El Parlamento reclama medidas para la continuidad de Gamesa Reinosa a los gobiernos y la Unión Europea

El Parlamento de Cantabria ha aprobado, por unanimidad, una Proposición No de Ley (PNL) que pide la continuidad de la planta de Siemens Gamesa Electric en Reinosa e insta a tomar medidas a los Gobiernos regional y central y a la Comisión Europea.

Los grupos de la Cámara han defendido que, a pesar de los problemas que tiene la compañía tras los fallos que ha dado el generador SG 5x que fábrica --ante los que baraja abandonar el mercado de aerogeneradores terrestres (on shore)--, la planta campurriana "no es la responsable en absoluto" y además "genera beneficios".

Además, han destacado la importancia de mantener esta fábrica que desarrolla un trabajo "de alto nivel", en una comarca como Campoo, que sufre "un problema de empleo y de despoblación".

Por ello, el Pleno ha llamado a que se garanticen los 222 puestos de trabajo actuales de la planta respetando el acuerdo alcanzado con la representación sindical en diciembre de 2022.

A la sesión plenaria han asistido como público algunos empleados de Gamesa, tras concentrarse la semana pasada a las puertas de la factoría para pedir a la dirección "certidumbres" sobre su futuro.

La iniciativa aprobada por todos los grupos ha partido del PRC, que pedía al Gobierno regional tomar medidas en favor de la planta, y se ha aprobado incorporando una enmienda del PP que amplía la petición también al Ejecutivo central y a la UE, ya que los 'populares' han explicado que la incertidumbre de la compañía afecta sus 10 plantas en España y "desborda" la competencia autonómica.

El diputado regionalista Francisco Javier López Marcano, ha asegurado que la planta de Reinosa es "la base tecnológica de todas las de Siemens Gamesa en España", con un nivel de Investigación más Desarrollo más innovación (I+D+i) "infinitamente superior al resto".

Además, ha pedido a la presidenta cántabra, María José Sáenz de Buruaga (PP), que se ponga en contacto con el CEO de la empresa para mantener una reunión y pedirle que garantice la continuidad de los puestos, como ya lo ha hecho al Gobierno vasco, territorio donde tiene tres fábricas.

Mientras, el 'popular' Juan José Alonso ha insistido en que la situación de la comarca campurriana requiere de un apoyo "inequívoco" para mantener esta empresa, ya que además el fallo del citado generador "no es un problema de esta planta".

Desde el PSOE también han puesto de relieve el trabajo de "alto nivel" que realizan estos empleados en proyectos de eólica terrestre y marina. "Ya que nuestro país es uno de los que más apuesta por las energías renovables, Siemens Energy debería empezar a actuar como una empresa responsable que garantice la actividad y el empleo de Gamesa en Reinosa", ha defendido la socialista Ana Belén Álvarez.

Y Vox también ha apoyado la PNL, pero ha acusado a los regionalistas de "oportunistas y demagogos", ya que "habría sido mucho mejor una declaración institucional consensuada por todos los Grupos"-, y a los representantes del comité de empresa de "sectarismo" por haberse reunido con todos los Grupos del Parlamento menos con Vox. Por ello, la diputada Natividad Fernández ha considerado que "las prioridades de los sindicatos no son las de los trabajadores".

Funcionarios

Por otro lado, el Pleno ha aprobado, también por unanimidad, otra PNL, presentada por el PP, que urge al Gobierno central a adoptar una serie de medidas para poner solución al "déficit" de secretarios, interventores y tesoreros que está "lastrando la actividad de muchos ayuntamientos de Cantabria".

Así lo ha dicho el diputado popular Miguel Ángel Vargas, quien ha defendido esta moción que ha salido adelante con una enmienda del PRC que incorpora también una petición al Ejecutivo regional, al que solicita convocar, una vez finalizado el proceso selectivo que se está desarrollando actualmente en el Instituto nacional de Administración Pública (INAP) y en el plazo de tres meses, una prueba de aptitud para constituir una nueva relación de candidatos para dotar de secretarios e interventores a los ayuntamientos.

Como ha destacado el diputado del PP, en estos momentos en Cantabria hay 50 puestos de habilitados nacionales vacantes que están siendo cubiertos mediante nombramientos interinos, accidentales, comisiones de servicios o acumulaciones de puestos.

Por ello, la iniciativa pide al Gobierno de España aumentar la convocatoria de plazas de estos funcionarios en cantidad suficiente para cubrir el déficit existente en las entidades locales y agilizar los procesos de selección tendiendo a reducir el número de plazas sin cubrir.

