Escalante dispondrá de 15 viviendas de sustitución de los pisos con sentencia de derribo por un coste de 2,3 millones de euros

El municipio de Escalante dispondrá de 15 viviendas y garajes de sustitución de los pisos con sentencia de derribo por un coste de 2,3 millones de euros. El proyecto saldrá a licitación en 15 días.

Así, lo ha detallado el consejero de Urbanismo, Roberto Media (PP), quien el pasado mes de julio ha enviado cartas a todos los afectados para que comuniquen si aceptan o renuncian a estas viviendas de sustitución y, hasta el pasado día 30 de agosto, se les dio audiencia para darles a conocer tanto el proyecto de ejecución como las futuras bases para el sorteo de las viviendas.

El consejero mantuvo hoy un encuentro con representantes de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), y afirmó que el Gobierno de Cantabria “cumple” con la hoja de ruta marcada para solucionar el problema de los derribos en la Comunidad.

En concreto, el titular del departamento ha repasado con el colectivo la situación en la que se encuentran los cuatro municipios afectados, Argoños, Arnuero, Escalante y Piélagos.

Sobre las tres nuevas viviendas de sustitución para los propietarios de Las ‘Llamas II’ que se están construyendo actualmente en Argoños, el consejero ha informado que actualmente se ha certificado un 60 por ciento de las obras, que comenzaron a principios de este año y que estarán finalizadas en enero de 2025.

Media también ha avanzado que se han creado varias comisiones en dos de las urbanizaciones afectadas de ‘Pueblo de Mar` y ‘Las Llamas I’, con el objetivo de “mantener reuniones para tratar temas más concretos, algo que previsiblemente suceda también con los afectados de Liencres”.

En el encuentro, en el que ha participado el presidente de AMA, Antonio Vilela, el titular de Fomento también ha explicado al colectivo que, tras la aprobación del último modificado del proyecto originario, previsiblemente, las obras de construcción de las 62 viviendas de sustitución que se están ejecutando en Arnuero estarán finalizadas el próximo mes de noviembre. Un proyecto en el que el Ejecutivo autonómico invertirá 7,7 millones de euros.

Indemnizaciones

Durante su intervención, Media ha explicado que en un año, del 1 de julio de 2023 al 1 de julio de 2024, el Gobierno de Cantabria ha abonado 5,7 millones de euros en concepto de expedientes de indemnizaciones, “una cifra que supone más del 58 por ciento del total de indemnizaciones que el Ejecutivo ha pagado desde el año 2020”.

Además, según las estimaciones de la empresa pública Gesvican, el Fondo de Derribos ha gastado, en los seis primeros meses del presente año, 4,2 millones de euros y está previsto “que se gasten un total de nueve millones de euros hasta final de año”. Con ello, el Fondo contaría aún con una partida de tesorería de seis millones de euros a fecha del día 31 de diciembre de 2024, a falta de lo que se destine al mismo el presupuesto de la Comunidad para el año que viene.

El consejero ha recordado el “compromiso” que el Gobierno de Cantabria adquirió a comienzos de la legislatura con todas las familias afectadas y ha avanzado que su departamento mantendrá reuniones periódicas con el colectivo y que, antes de que finalice este año, se realizará una reunión con la asistencia de la presidenta Buruaga.

Por su parte, al término del encuentro, Vilela ha destacado que “este año tiene que haber soluciones reales” para los afectados, que sean “tangibles”, a través de una hoja de ruta “con fechas, compromisos y presupuesto” para llevarlas a cabo.

El presidente de AMA ha destacado la importancia de crear comisiones, “que vayan con el Gobierno”, con las que se puedan dar “soluciones específicas para cada urbanización”.

Desde el colectivo han vuelto a solicitar “una modificación” de la ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa “que proteja mucho más al tercero de buena fe y, sobre todo, que el afectado no tenga que estar 15 años esperando a que le reparen el daño causado”.