Ribamontán al Mar inició la resolución del contrato para construir una residencia geriátrica en Somo

El Pleno del Ayuntamiento de Ribamontán al Mar inició la resolución del contrato del derecho de superficie con la empresa Geriátrico Ribamar S.L. para construir una residencia geriátrica en Somo.

El Pleno municipal, con el voto favorable de los ocho concejales del PRC e Iniciativa Vecinal y la abstención de los tres ediles del PP acordó esta decisión por el incumplimiento del plazo para la presentación del proyecto de obra y actividad para la construcción de la residencia, con el consiguiente incumplimiento del plazo de ejecución de las obras previsto. Además, añaden el impago del canon anual previsto en la cláusula del pliego.

El acuerdo plenario se ha comunicado al adjudicatario y se le ha otorgado un plazo de diez días para presentar los documentos y alegaciones que estime pertinentes. Una vez formuladas las alegaciones se dará traslado a los servicios técnicos y jurídicos para la emisión del correspondiente informe, adoptándose finalmente el acuerdo por parte del Pleno corporativo.

El Grupo municipal de Iniciativa Vecinal ya se interesó por la situación de este proyecto, dado el tiempo transcurrido desde el acuerdo adoptado en la subrogación del derecho de superficie para la construcción de residencia geriátrica en Somo.

El alcalde, Francisco Asón (PRC), informó que “con motivo de la pandemia el Ayuntamiento no ha exigido el cumplimiento de los plazos, pero ahora la situación ha cambiado sustancialmente y además ha tenido conocimiento que está tratando de vender o ceder el proyecto a empresas del sector”.

Igualmente, Asón informó que en los últimos meses ha tenido contacto directo con otros empresarios interesados en la construcción y gestión del geriátrico.

En el Ayuntamiento, la empresa ha registrado el anteproyecto de la residencia y han solicitado el pronunciamiento de los técnicos sobre el cumplimiento de los parámetros urbanísticos.

Todos los Grupos políticos remarcaron que no consentirán nuevas demoras sobre el proyecto y facultaron al alcalde para hacer un requerimiento urgente a la empresa y si en el plazo de quince días no surte efecto alguno, se procedería al rescate y extinción del derecho de superficie.