Concentración del Comité de Empresa de MARE ante el Parlamento por la privatización del servicio

El Comité de Empresa de MARE insiste en la urgencia de frenar la privatización de los servicios de esta empre pública y advierte que la situación es “insostenible”. Así lo han declarado durante la concentración que ha tenido lugar hoy frente al Parlamento de Cantabria con motivo de la celebración del Pleno de los lunes.

Los afectados quieren que los dirigentes de los distintos partidos tomen nota de la situación, se retraten sobre la situación que atraviesa la empresa pública y den un paso al frente para que se recuperen los servicios que ahora han sido privatizados.

Esta movilización llega tras meses de protestas en las que el Comité de Empresa insiste sobre “la nefasta gestión de personal que está conllevando que no se puedan dar los servicios en condiciones de calidad para la ciudadanía y de seguridad para las y los trabajadores”, apunta el presidente del Comité de Empresa, Nacho Modinos, quien denuncia que, meses después, “la situación es la misma, se siga boicoteando el servicio y no tengamos ninguna respuesta certera desde la dirección de la empresa, que adquiere muchos compromisos que luego no cumple”.

El Comité insta a los dirigentes de los partidos políticos a que “tomen nota de la situación y den un paso al frente para recuperar estos servicios”.

“Es inadmisible esta línea de trabajo y continuamos exigiendo la recuperación de los servicios subcontratados, así como un plan de empresa que refleje una plantilla adecuada a los servicios que prestamos”, incide Modinos.

El pasado verano, el Comité de Empresa ya denunció, en reiteradas ocasiones, la situación y ahora, varios meses después, aseguran que “se siguen boicoteando los servicios desde dentro de la empresa con el fin de favorecer intereses privados”, ha señalado Ignacio Modinos, presidente del Comité de Empresa.

Para Modinos, “es inadmisible que la única respuesta que tenemos desde la dirección de la empresa esté llena de mentiras e incumplimientos. Se han comprometido a muchas cosas a las que no están haciendo ningún caso y lo único que se está consiguiendo es encarecer los costes de los servicios y favorecer intereses privados”.

Para el Comité de MARE, es urgente un plan de empresa que refleje una plantilla adecuada a los servicios crecientes encomendados y que, hasta ahora, se venían dando con eficacia y condiciones más favorables para la ciudadanía.

Pleno del Parlamento

El Gobierno quiere evitar el cierre del Centro de Día de Castro Urdiales, aunque la empresa se niega a prorrogar el contrato. La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Eugenia Gómez de Diego (PSOE), ha asegurado que el Gobierno regional está trabajando en alternativas que permitan mantenerlo, cuyo cierre está previsto el día 31 de diciembre, después de que la empresa que lo gestiona "se haya negado" a seguir prestando el servicio hasta que empiecen las obras para construir una residencia en el edificio.

Según la consejera, se trabaja para que el centro pueda seguir abierto hasta el comienzo de las obras, aún no está listo el proyecto, que se entregará en abril y a continuación se procederá a la licitación, o para que se siga prestando el mismo servicio en otro lugar dentro del municipio y evitar así que los usuarios tengan que desplazarse a otros centros, pero las opciones estudiadas "de momento" no son viables.

Por ello, se está en contacto con los 25 usuarios del centro de día y sus familiares para ofrecer un plan alternativo y que puedan recibir la atención en otros centros si finalmente no es posible mantener el suyo abierto a comienzos de 2023.

Gómez de Diego ha respondido así en el Pleno del Parlamento de este lunes a preguntas de la diputada del PP, Isabel Urrutia, quien ha criticado el "oscurantismo" en torno a la iniciativa de construir la residencia, de la que ha lamentado enterarse por los usuarios que han recibido la notificación.

 Urrutia ha señalado que se ha cerrado la lista de atención y a los usuarios "se les trasladará en furgoneta a centros como mínimo a 20 kilómetros de distancia" porque al Gobierno "le ha pillado el toro", pues sabía que la empresa no iba a continuar prestando el servicio y aun así no ha buscado una alternativa a tiempo.

Por ello, ha lamentado que Gómez de Diego culpe a la empresa cuando "tiene instrumentos" que permiten a la Consejería mantener el centro abierto hasta que comiencen los trabajos.

Mientras, la consejera ha explicado que el cierre "no es una decisión del Gobierno de Cantabria, es una decisión de la empresa", que comunicó al Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass) que no continuaría con el servicio por ser "deficitario".

