La Plataforma Salvar Torrelavega lleva ante el TSJC la delimitación de la Zona de Bajas Emisiones

La Plataforma Salvar Torrelavega ha presentado una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) contra el Ayuntamiento de Torrelavega, impugnando la reciente aprobación de la delimitación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en la ciudad.

La acción legal ha sido dirigida por el despacho jurídico Dvuelta, especializado en la impugnación de ordenanzas restrictivas y en la defensa de los derechos de los conductores y la movilidad de los ciudadanos, y busca anular una medida que califican de consideran arbitraria, deficiente y carente de fundamentación legal adecuada.

La demanda se presentó dentro de los plazos legales y se ha comunicado su admisión a trámite, “lo que supone un espaldarazo a los argumentos jurídicos esgrimidos respecto a una delimitación que está plagada de irregularidades en su tramitación que afectan a los derechos de los ciudadanos, sin ni siquiera argumentar su impacto en la mejora de la calidad del aire”, en opinión de Ángel Herreros, portavoz de la Plataforma Salvar Torrelavega.

La Plataforma Salvar Torrelavega busca con esta demanda la nulidad de pleno derecho del acuerdo del Ayuntamiento de Torrelavega, instando a que se reconsidere la implementación de la ZBE bajo un marco más riguroso y conforme a la legalidad vigente. La demanda se presenta como un paso necesario para proteger los derechos de los ciudadanos y garantizar que las decisiones municipales se adopten con la debida fundamentación técnica y jurídica.

Ángel Herreros afirma que la interposición de esta demanda es «un paso necesario y obligado» ante el «desprecio» mostrado por el Ayuntamiento de Torrelavega a las varias propuestas del colectivo para conseguir una delimitación de la ZBE «menos lesiva» para los sectores económicos de Torrelavega (comerciantes, hosteleros, profesionales, autónomos, PYMES…) y también para los más de 200.000 habitantes de Cantabria que tienen en la ciudad su referente para las compras, los servicios y el ocio.

Herreros ha explicado que «la falta de empatía» del Consistorio ha sido manifiesta desde el primer momento en que se planteó la ZBE, que se ha confirmado con una ordenanza de carácter recaudador y «pensada para imponer cuantiosas multas» a las personas y a las familias que accedan a la zona restringida al tráfico.

Argumentos

La Plataforma Salvar Torrelavega denuncia que la delimitación de la ZBE se ha llevado a cabo de manera arbitraria, vulnerando el principio de proporcionalidad al imponer restricciones significativas a la circulación de personas y vehículos sin un análisis riguroso que justifique tal medida.

La demanda argumenta que esta delimitación de la Zona de Bajas Emisiones no solo es innecesaria, dado el bajo nivel de emisiones procedentes de vehículos en el municipio, sino que también representa una limitación indebida de los derechos de los ciudadanos.

Dvuelta ya consiguió la anulación de la Ordenanza de ZBE de Madrid, denominada “Madrid Central”, por sentencia del TSJM de julio de 2020, confirmada por el Tribunal Supremo en abril de 2021. Y también tumbó la Ordenanza de la ZBE del Ayuntamiento de Gijón según sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de febrero de 2023.

Irregularidades

El pasado día 5 de marzo, el Pleno del Ayuntamiento de Torrelavega aprobó definitivamente el Estudio y Propuesta de Delimitación de la ZBE, redactado por la empresa Diseño Organización y Movilidad, S.L. (Doymo), e incluido en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Torrelavega. Los expertos jurídicos de Dvuelta sostienen que dicho acuerdo se adoptó sin el debido respaldo técnico y jurídico, lo que compromete la validez de la medida.

En la demanda presentada ante los Tribunales se alegan multitud de irregularidades técnicas y legales que invalidan, en opinión del equipo jurídico que ha redactado la demanda, la aplicación de la norma, resaltando que incluso no se argumenta la mejora en la calidad del aire, que debería ser el fin último de la norma.

Entre ellas se encuentra la ausencia de supervisión técnica competente, ya que el informe económico y presupuestario que acompaña al proyecto Doymo no cuenta con la debida autorización por parte de órganos administrativos competentes, como el Interventor municipal. Esta carencia de supervisión invalida las consideraciones económico-financieras del informe, según jurisprudencia reciente.

Al mismo tiempo, falta de cualificación del autor del informe presupuestario que carece de información sobre la identidad y cualificación de su autor, lo que cuestiona su fiabilidad y la validez de las conclusiones presentadas. Además, el equipo redactor identificado no incluye ningún profesional con cualificación en materia económica, financiera o presupuestaria.

Además, remarcan las deficiencias en la evaluación del impacto económico y competencia, pues en su opinión el informe sobre el impacto en el mercado y la competencia también adolece de serias deficiencias, incluidas suposiciones no fundamentadas y la omisión de intervención de técnicos cualificados. “Estas deficiencias comprometen la legalidad de la delimitación de la Zona de Bajas Emisiones ZBE”, inciden.

Para finalizar, remarcan la insuficiencia de motivación en la mejora de la contaminación. La justificación de la ZBE en términos de mejora de la calidad del aire y la contaminación acústica es insuficiente y se basa en datos incompletos. Los propios informes reconocen que Torrelavega no sufre altos niveles de contaminación, lo que pone en duda la proporcionalidad y necesidad de la medida.