“La anulación del parque acuático en Torrelavega evidencia los chanchullos del Gobierno de Cantabria”, según la ACPT y ARCA

“La sentencia que anula la autorización para construir un parque acuático en Sierralana, Torrelavega, evidencia los chanchullos del Gobierno de Cantabria”, según la Asamblea Ciudadana por Torrelavega (ACPT) y el grupo ecologista ARCA, quienes consideran que el tribunal reconoce los graves incumplimientos en este proyecto.

“Unos incumplimientos que no son en absoluto casuales o puntuales, sino que demuestran una estrategia de funcionamiento basada en la trampa y la ilegalidad”, inciden. De hecho, recuerdan que la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, es contra la autorización que la Comisión Regional de Urbanismo y Ordenación del Territorio (CROTU) dictó para la construcción de un parque acuático en Torrelavega.

En su opinión, la CROTU hace mucho tiempo que dejó de ser un órgano que vele, fiscalice y detenga los proyectos que, con demasiada frecuencia, presentan el dudoso el cumplimiento de las leyes y normas urbanísticas.

La ACPT señala que ya han denunciado que la CROTU se ha convertido en un coladero del poder. “Una comisión de expertos que han dado el beneplácito a un proyecto en suelo rústico, tramitado al amparo del artículo 116 de la Ley del Suelo de Cantabria, pensada para la construcción unifamiliar, dotaciones deportivas o espacios de carácter o atractivo turístico rural. Un artículo creado específicamente para el chanchullo”, hacen hincapié.

Desde su punto de vista, ”la CROTU, para desgracia de Cantabria, está absolutamente intervenida y manipulada y  es una herramienta que el poder político, sin escrúpulos, utiliza para validar cualquier barbaridad que se les ocurra. Invitamos a cualquier vecino a acercarse una mañana en la que la CROTU se reúna para observar cómo los bares cercanos se llenan de constructores que esperan recibir buenas noticias y no tener que enfadarse”.

A su juicio “tenemos claro que es inadmisible y que no se puede permitir que aquellos integrantes de la CROTU que emiten informes de validez, habiendo quedado patente por un Juzgado que se incumplían varias normas, queden impunes y continúen actuando sin ninguna consecuencia”.

Por este motivo, la ACPT anuncia que presentará una demanda contra los técnicos que, de forma deliberada, informaron favorablemente a pesar de los diversos incumplimientos que la reciente sentencia reconoce. “No vamos  a mirar para otro lado olvidando que hay culpables detrás del mafioseo que estamos denunciando”, remarcaron.

El objetivo es limpiar y sanear aquellos órganos que deben velar por la legalidad y la racionalidad ante cualquier actuación política y que se exijan responsabilidades a quienes incumplan.

Dimitir

Pero la sentencia también condena la actuación municipal y con ello a su máximo responsable que a la vez ejerce las funciones de concejal de Urbanismo, el alcalde Javier López Estrada (PRC), de tal forma que se ha demostrado que ha intentado, y así lo hubiese hecho de no ser por esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, incumplir el Plan General de Ordenación Urbana de Torrelavega.

Con esta decisión ha intentado construir todo un complejo turístico en suelo rústico, pretendiendo pasar como equipamiento deportivo el megaproyecto del parque acuático como si de una pista de fútbol sala se tratase, declaran.

Para la ACPT y ARCA este hecho es de una gravedad probablemente nunca vista en nuestro municipio y que, en condiciones normales, debería implicar la dimisión inmediata del alcalde.

A esta nueva cacicada se la puede definir como “Marcanada”, inciden el partido político y el grupo ecologista, ya que “han estado trabajando de la mano padre e hijo y ambos han usado toda la maquinaria administrativa a su alcance para lograr un solo fin: sacar adelante un proyecto de dudosa viabilidad y gran coste para el bolsillo de todos los vecinos”.

Es más, argumentan que esta gran chapuza venía avalada con todos los informes técnicos de las administraciones que ellos manejan, han manejado o son controladas por su partido: las Direcciones Generales de Turismo, Patrimonio, Medio Ambiente y, como no, los servicios técnicos del departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Torrelavega.

Una chapuza de tal calibre, que se han visto obligados a no recurrir o, lo que es lo mismo, los incumplimientos eran tan flagrantes que no cabe ninguna posibilidad de defender las trampas y apaños que de la legislación se estaban haciendo, recuerdan.

Dada la situación, la ACPT manifiesta que el alcalde, a la vista de la sentencia y tras quedar acreditado que ha querido incumplir el PGOU, ha perdido toda legitimidad para seguir manteniendo el cargo que ocupa y no puede continuar ni un solo día más siendo el responsable de un área tan importante como Urbanismo en un momento tan crucial como el actual en el que se está revisando el plan urbanístico.

“Revisión que, por cierto, en su primer documento inicial contemplaba parte de esos terrenos como de especial protección y en el segundo aprobado ya se actualizaron a ordinarios, convencidos que esa calificación sería suficiente para sacar adelante sus planes”, reseñan.

Para finalizar, exponen que esta sentencia no es solo un varapalo a los planes de los Marcano, es un toque de atención a toda la ciudadanía que con su voto y silencio están permitiendo que esta tropa esté convirtiendo Torrelavega en su cortijo privado con el apoyo, servidumbre y complicidad de un PSOE sumiso y entregado que, por seguir manteniendo los sueldos que en otros lugares no ganarían, están tragando y apoyando con todo tipo de tropelías.