislatura de "decidir ir por el camino de la ilegalidad, con los informes jurídicos en contra", en lo que es un "hecho inédito" en el Ayuntamiento y un "sinsentido" por el "empecinamiento político para atacar al PP", mientras que los populares actúan al contrario, "con el respaldo del informe de todos los letrados".

Parques y Jardines

Por otra parte, el PP ha anunciado que recurrirá la sentencia que condena al Ayuntamiento a pagar a la empresa concesionaria de Parques y Jardines 2,3 millones de euros y otros 600.000 en intereses.

Así lo ha anunciado la concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, en el debate de la moción de los grupos Socialista, Regionalista y Mixto para la revisión de los criterios jurídicos y económicos en el servicio de Parques y Jardines tras la citada sentencia y en la que exigían también responsabilidades políticas y la correcta fiscalización de los contratos, y que ha sido rechazada con los votos del PP, al considerar que está "llena de falsedades e imprecisiones".

Una fiscalización que ha denunciado la oposición, puesto que el contrato tenía vigencia de 2012 a 2018 y el control financiero se inició en 2019, que con esta iniciativa pretendía aportar "una solución".

En este sentido, para Fernández se trata de una moción "más que razonable, que persigue que los intereses de demora que tiene que pagar el Ayuntamiento, cuya "deuda" con la concesionaria ha cifrado en cinco millones, no se sigan acrecentando.

Al mismo tiempo, ha acusado al equipo de Gobierno de haberlo "hecho mal", al haberse "saltado el procedimiento y las recomendaciones del interventor", por lo que en su opinión "es el momento de depurar responsabilidades políticas".

Madariaga, por su parte, ha comentado que si se recurre la sentencia puede "haberse perdido una batalla pero no la guerra", aunque también ha denunciado "irregularidades" en la actuación.

Piña ha sido más contundente al afirmar que en parques y jardines "se ha saltado a la torera el procedimiento" y ha lamentado la "indefensión" de los vecinos, que tienen que pagar facturas e intereses por contratos que, como en este caso, se han fiscalizado después de concluir, algo que le ha dejado "perplejo". "El atentado directo al bolsillo de los santanderinos se quiere convertir en normalidad", ha denunciado, exigiendo la normalización de los contratos.

Frente a estas críticas, Rojo ha defendido la gestión "responsable y rigurosa" del Ayuntamiento, que "ha cumplido los criterios de Intervención y el control de los recursos públicos". De hecho, ha puesto en valor que "fruto del rigor de fiscalización de Intervención" el Ayuntamiento "ha ahorrado 1,7 millones a las arcas municipales" en dos sentencias que se han fallado a su favor en Parques y Jardines.

"El equipo de Gobierno ejerce férreamente sus obligaciones de control, basadas en todo momento en informes técnicos municipales", ha subrayado.