Fue entonces cuando el Ejecutivo regional decidió mejorar los servicios en un espacio que está "claramente infrautilizado" y hacer las obras, cuyo plazo de ejecución es de ocho meses, para habilitar en la planta baja el centro de día y en las dos superiores una nueva residencia.

Inmuebles ocupados

Además, Gómez de Diego ha sido cuestionada, también por el PP, por las ocupaciones ilegales en inmuebles propiedad del Gobierno de Cantabria, así como los procedimientos judiciales en marcha para su desalojo y las medidas en marcha para evitar que se produzcan más casos.

La consejera ha explicado que, en la actualidad, están ocupados ilegalmente seis inmuebles propiedad del Ejecutivo regional: dos viviendas de Gesvican, sociedad dependiente de la Consejería de Obras Pública, una en Santander y otra en Torrelavega y, además, en cuatro inmuebles en Argoños que forman parte del fondo de derribos y que tienen sentencia de demolición.

Gómez de Diego ha explicado que en estos momentos el Gobierno de Cantabria tiene abiertos tres procedimientos penales y dos civiles para el desalojo de los inmuebles ocupados ilegalmente.

Además, ha indicado que por la ocupación de la vivienda de Gesvican en Santander, ya hay una sentencia firme favorable a esta sociedad pública en la que se condena al demandado a dejarla libre, una resolución que se encuentra en fase de ejecución.

En relación a la de Torrelavega, el demandado ha interpuesto un incidente extraordinario de suspensión del desahucio por encontrarse en situación de vulnerabilidad económica.

Respecto a Argoños, ha señalado que Gesvican interpuso sendas denuncias ante la Guardia Civil de Santoña los días 11 de abril, 13 de mayo y 21 de julio.

Además, el pasado 25 de mayo Gesvican denunció la ocupación de un cuarto de bicicletas situado en la planta baja de un edificio de su propiedad en Torrelavega, que ha derivado en un procedimiento de juicio por delitos leves que está en tramitación.

Tras conocer estos datos, el portavoz del PP, Íñigo Fernández, ha reprochado a la consejera que mantenga que la ocupación no es un problema en Cantabria cuando seis inmuebles del Gobierno están en esta situación, a los que habría que sumar otros casos de particulares. Así, se ha preguntados "cuántas viviendas" tienen que ser ocupadas ilegalmente para que Gómez de Diego considere que hay un problema.

Sedición

El Parlamento de Cantabria se ha pronunciado este lunes, a iniciativa del PP en el Pleno, en contra de la derogación del delito de sedición que plantea el Gobierno de España, con el único voto en contra del PSOE, que acusa a los 'populares' de pretender "engañar" a los ciudadanos para crear "división".

A excepción de los socialistas, el resto de partidos con representación en la Cámara cántabra han apoyado una Proposición No de Ley (PNL) del PP en la que se insta a las Cortes Generales a rechazar la iniciativa parlamentaria presentada para reformar el Código Penal.

Con dicha reforma se plantea sustituir el delito de sedición y sustituirlo por otro desórdenes públicos agravados que contempla penas para las autoridades de tres a cinco años de prisión, frente a los 10 a 15 años que recoge el Código Penal vigente, e inhabilitación de seis a ocho años, frente a los 10 a 15 años que establece la ley actual.

La iniciativa tenía un segundo punto en el que se insta también al Gobierno de España a "cumplir, acatar y respetar la Constitución española en la que "no tiene cabida la sedición ni los referéndums ilegales", y, sobre todo, ratificar el artículo 2 de la Carta Magna en el que se señala que "la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas".

El debate de esta iniciativa ha hecho que los dos socios del Ejecutivo regional, PRC y PSOE, hayan votado de forma diferenciada, ya que los regionalistas se han unido al PP, Cs y Vox y a la diputada no adscrita Marta García para apoyar la PNL, mientras que los parlamentarios socialistas han votado en contra.

En la defensa de la PNL, el portavoz del PP, Íñigo Fernández, ha alertado de los "riesgos" que" entraña para España alterar el delito de sedición", algo con lo que el Gobierno central, liderado por su presidente Pedro Sánchez, está "negociando apoyos políticos" con los independentistas para mantenerse en el poder, aunque ello vaya "en beneficio de los delincuentes", una postura en la que han coincidido Cs y Vox.

Asimismo, ha asegurado que los votantes socialistas "con sentido común no están de acuerdo ni comulgan" con lo que pretende hacer el Gobierno.

En esto último también ha incidido el portavoz regionalista, Pedro Hernando, quien ha aludido a encuestas que señalan que "el 66 por ciento de los españoles" están en contra de introducir cambios en el delito de sedición y ha señalado que, de hecho, el 60 por ciento de los votantes socialistas lo rechazan y un 45 por ciento de Podemos.

