El fiscal pide 25 años a la acusada de, presuntamente, decapitar a su novio en Castro Urdiales y la defensa plantea su no culpabilidad

El fiscal mantiene la petición de 25 años a Carmen Merino, acusada de cometer, presuntamente el crimen y posterior decapitación de su novio, Jesús María Merino, en Castro Urdiales.

La Fiscalía insiste en que se trata de un asesinato con alevosía, sin posibilidad de defensa, y con la agravante de parentesco, al entender que hay "numerosos datos" que son "poderosas evidencias" de que ha cometido el crimen, por qué y cómo.

Mientras tanto, la defensa de la acusada ha insistido en la libre absolución de Merino, que, supuestamente, entregó un paquete con la cabeza de su novio a una amiga para que se la guardase alegando que contenía juguetes sexuales, ya que "no causó" la muerte ni cooperó "de ninguna forma".

No obstante, esta parte, que entiende que hay "dudas suficientes" como para que el jurado emita un veredicto de culpabilidad, ha modificado algunos hechos de su escrito provisional y ha introducido como conclusión subsidiaria que cometiera un delito de encubrimiento.

"Esta investigación se ha cerrado en falso, hay que declarar no culpable a Carmen y hay que volver a poner el contador a cero y empezar a investigar de verdad", ha reclamado ante un "desastre" de investigación Eduardo García Peña, abogado de Merino, que ha declinado ejercer su derecho a la última palabra: "no señoría, no quiero decir nada", ha indicado al juez que preside el tribunal en la Audiencia Provincial de Cantabria.

Por su parte, la acusación particular, ejercida por los hijos del fallecido, banquero vasco jubilado de 67 años cuando desapareció, ha insistido en la prisión permanente revisable por asesinato que atribuye a la procesada, natural de Sevilla de 64 de edad, ingresada en el centro penitenciario El Dueso, en Santoña, desde el macabro hallazgo, en septiembre de 2019.

La letrada de la familia, Ana Quintana, ve una "premeditación total y absoluta" y una finalidad "clarísima", y solicita subsidiariamente la misma pena de cárcel que la Fiscalía y 35.000 euros para los hijos de Jesús María Baranda por el daño moral, aunque el Ministerio Público pide 20.000, también para el hermano del finado.

No es una psicópata

En su alegato final, el fiscal ha hecho un relato cronológico de los hechos que imputa a la procesada, que negó su participación y señaló a la amiga a la que entregó la caja y también al hermano de Baranda; desde búsquedas en el ordenador de Merino hechas a partir de octubre de 2018, relacionadas con el cobro de la pensión si desparece el marido o cuánto tarda en descomponerse un cadáver, cuando cree que cuando empezó a "urdir el plan" por "motivos económicos", hasta que apareció la cabeza, en septiembre de 2019.

Considera que la sospechosa "se anticipó al futuro" antes de cometer el crimen, las acusaciones lo sitúan a mediados de febrero en el piso de la pareja, en la calle Padre Basabe de Castro, con esas búsquedas en Internet y también haciendo "acopio", en noviembre, de Diazepam, un ansiolítico que ella tenía recetado y que se encontró en el cráneo, pero sin que se haya determinado la cantidad dado el estado que presentaba, por el tiempo transcurrido y haber sido manipulado y sometido a una fuente de calor.

Pero cree que mató a su novio "intencionadamente", porque "si no, no tiene sentido todo lo demás".

"Carmen Merino no es una psicópata", ha manifestado el fiscal, haciéndose eco de la conclusión del informe pericial psiquiátrico practicado a la procesada.

A su juicio, "tuvo que usar el alcohol para poder acometer la tarea macabra que pasó en ese domicilio", aludiendo así a la adquisición de varias botellas de whisky y al supuesto descuartizamiento del cadáver con una motosierra, de la que también hay búsquedas en el ordenador y pruebas de compra, además de productos para limpiar "la escena del crimen".

