Libertad provisional para el funcionario encarcelado en el penal El Dueso, en Santoña, por la presunta trama de contratos de Obras Públicas
Miguel Ángel Díez fue detenido en febrero como supuesto cabecilla de una red de adjudicaciones irregulares
El funcionario del Servicio de Carreteras Autonómicas encarcelado por la presunta trama de adjudicaciones irregulares de contratos de obras en Cantabria, Miguel Ángel Díez, ha quedado el libertd provisional del penal El Dueso, en Santoña, donde se encontraba desde el pasado mes de febrero.
En ese momento fue detenido como supuesto cabecilla de la red, en la que estarían involucradas su mujer e hijas y responsables de cuatro empresas del sector en la región.
El principal investigado en esta causa, que investiga el Juzgado de Instrucción número cinco de Santander, ha quedado en libertad provisional tras una resolución que así lo decreta.
La defensa del procesado, que ha cambiado hasta tres veces de abogado, solicitó su puesta en libertad hace meses, pero la Audiencia de Cantabria se opuso a esa petición confirmando la medida cautelar de prisión provisional comunicada y sin fianza dictada el 24 de febrero por la magistrada instructora.
El Gobierno de Cantabria, que está personado en la causa como acusación particular, se opuso también al recurso para poner en libertad del funcionario.
Miguel Ángel Díez es el único que ingresó en prisión de los seis detenidos que pasaron a disposición judicial por la supuesta trama de corrupción, entre los que se encuentra también su mujer y los responsables de las empresas investigadas, Rucecan, Api Movilidad, Cannor y La Encina.
Como presunto cabecilla de las adjudicaciones irregulares, a Díez se le atribuyen los delitos de cohecho, fraude en la contratación pública, blanqueo de capitales, prevaricación y falsedad documental, pudiendo suponer hasta seis años de cárcel cada uno de ellos.
Es por ello que la magistrada al frente del caso, Mercedes Compostizo, envió al funcionario a la prisión El Dueso al considerar que existía "un importante riesgo de fuga".
El resto de procesados quedaron en libertad provisional, con la obligación de comparecer ante el Juzgado cada 15 días, situación en la que se encuentra también ahora el principal investigado.
