El TSJC obliga al Ayuntamiento del Astillero a entregar los expedientes municipales al PSOE

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria obliga al Ayuntamiento del Astillero a entregar los expedientes municipales al Grupo municipal del PSOE.

En una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de Cantabria se da la razón al Grupo municipal del PSOE, tras presentar una denuncia contra dos decretos negados de una parte de la información solicitada por los socialistas en referencia a los asuntos tratados en la Junta de Gobierno Local de los días 3 y 11 de marzo de 2022.

Así lo ha anunciado el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Astillero quien, a tenor del fallo, considera que el alcalde ha cometido una vulneración del derecho de información recogido en la Constitución Española y demás legislación.

Salomón Martín recuerda que esta sentencia viene como consecuencia de la falta de transparencia y la opacidad con la que Javier Fernández Soberón (Cs) está dirigiendo el  Ayuntamiento, negándose una y otra vez a facilitar los expedientes de los diferentes temas que son abordados en los diferentes órganos municipales.

“Solo por medio de las continuas solicitudes por escrito, son atendidas de forma parcial y según el criterio que en cada momento disponga el alcalde, decidiendo de forma aleatoria que asuntos pueden conocer los miembros de los Grupos de la oposición y que asuntos no”, manifestó.

Para el portavoz socialista esta sentencia, que anula la anterior dictada en mayo de 2022, en la que el juzgado del contencioso administrativo no vio delito en la forma de proceder del alcalde, viene a dar la razón al Grupo socialista, en cuanto que la actuación ha supuesto una vulneración de los derechos constitucionales que asisten a los concejales en su labor de control de la acción de Gobierno, además de condenar a costas al Ayuntamiento.

Si bien en la primera sentencia, el Juzgado consideró que la solicitud del demandante fue genérica e indeterminada y no justificó que le fuera necesaria para la realización de actuaciones concretas en el ejercicio de su función, por lo que no quedó probado el menoscabo del derecho a la participación política.

Sin embargo, en la doctrina del Tribunal Constitucional se incluye el derecho de los representantes políticos a ejercer sin limitaciones injustificadas las facultades de su cargo que conlleva el control del Gobierno, tanto para parlamentarios como para concejales. Por este motivo, tienen derecho a obtener del alcalde o presidente de la Comisión de Gobierno los antecedentes, datos e informaciones que obren en su poder.

Además, los servicios administrativos locales deberán facilitar la información de los órganos colegiados, resoluciones o acuerdos de cualquier órgano municipal.

En el caso presente, el concejal identificó los expedientes por su número y título y expresó la finalidad: ejercer la actuación de fiscalización del trabajo municipal. Igualmente, la sentencia confirma que el acta no sustituye al expediente porque recogen todos los datos y precedentes.

En cuanto a las costas del recurso contencioso-administrativo, el TSJC impone su pago a la Administración demandada, aunque cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo en el plazo de 30 días a la notificación de la sentencia.

Valoración

Salomón Martín recordó las declaraciones que realizó Javier Fernández Soberón sobre este tema donde comentó que “el derecho a reclamar aquello a lo que se tiene derecho por Ley es lo más triste de la política, que el nunca iba a entrar en este tipo de guerras judiciales que le parecen sucias y absurdas”.

Dada la situación, para el PSOE las preguntas son claras y evidentes: alcalde, aplicar la Constitución Española y defender los derechos que vienen recogidos, le parece una guerra sucia y absurda, cuándo dice que nadie le va a desviar de su objetivo, eso lleva también explicito la vulneración de derechos y el no acatamiento a las leyes vigentes y por último, ejercer el control del Gobierno tal y como marca la legislación vigente le parece sucio y absurdo.

Salomón Martín incide en que una vez más obtiene la razón, pues desde que comenzó la legislatura viene denunciando la vulneración de derechos fundamentales constitucionales otorgados a los concejales. “Un alcalde más pendiente de amordazar a la oposición que de gobernar el municipio, en última instancia de perseguir a quien quiere realizar su labor en aras de la transparencia en los asuntos municipales”, hizo hincapié.