También, se reclama al Ejecutivo que manifieste su compromiso con la habilitación nacional y mantenga las competencias en selección, nombramiento, formación y designación del primer destino de los funcionarios, ya que el PP teme que en las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez con los independentistas catalanes también se incluya algún tipo de cesión en este sentido.

El PRC ha coincidido en que los ayuntamientos necesitan cubrir sus "carencias" en sus interventores y secretarios para dar "seguridad" a los representantes políticos y que puedan tomar sus decisiones con "seguridad jurídica". En su enmienda ha incorporado también un punto en el que se pide al Gobierno central agilizar la movilidad de los funcionarios habilitados nacionales.

Desde el PSOE han reconocido que se debería incrementar el número de plazas para estos profesionales, pero han destacado que en esta legislatura ha habido "muchas más" que durante el mandato anterior del PP y que el Gobierno de España ha hecho "un esfuerzo considerable" para dotar de medios a los consistorios.

Finalmente, Vox ha lamentado que la falta de estos perfiles "afecta casi a la mitad de los ayuntamientos de Cantabria", aunque cree que la iniciativa aprobada este lunes es "un brindis al sol" y que el Parlamento autonómico "debería ser más serio en sus planteamientos" cuando "llevamos 15 años hablando de este problema".

EBAU

El Parlamento de Cantabria ha aprobado, con los votos a favor de PP y Vox y el rechazo de PRC y PSOE, una iniciativa para reclamar que la prueba de acceso a la Universidad, EBAU, sea única para toda España, con contenidos generales "comunes" y un "calendario simultáneo" para su realización.

La iniciativa aprobada insta al Gobierno de Cantabria (PP) a reclamar la implantación de esta EBAU única en el seno de la Conferencia General de Política Universitaria y en la Conferencia Sectorial de Educación y a solicitar al Gobierno de España que promueva las modificaciones legales oportunas para poder implantar una prueba de estas características.

El texto original ha partido de Vox, aunque posteriormente ha aceptado una enmienda del PP al entender que "mejoraba" la redacción del contenido.

La portavoz de Vox, Leticia Díaz, ha criticado que en la actualidad cada autonomía tenga su propia prueba de acceso y entre ellas "cambia todo", incluso las calificaciones y los criterios de evaluación, que son --ha dicho-- "diferente" y "cada comunidad tiene un listón distinto".

Esto hace que un alumno tenga "más o menos dificultades" para acceder a la universidad y elegir la carrera que desea dependiendo "por el mero hecho de vivir en un sitio o en otro". "Las reglas del juego de partida son bien distintas", ha censurado.

"Es vergonzoso que quienes luego tienen que elegir compitiendo con otros lo hagan con distintas reglas del juego", ha afirmado Díaz, quien cree que el actual modelo rompe con el principio de igualdad.

Por ello, reclama una prueba única e idéntica en todo el territorio porque, según ha dicho, "sólo así se podrá garantizar la igualdad".

Por su parte, el PP también ha defendido una "EBAU única, en base a criterios claros y lo más objetivos posibles" y ha subrayado la necesidad de que el Ministerio cuente con las Comunidades en el diseño de las normas que articulen dicha prueba "y que se vayan paliando los desequilibrios territoriales".

A su juicio, el actual modelo "genera inseguridad y perjudica gravemente al alumnado de Cantabria".

Por su parte, el PRC y PSOE han votado en contra al no estar de acuerdo en que el actual modelo, con una prueba distinta en cada comunidad, rompa la igualdad y suponga un perjuicio para los estudiantes de determinados territorios.

Además, consideran que la iniciativa esconde una defensa del "centralismo", cuando en España lo que hay es una "descentralización educativa", tal y como ha señalado el diputado socialista Jorge Gutiérrez.

En una línea similar, la regionalista Teresa Noceda ha advertido que el hecho de implantar una prueba única podría suponer una invasión de las competencias que tienen las Comunidades.

La iniciativa aprobada no es la primera en lo relativo a la educación que sale adelante con los votos de PP y Vox, algo que han recriminado desde el PSOE a los 'populares'.

A ellos, los socialistas les han acusado de hacer "seguidismo absoluto" de las propuestas de Vox, mientras el consejero de Educación, Sergio Silva (PP) "toma apuntes", como ha señalado irónico Jorge Gutiérrez.

Desde el PSOE han acusado al PP, que gobierna en minoría, de haber dejado "en manos de Vox" la educación de Cantabria.

Concentración

Un centenar de personas se ha concentrado frente al Parlamento de Cantabria para defender la Ley de Memoria Histórica y Democrática de la Comunidad, que el actual Gobierno autonómico (PP) quiere derogar, sosteniendo una gran pancarta bajo el lema 'Sin memoria no hay futuro'.

