El PRC niega que las viviendas de la consejera de Presidencia y el alcalde de Torrelavega las construyese Rucecan
Los regionalistas presentan una demanda de conciliación contra quienes difundieron acusaciones falsas contra cargos públicos y familiares
El Partido Regionalista de Cantabria ha negado que las viviendas de la consejera de Presidencia, Paula Fernández, y el alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, fuesen construidas por la empresa Rucecan ni por ninguna de las empresas investigadas, involucrada, presuntamente, en la trama corrupta de la Consejería de Obras Públicas.
Esta acción legal pretende que quienes propagaron tales imputaciones infundadas se retracten, pidan disculpas y asuman una indemnización económica destinada a una entidad benéfica.
La vivienda de Fernández Viaña fue promovida por Work Santander, construida por Cogesar entre 2004 y 2006 y adquirida por la consejera en 2006, años antes de que Rucecan instalara sus oficinas en uno de los bajos del inmueble “sin haber participado en la construcción”, ni haber tenido “ninguna relación ni comercial, ni de otro tipo” con la titular de Presidencia.
Del mismo modo y en relación con López Estrada, la demanda señala que tampoco “ha contratado nunca” a la citada empresa, ya que su vivienda fue promovida por la sociedad cooperativa Espacio Sierrapando y construida por Estructuras Exora.
Asimismo, clarifica que la hija de Revilla aludida en la campaña de difamación difundida en las redes sociales “nunca ha prestado servicio alguno a Rucecan, ni en consecuencia ha percibido sueldo de la misma”, ya que trabaja en la sede del PRC en Santander en un puesto administrativo al que accedió en un primer momento para cubrir una baja y que actualmente ocupa con carácter indefinido.
Con anterioridad, trabajó durante más de tres años como auxiliar de vuelo para distintas empresas; desempeñó labores de jardinera durante seis meses, en 2021 en el Centro de Jardinería La Encina, junto al cual reside en Puente Arce, y realizó trabajos esporádicos para otras empresas, como la clínica Mompía.
Desacreditar
A la vista de toda la documentación aportada, el Partido Regionalista instará a cuantos difundieron “falsedades” con el propósito de desacreditar a sus cargos públicos y vincularlos con el caso de corrupción a justificar sus motivos y las fuentes de información en las que basaron sus afirmaciones y les brindará la oportunidad de retractarse, además de reclamar una indemnización económica de 3.000 euros, 1.000 por cada una de las personas difamadas, a favor de una entidad benéfica.
En el caso de no prosperar la conciliación, el PRC adoptará las acciones legales que correspondan.
El PRC ha presentado una demanda de conciliación contra las personas físicas y jurídicas que el pasado mes de febrero difundieron, fundamentalmente a través de las redes sociales, acusaciones falsas contra varios cargos públicos y familiares en un intento de vincularlos con las empresas investigadas en el caso de corrupción protagonizado por un funcionario del Servicio de Carreteras.