Por otro lado, ha asegurado que el PRC y su secretario General y presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, tienen "muy clara" su postura en este tema, aunque lo hagan sin darse "golpes de pecho de superioridad moral".

Y es que, en su opinión, de lo que se está hablando en el fondo de la cuestión no es del delito de sedición sino de la "protección de la Constitución" o si se dejará o no "desamparada penalmente" a la Carta Magna ante quienes cometan hechos como los sucedidos en Cataluña en 2017 con la declaración unilateral de independencia.

A su juicio, "no existiría la polémica" sobre este asunto si lo que se hubiera planteado es la desaparición del concepto de sedición, pero a la vez se pretendiera incorporar para situaciones como las vividas en Cataluña un delito "con penas del siglo XXI".

"No estamos hablando del concepto de sedición, sino de defender o no la Constitución, de si vamos a tener instrumentos penales contra quienes quieran subvertir el orden constitucional, las reglas del juego", ha señalado Hernando, que cree que en España "no podemos permitirnos que no exista una consecuencia penal" para quienes no cumplan con lo que dice la Constitución.

"¿Vamos a dejar que aquellos que incumplen la Constitución y pueden tener en el futuro intenciones de volver a hacerlo no tengan condena penal, que no tengamos un instrumento para defender la Constitución? Con los regionalistas que no cuenten", ha zanjado el portavoz regionalista.

Por su parte, el PSOE considera que la PNL y el discurso del PP sobre el asunto tiene "mucha demagogia" y "populismo" y "poco contenido" y han acusado a los 'populares' de practicar un "patriotismo de garrafón".

En su intervención, han defendido que la derogación del delito de sedición trata solo de "armonizar" la legislación española a la de las "principales democracias europeas" donde "no existe" este tipo penal, que, a su juicio, es una figura "obsoleta".

A diferencia que lo mantenido por el PP y por varios de los portavoces de Cs y Vox, la portavoz parlamentaria del PSOE, Noelia Cobo, ha defendido que la derogación de este delito "no representa concesión alguna al independentismo".

Así, Cobo cree que el PP, con este tipo de iniciativas, "compite con la ultraderecha por un trozo del pastel eletoral". "Dejen de engañar a la ciudadanía y crear crispación y división", ha reclamado.

Endogamia en la UC

El Pleno también ha rechazado una iniciativa de Vox para instar al Gobierno regional (PRC-PSOE) a tomar medidas para acabar con la endogamia" que, a su juicio, existe en la Universidad de Cantabria (UC), que ha contado con el voto de todos los restantes partidos del Parlamento y con la abstención de la diputada no adscrita Marta García.

Vox ha explicado que la endogamia a la que alude se pone de manifiesto, en su opinión, con que una gran parte de los profesores permanentes de la UC son titulados y doctorados de la propia institución.

Así, Vox instaba, entre otras cuestiones, al Gobierno regional a regular la prohibición para la UC de contratar como personal docente o investigador a candidatos que hayan realizado su doctorado en la misma institución, si estos no hubiesen previamente obtenido plaza en atención a sus méritos en otra universidad, algo que, en su opinión, "permitiría evitar contrataciones endogámicas o por afinidad personal en lugar de por los méritos objetivos del candidato, incentivar la transparencia del sistema y la equidad en el acceso a las plazas, así como fomentar el intercambio de conocimiento, al incorporar docentes provenientes de otras escuelas de pensamiento".

El portavoz de Vox, Cristóbal Palacio, durante la defensa de la iniciativa, ha vuelto a aludir a casos como el del director General de Universidades del Gobierno de Cantabria, Antonio Domínguez Ramos; la delegada del Gobierno, la socialista Ainoa Quiñones, o el diputado nacional del PSOE por Cantabria, Pedro Casares.

La iniciativa ha recibido el 'no' del resto de partidos de la Cámara, que han acusado a Vox de intentar "ensuciar el nombre de la UC" con "descalificaciones y afirmaciones sin ningún tipo de sustento". De hecho, desde Cs han acusado a los miembros de esta formación de tener "fijación" con esta institución.

El PP, por su parte, cree que, con esta iniciativa, Vox trata de "intentar poner sobre la mesa", aunque sin decirlo expresamente, un "presunto caso de enchufismo sistematizado en la UC" en el que los 'populares' "no creen y al que no le van a dar ningún pábulo".

Además, todos los partidos han defendido que la "autonomía universitaria" impide que el Gobierno de Cantabria pueda llevar a cabo lo que Vox pide.