La iniciativa fue convocada por la Plataforma Memoria y Democracia de Cantabria, que ha iniciado un calendario de movilizaciones este lunes, coincidiendo con el inicio del Pleno y con la fecha que fijó la ley estatal de Memoria Histórica y Democrática como día nacional en homenaje "a todas las víctimas del golpe militar, la guerra y la Dictadura" (31 de octubre).

"Que sepan que van a encontrar enfrente una sociedad armada ideológicamente, preparada", ha señalado en declaraciones uno de los portavoces de la plataforma, José Luis Pajares.

Según ha recordado, la ONU ha declarado varias veces "fuera de la legalidad y de las normas de declaración de derechos humanos" la situación española, que tiene a las víctimas del Franquismo "aún abandonadas".

"Aquí seguimos teniendo muertos en las cunetas que no se ha hecho nada por dignificarlos, seguimos teniendo que conocer las víctimas y todo lo que lleva consigo un país civilizado que para no olvidar su pasado tiene que conocerlo", ha lamentado.

La plataforma reúne a 87 organizaciones de Cantabria, 50 de otros territorios y 1.460 adhesiones individuales, y se ha organizado en poco más de dos semanas, a raíz de que PP y Vox aprobaran en la Cámara una iniciativa instando al Ejecutivo a que derogue la norma, aprobada la pasada legislatura por el anterior Gobierno de PRC-PSOE.

El objetivo es romper con la idea de que "la memoria histórica es un asunto del pasado". "La realidad es que sin un proceso real de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, hurtado por décadas, lo que estamos negando es la posibilidad de un futuro realmente digno y democrático", sostiene la plataforma.

Además de la concentración, la plataforma ha organizado rutas pedagógicas en diversos puntos de la Comunidad Autónoma para poner en valor la memoria histórica relacionada con "la represión y la violación de derechos humanos durante el golpe de Estado, la guerra y la Dictadura".

La primera de estas rutas se realizará en Santander el día 11 de noviembre, pero habrá más en la capital, en el sur de Cantabria y en otros municipios de la región.

Estas rutas, así como diferentes acciones simbólicas y pedagógicas, desembocarán en una manifestación prevista para el día 2 de diciembre, aniversario del asesinato del guerrillero Francisco Bedoya.

La plataforma ha criticado que tanto PP como Vox "lideran el negacionismo respecto a la multiplicidad de violaciones de derechos humanos que han quedado en el silencio y el olvido: desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, juicios y condenas sin garantías procesales, hostigamiento, persecución a las mujeres, exilio, robo de bebés, torturas, entre otros".

Y ha añadido que en Cantabria "sigue sin cumplirse la Ley estatal de Memoria Histórica y Democrática" mientras que la legislación autonómica, aprobada con "décadas de atraso", suponía "al menos un impulso a los procesos de verdad y reparación que ahora la derecha y la ultraderecha quieren frenar atentando contra la memoria de las víctimas".

PSOE

El secretario General del PSOE y portavoz parlamentario, Pablo Zuloaga, ha denunciado que la Junta de Portavoces del Parlamento de Cantabria, con la negativa de la extrema derecha, ha rechazado la Declaración Institucional del Día de Recuerdo y Homenaje a la Víctimas del Golpe Militar, la Guerra y la Dictadura con motivo del 31 de octubre, propuesta por el Grupo Parlamentario Socialista, declarado por el artículo 7 de la Ley de Memoria Democrática que impulsan los socialistas y que está aún vigente en Cantabria. Un hecho que, a su juicio, “niega el derecho al reconocimiento de las víctimas y sus familias”.

Con la negativa a esta declaración institucional propuesta por el Grupo parlamentario socialista, “se rechaza reconocer los daños de cualquier tipo que sufrieron aquellas personas, viendo menoscabados sus derechos fundamentales durante el periodo que abarca desde el Golpe de Estado de 1936, hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978”.

En este sentido, el líder de los socialistas de Cantabria ha manifestado que “tanto el reconocimiento, como el homenaje, son derechos de las víctimas y sus familiares que se arrebatan desde una institución, como es el Parlamento de Cantabria, clave para el sistema democrático de nuestra Comunidad Autónoma”.

“Negar este derecho, lejos de hacer olvidar el tema”, ha planteado, “reabre heridas y sacrifica la convivencia y el pluralismo del que hoy disfrutamos en Cantabria y en toda España”.

Pablo Zuloaga ha lamentado “esta irresponsabilidad por parte de quienes están al frente de una institución, como el Parlamento de Cantabria, que debiera ser garante de cohesión y respeto a las víctimas”.