Asimismo, se ha referido a la "historia de los viajes" que Merino contó a familiares y amigos que preguntaban por Baranda y a la "manipulación" de teléfonos cuyo uso se ha atribuido al desaparecido y que según los peritos no salieron de Castro, según la señal de los móviles en los repetidores.

También ha resaltado que denunciara la desaparición un primo de la víctima, no la acusada, y su reacción al descubrirse la calavera, así como una declaración de los hechos en la vista oral que no tiene "sentido" y carece de "lógica y coherencia", basada en "intentar echar la culpa de lo que ella ha cometido a otras personas". Y "hoy hay otro cambio de versión. Hoy dice que ha colaborado ocultando pruebas. Eso no nos lo dijo en su declaración. ¿Cuándo dice la verdad la señora Merino?", ha preguntado el fiscal a los jurados.

Encubrimiento

La defensa ha advertido a los miembros del tribunal que este juicio "no es un concurso" sobre "quién hace el relato más lógico y coherente", sino que deben basar su veredicto en "pruebas y hechos" con suficiente "grado de certeza" y no en deducciones, imaginaciones o sospechas, pues no se trata de "un acertijo", ha dicho.

Este abogado ha dividido su intervención en cuatro cuestiones o "trincheras", como las ha definido, que ha relacionado con "lo que hay y lo que no hay", es decir, certezas y dudas sobre lo ocurrido. La primera, que "no hay causa de la muerte" pues no hay "ninguna" prueba y "no se sabe" de qué y cómo falleció Baranda, ámbito en el que "no vale", ha apuntado, "me imagino, creo o me parece": "esto no es un concurso de literatura: aquí hay que acreditar hechos".

Así, sin saber de qué murió ni mediante qué acción, no hay un "nexo causal" con el homicidio o asesinato, pues "descuartizar o decapitar un cadáver no es prueba de matar", sino que es "otra cosa", ha diferenciado. Al hilo, ha pedido a los jurados que separen hechos posteriores y anteriores al fallecimiento, como la búsqueda sobre la descomposición de un cadáver, que "aislado no demuestra nada".

Y aunque la muerte fuese violenta, no se sabe ni hay pruebas de su autoría, a ojos de este letrado, que ha aclarado que él no se la atribuye, ni la posible participación en los hechos, "a nadie", sino que expone sus "dudas", aludiendo así a "sospechas" de la Guardia Civil de que hubiera más personas (se investigó al hijo de Merino pero se descartó que estuviera involucrado).

En tercer lugar, ha planteado la posibilidad de que su patrocinada participase destruyendo pruebas o ocultando al culpable, lo que sería "encubrimiento" por motivos como "dinero, miedo o amor". Momento en el que la defensa ha explicado que su obligación es "abrir todo el abanico", más cuando no lo ha hecho el fiscal y le ha abocado a un terreno y a una posición "antinatural".

Finalmente, ha considerado que "en el peor escenario posible" se podría condenar a Merino por homicidio, pero "jamás" por asesinato, pues el "vacío probatorio es total y absoluto" acerca de que el crimen se cometiera en el domicilio o que ingiriera una cantidad alta e involuntaria de Diazepam.

Contaminación

La acusación particular cree que el defensor ha intentado "contaminar" el procedimiento en un "afán de introducir a terceras personas" en este crimen "macabro y espeluznante", que atribuye a Merino, con una "premeditación total y absoluta" y con una finalidad "clarísima".

Esta abogada ha cuestionado que no se declarara inocente al principio, que se quedara "tan ancha" cuando apareció la cabeza o su "falta de transparencia", y ha desgranado "contradicciones" y "mentiras" en las que ha incurrido en el interrogatorio.

Con todo, ha calificado de "ciencia ficción" la versión "fantasiosa e incierta" de lo ocurrido que ha ofrecido Merino, que "ha tratado como ha podido, torpemente, de encajar y estructurar unas alegaciones que no se sostienen", pero "la secuencia de los hechos se impone".