“No hay fuerza para ilusionar más a las familias afectadas por los derribos”, asegura el presidente de la AMA, Antonio Vilela
El consejero de Urbanismo, José Luis Gochicoa (PRC), también adelantó que seguirán la hoja de ruta para adaptar las viviendas al actual PGOU, dado que está vigente
“No hay más fuerza para ilusionar a las familias afectadas por los derribos. Ha sido un jarro de agua fría”. Así lo declaró el presidente de la Asociación de Maltratados por la Administración, Antonio Vilela, durante el acto de celebración de los Derechos Humanos que acogió hoy, sábado, la pista polideportiva cubierta de Argoños.
Tras conocer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) que anula el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, Vilela aseguró que las familias están cansadas, deprimidas y de los nervios, ya que con la adaptación de las viviendas con sentencia de demolición al nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Argoños se veía una esperanza y salida a tantos años de sufrimiento.
“Aunque la sentencia no es firme, si antes de podrían adaptar el 80 por ciento y evitar el derribo, ahora se reduce a un mínimo”, explicó.
En el caso de Camino del Portillo, las 54 casas no están afectadas por el fallo de la Justicia, pero de las 74 de Pueblo del Mar I, se está estudiando y podría afectar entre 14 y 17; mientras que en las 91 de La Llana I, la mitad tienen vinculación con el plan de protección de las Marismas.
Otro caso es La Llana II, con ocho viviendas que no están incluidas en el PORN, pero cuyo derribo está adjudicado y podría ejecutarse en enero, adelantó el consejero de Urbanismo, José Luis Gochicoa (PRC), quien indicó a las familias que se deben realizar la tasación de sus propiedades y con las que desea mantener una reunión en breve para analizar la situación.
Durante su intervención, el presidente de la AMA recordó que este colectivo ha hecho todo lo posible, dentro de la legalidad, por buscar una solución. “No puede ser que se derribe y en el mismo terreno, urbano consolidado, se pueda volver a construir, algo que supondrá un coste de 50 millones de euros a la Administración”, incidió.
Dada la situación actual, Antonio Vilela avanzó que se deben aplicar los convenios urbanísticos firmados entre los afectados y el Gobierno de Cantabria para optar por una vivienda de sustitución o ser indemnizados. “Hágase lo que sea para buscar una solución”, puntualizó.
El consejero de Urbanismo adelantó que el Gobierno de Cantabria recurrirá la sentencia del TSJC, mientras que el ayuntamiento de Argoños debido a su situación económica, los gastos que conlleva y el dinero que tiene que destinar al cumplimiento de los derribos, optó por seguir esta vía.
Las dos Administraciones continuarán con la hoja de ruta para adaptar los inmuebles al PGOU, ya que este documento está vigente. “No se puede volver al comienzo y empezar de cero”, señaló Gochicoa, quien admitió que con esta sentencia que anula el PORN la adaptación de las casas al PGOU es más complicado, aunque dependerá de la decisión del juez.
El consejero también recalcó que hubiese sido preferible conocer la sentencia del PORN antes de aprobar el PGOU que aun así también puede ser recurrido.
Por otro lado, Gochicoa expuso la situación presente de cada municipio. Así, el Ayuntamiento de Argoños cuenta con un terreno, junto al colegio Pedro Santiuste para construir 10 o más viviendas, si bien el municipio no dispone de terreno para edificar viviendas de sustitución de todos los afectados.
El alcalde de Argoños, Juan José Barruetabeña (PP), declaró que la alegría obtenida después de tantos años de trabajo se ha perdido. “Seguiremos la hoja de ruta y la Justicia decidirá”, reseñó.
En el caso de Arnuero, 21 han optado por la indemnización y 10 propietarios ya han cobrado, de tal forma que los otros 11 lo harán a finales de este año o inicios de 2023. Asimismo, las viviendas de sustitución se han comenzado a construir.
En referencia a Escalante, de los 10 indemnizados, siete cobrarán también a finales de 2022 o principios del próximo año, mientras que 15 han solicitado una vivienda de sustitución para lo cual se ha licitado la compra de una finca urbana y existen dos ofertas.
Para finalizar, informó sobre Piélagos, un municipio donde la aprobación provisional del PGOU está pendiente del Pleno para después enviar el documento a la CROTU. “Seguro que se deberán realizar modificaciones, pero hay que verlo”, manifestó el consejero.
Respecto a la urbanización Cerrias II, se encuentra adjudicada la demolición, tras un auto de la Justicia, de tal forma que siete viviendas se podrán demoler en la segunda quincena de enero. Asimismo, el Gobierno regional se ha puesto en contacto con cinco propietarios para pagar las indemnizaciones antes del derribo, mientras que otros vecinos no firmaron el convenio urbanístico.
Chapas
El acto sirvió también para conceder la chapa de la AMA al diputado regional, Iñigo Fernández (PP) por defender su situación, y a Luis Barquín por su colaboración en la edición del libro ‘Casas de Papel’ y su difusión.
Con anterioridad, los asistentes leyeron los artículos de la declaración de los Derechos Humanos. En esta ocasión, el acontecimiento estuvo dedicado al derecho al agua potable y entre los asistentes estuvieron los alcaldes de Escalante, Francisco Sarabia (PRC); Noja, Miguel Ruiz (PRC), y Arnuero, José Manuel Igual (PP), junto con el presidente del parlamento, Joaquín Gómez, diputados regionales y vecinos de la AMA.
Tras la lectura de los artículos por los asistentes se realizó una exposición-mural con cada uno de ellos escritos en papel.
