Condenada la Consejería de Educación (PRC) a pagar 1.149 euros a 10 subalternos por sus horas especiales de enero a mayo de 2021

El Juzgado de lo Social número 6 de Santander ha dictado una sentencia que condena a la Consejería de Educación, Formación Profesional, que preside Marina Lombó, a abonar 1.149 euros a cada uno de los 10 subalternos del personal laboral que reclamaron judicialmente un complemento salarial por horas especiales de dedicación entre los meses de enero y mayo de 2021, justo antes de que el Gobierno de Cantabria comenzara a pagarlo en el mes de junio.

La sentencia estima la demanda de estos profesionales del personal subalterno de la Consejería de Educación contra la decisión del Gobierno de Cantabria de abonar el citado complemento salarial únicamente desde la publicación en mayo de 2021 de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), y no desde que en diciembre de 2020 se firmó un acuerdo en el convenio colectivo que estipuló las cuantías económicas que debían percibir.  

"El reconocimiento viene de la modificación del convenio colectivo en diciembre de 2020, aunque el acuerdo que modifica la Relación de Puestos de Trabajo no se publicó hasta el día 7 de mayo de 2021", recalca el argumento de la sentencia del Juzgado de lo Social 2".

La sección sindical de Unión General de Trabajadores (UGT) en el Gobierno de Cantabria ha confirmado su intención de recurrir esta sentencia para reclamar que el personal afectado cobre incluso tres meses más, desde septiembre de 2020 en coincidencia con el inicio del curso escolar 2020-2021, porque "es cuando la secretaria de la Consejería de Educación firmó la circular para que los subalternos realizarán sí o sí su jornada especial".

Como recuerda el sindicato, "un grupo de 45 subalternos de la Consejería de Educación que tienen estipulada una jornada de trabajo irregular por necesidades de los centros educativos no recibía por ello compensación económica alguna, lo que se prolongó durante años hasta que en diciembre de 2020 se firmó un acuerdo de mejoras laborales y modificaciones del convenio colectivo".

"Desde el primer momento estuvimos en desacuerdo con el Gobierno de Cantabria, que no quiso empezar a pagar hasta que se publicase la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), lo que no deja de ser un mero trámite administrativo que en nada impedía que estos trabajadores y trabajadoras percibieran lo que les correspondía", agrega el sindicato.

Protesta

UGT recuerda que los sindicatos de la Administración General del Gobierno de Cantabria llegaron incluso a encerrarse en señal de protesta "por un trámite de la Relación de Puestos de Trabajo que no se terminaba de acometer y que al final no se realizó hasta el mes de mayo de 2021 con el consiguiente cobro desde el mes siguiente".

El sindicato puntualiza que "a pesar de que esta sentencia corresponde a demandas individuales, nosotros apoyamos al grupo de subalternos que quiso ir al juzgado de defensa de un acuerdo en el convenio que firmamos, y no solo para apoyar sus legítimos derechos sino también para trasladar un mensaje claro que lo acordado en las negociaciones del diálogo social debe cumplirse en su integridad".

Plazas sin cubrir

Por otro lado, un total de 401 plazas de la plantilla de la Administración General del Estado (AGE) en Cantabria, el 17 por ciento de un total de 2.355 efectivos entre personal funcionario y laboral, están sin cubrir, según un estudio de UGT, que matiza que en estas cifras no se incluye al personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El sindicato precisa que, aunque el citado porcentaje de plazas sin cubrir en la plantilla de la AGE en Cantabria está por debajo de la media nacional, un 22,3 por ciento, "la situación es excesivamente preocupante tal y como venimos denunciando desde hace años, entre otros motivos, porque la falta de efectivos está provocando una enorme carga de trabajo y que muchos trabajadores  de una plantilla con una edad de aproximadamente 54 años estén solicitando la jubilación anticipada, aunque sea con pérdida de dinero".

UGT, que viene convocando movilizaciones en distintos organismos de la AGE junto con otros sindicatos por la escasez de personal y la saturación de trabajo que conlleva, como recientemente en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, aclara que "a diferencia de otras Administraciones públicas, en ésta no hay bolsas de empleo para cubrir plazas vacantes o incapacidades temporales de larga duración".

"Cuando hay falta de efectivos, simplemente, la carga de trabajo tiene que ser asumida por la plantilla disponible", matiza el sindicato, mayoritario en la AGE en Cantabria, que agrega que en la actualidad en la región hay 53 interinos, en su gran mayoría en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y la Seguridad Social "pero sin ocupar ninguna vacante al estar destinados a programas concretos".

UGT subraya que "aunque en los últimos años las ofertas públicas de empleo en la AGE han sido importantes en el número de plazas, Cantabria no ha tenido una tasa de reposición acorde con las jubilaciones que se han registrado".

"Por poner algunos ejemplos significativos, en las últimas convocatorias de turno libre de 2020, de las 650 plazas para la categoría de auxiliar administrativo y de las 850 para administrativos, únicamente se adjudicaron a Cantabria dos y cuatro plazas respectivamente", recuerda el sindicato, que se muestra "muy pesimista" en relación a que las ofertas de empleo que se convocarán próximamente para 2021 ó 2022 "den solución al gran número de jubilaciones que se van a producir en los próximos cinco años".

Relación detallada

Las estadísticas oficiales manejadas por la sección sindical de UGT en la AGE confirman que más de la mitad de la plantilla en Cantabria está distribuida entre las entidades gestoras de la Seguridad Social, con 437 trabajadores y 86 vacantes por cubrir; la Agencia Tributaria, con 351 efectivos y 48 vacantes; y el penal de El Dueso, con 286 trabajadores y 63 plazas pendientes de cubrir.

"Por su volumen de empleo, son las entidades u organismos que más se resienten por la escasez de personal y las plazas sin cubrir pero no nos debemos de olvidar de otros más pequeños como el Catastro, la Demarcación de Costas, las confederaciones hidrográficas, las diferentes áreas de la Delegación del Gobierno, el INE, el SEPE, Tráfico o la Inspección de Trabajo", añade la sección sindical de UGT en la AGE.

El sindicato matiza que en la Inspección de Trabajo, donde ahora hay movilizaciones sindicales, "la falta de efectivos repercute igual o incluso más que en centros de trabajo con más plantilla", tras puntualizar que "el hecho de tener completa la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) en los distintos organismos, no significa que el número de trabajadores sea suficiente para abordar el trabajo a desempeñar, como ocurre en el Fogasa, Muface o el TEAR".

UGT recuerda que, a petición de sus delegados de prevención, el Comité de Seguridad y Salud de la AGE en Cantabria ya remitió un escrito a la Dirección General de Función Pública en 2018, solicitando la necesaria y urgente reposición de efectivos ante la previsión de las jubilaciones y el incremento de cargas de trabajo, "aunque la petición no ha dado los resultados esperados porque desde entonces hay 181 trabajadores menos e incluso se han llegado a amortizar 29 plazas".

El sindicato aclara su intención "de seguir defendiendo unas condiciones de trabajo adecuadas en la AGE de Cantabria que permitan dar un servicio público de calidad a los ciudadanos, y no por la profesionalidad incuestionable y el sobreesfuerzo de la plantilla, sino por una cobertura de los puestos de trabajo cada vez más necesaria y urgente".