Vox denuncia otro caso de corrupción con la directora General de Función Pública, Isabel Barragán, y su esposo

El portavoz de Vox en el Parlamento de Cantabria, Cristóbal Palacio, ha denunciado un nuevo caso de corrupción en el Gobierno de Cantabria que afecta a la directora General de Función Pública, Isabel Barragán.

En su opinión, la directora General participó de forma activa en el concurso por el que su esposo, Luís Fernando Olaiz, consiguió su plaza de Jefe de Servicio de Administración General, dependiente de la propia Consejería a la que pertenece Barragán. Todo ello, a pesar de que la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público la obliga a no formar parte de dicho proceso al existir “vínculo matrimonial”.

El portavoz parlamentario de Vox, Cristóbal Palacio, ha hecho público esta nuevo “escándalo” en un momento en el que el Gobierno regional “tiene un problema de falta de credibilidad” y en el que una afirmación del Ejecutivo “se convierte en falsedad al día siguiente”.

Vox exige un “ejercicio extremo de transparencia” y pone a prueba con este caso la “vara de medir” de la que ha hecho gala el PRC.

Para Palacio, la directora General “no se abstuvo en ninguno de los actos administrativos” en los cuales debería haberlo hecho, “asumiendo competencias que, por delegación, podrían haber correspondido a la Consejera de Presidencia”.

“Aprovecha su cargo para nombrar a quien es su marido”, denuncia el Diputado. Persona que, dos meses después de conseguir su plaza de Jefe de Servicio de Administración General, es nombrado Director General de Tesorería, Presupuestos y Política Financiera en la Consejería de Economía y Hacienda.

Cristóbal Palacio considera este caso “similar” al de Alicia Renedo, la ya exdirectora General de Juventud que incumplió también la Ley de Incompatibilidades.

El diputado regional exige que, si realmente el Gobierno de Cantabria y su presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC) “tienen el nivel de exigencia del que presumen”, procedan en 24 horas al cese de esta directora General.

“Creemos que el comportamiento es inadmisible y que, si queremos trasladar a la sociedad la limpieza de la que presume el PRC, el cese debe ser inmediato. Tan sencillo como eso”, ha zanjado Palacio.

Explicación de los hechos

La directora general de Función Pública, Isabel Barragán Bohigas, convocó, a través de la Orden PRE/53/2021 del 23 de junio de 2021, el concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo pertenecientes al Subgrupo A1. En dicha orden, se publica el puesto de trabajo número 194 que corresponde con la plaza de Jefe de Servicio de Administración General.

El día 15 de noviembre de 2021, la propia directora General designó a los miembros de la Comisión de Valoración del concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo pertenecientes al subgrupo A1, tal y como pública el Boletín Oficial de Cantabria ese mismo día.

En ese boletín también se publica la relación definitiva de concursantes admitidos y excluidos del procedimiento de méritos el que se su esposo (Luís Fernando Olaiz Arenal) concursa a cuatro jefaturas de servicio. Ambas publicaciones del BOC, firmadas por Barragán.

Ya el día 21 de febrero de 2022, se publica en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) la resolución de dicho concurso de méritos de fecha 15 de febrero, en el que se adjudica la plaza de Jefe de Servicio de Administración General a Luís Fernando Olaiz Arenal, esposo de la actual directora general de Función Pública. La resolución está firmada por la propia Barragán.

La directora general, al conocer que su esposo intervenía en dicho proceso, se debería haber abstenido del mismo. El artículo 23 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, se establece que las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas se abstendrán de intervenir en el procedimiento.

Entre las circunstancias por las cuales deben abstenerse se encuentra, en el punto 2b, la de “tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable (…), con cualquiera de los interesados (…).

Tras obtener su plaza como Jefe de Servicio de Administración General con fecha de 15 de febrero de 2022, el Olaiz es nombrado Director General de Tesorería, Presupuestos y Política Financiera con fecha de 28 de abril de 2022.

Gobierno regional

El Gobierno de Cantabria ha pedido hoy a Vox que “deje de mentir” y ha negado “con absoluta rotundidad” las “infamias” difundidas esta mañana por su portavoz parlamentario, Cristóbal Palacio, al acusar a la directora general de Función Pública, Isabel Barragán” de “una infracción inexistente” de la Ley de Incompatibilidades.

En contra de las manifestaciones de Palacio, el Ejecutivo ha garantizado que la actuación de Barragán en el concurso de méritos resuelto en febrero de 2022 fue “absolutamente intachable y ajustada a derecho”, por lo que ha atribuido las acusaciones “infundadas” del parlamentario a “un intento desesperado de difamar al Gobierno, en la búsqueda de réditos electorales”.

“No es verdad que la directora de Función Pública vulnerara la Ley”, ha recalcado. Además, ha retado al portavoz de Vox a acudir a los tribunales “si de verdad aprecia el más mínimo indicio de una infracción”, aunque también ha augurado que “no lo hará”, porque “es abogado y sabe perfectamente que no hay caso”. “Miente y lo sabe”, ha apostillado.

De hecho, ha cuestionado que haya esperado hasta hoy para “enfangar” un concurso de méritos celebrado hace más de un año y resuelto “conforme al exclusivo criterio de la comisión de valoración constituida al efecto”, formada íntegramente por jefes de servicio y subdirectores de la Administración regional y en la que no participó ni la directora de Función Pública, “ni ningún otro cargo político”.

“Palacio puede seguir buceando en el Boletín Oficial de Cantabria y retrotraerse en el tiempo todo lo que quiera, pero pierde el tiempo y dará en hueso, porque la gestión ha sido en todo momento intachable”, ha agregado el Gobierno de Cantabria.

Asimismo, ha explicado que la directora de Función Pública es en este momento “la única persona con competencias” en la Administración de Cantabria para convocar un concurso de méritos, pero no interviene “para nada” en su desarrollo, que corresponde “en exclusiva” a la comisión de valoración, en la que únicamente pueden participar funcionarios con categoría igual o superior a la del cargo a adjudicar y “en ningún caso representantes políticos”.

Del mismo modo y una vez resuelto el concurso, su papel se limita a firmar la resolución por la que entra en vigor la decisión de la referida comisión de valoración. Por lo tanto y con independencia de la participación de cualquier familiar en un proceso selectivo, “no hay lugar para tratos de favor”.

Finalmente, ha subrayado que el concurso de méritos aludido por Palacio descartó a varios aspirantes, “pero ninguno de ellos presentó ni una sola reclamación, cosa que habría sucedido de producirse cualquier sospecha de infracción de la legalidad”.